La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que Luis Fernando Sáchica Méndez, exsubdirector de bienes de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entre 2009 y 2010, incurrió en múltiples irregularidades en la entrega de bienes que estaban a cargo de la entidad. El fallo dispuso la captura inmediata del sentenciado.
En ese sentido, un juez penal del circuito de Bogotá condenó al exfuncionario a 23 años, 7 meses y 24 días de prisión; al tiempo que lo declaró responsable de los delitos de: peculado por apropiación, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
El fallo dispuso el pago de una multa de $407’041.091 e inhabilidad para cumplir funciones públicas; asimismo, dispuso la captura del sentenciado para que la pena se haga efectiva en centro carcelario.
Lea también: Avanza juicio contra ‘El Zarco’, investigado por casos de falsos positivos
La investigación demostró que Sáchica Méndez estuvo involucrado en dos eventos distintos: el primero, está relacionado con la entrega de cuatro lotes, un inmueble urbano, un inmueble rural y 15 estaciones de servicio a una empresa que administra varios establecimientos de comercio.
En este proceso, el adjudicatario fue seleccionado dos meses antes de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre las propiedades. Adicionalmente, se pactó un canon de arrendamiento de $ 6.046´800.000, un valor muy inferior al valor comercial de los bienes.
Le puede interesar: Capturan a la banda ‘chicas superpoderosas’ que hurtaba en San Cristóbal
El segundo, es la entrega de varias embarcaciones de transporte marítimo y fluvial a una empresa que no cumplía los requisitos mínimos para tener en custodia este tipo de bienes. En este caso, el custodio designado no contaba con la experiencia necesaria, situación que generó el naufragio de una de las embarcaciones y continuas multas por parte de la Dirección General Marítima y Portuaria. Esto ocasionó un detrimento por $65’231.592. Adicionalmente, se estableció que el depositario nunca pagó la suma definida por concepto de arrendamiento.
