La comunidad en Santander no termina de salir del asombro, luego de conocerse que la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Fernando Trujillo Gómez alias 'Padrino', un hombre que apoyado con químicos y documentación falsa comercializó y distribuyó productos equinos como si fueran carne de res, entre colegios de la zona con cobertura del Plan de Alimentación Escolar PAE.
La actividad ilícita llevada a cabo por casi dos años (entre mayo de 2018 y septiembre de 2019) y que dejó ganancias superiores a los 500 millones de pesos, puso en grave riesgo la salud de los niños y niñas de Bucaramanga y otros municipios en Santander, donde fue suministrada esta carne.
"Las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en trabajo articulado con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), permitieron conocer que Trujillo Gómez (en asocio con otras personas) compraba caballos y burros en la Costa Atlántica, muchos de ellos enfermos o muertos", expresó el ente investigador a través de un comunicado.
Según indicaron los resultados de las pesquisas, alias 'Padrino' utilizó guías falsas de movilización para trasladar a los animales hasta Bucaramanga, en donde eran sacrificados para vender entre 2.000 y 2.500 kilos semanales de carne a los operadores del PAE.
Incluso, se presentaron como material probatorio unos audios en los que Fernando Trujillo Gómez indica a sus socios que deben inyectar más químicos a la carne, porque en los colegios no la podrían cocinar.
"La carne era tratada con químicos para alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo. Luego, la empacaban al vacío y le ponían sellos de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res", agregó la Fiscalía.
También se conocieron mensajes en los que Trujillo Gómez coordinó la evasión de los controles fitosanitarios para movilizar caballos y burros, entre otras actividades ilegales por las que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras se dicta sentencia en su contra.
