Hace exactamente dos años ocurrió uno de los peores y más crueles ataques de la historia de Colombia en contra de la Fuerza Pública. Hacia las 9:30 de la mañana de ese 17 de enero de 2019, una camioneta Nissan Patrol de color gris, cargada con 80 kilos de pentolita, explotó dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.
El acto terrorista, que según las autoridades fue perpetrado por el Eln, cobró la vida de 22 cadetes de la institución y dejó a otros 89 heridos. A hoy las investigaciones han avanzado y hay varios procesados por estos hechos.
En julio de 2020 el presidente Iván Duque y el fiscal general Francisco Barbosa anunciaron la captura de ocho personas que, al parecer, harían parte de las filas del Eln y habrían financiado, planeado y ejecutado el atentado a la Escuela General Santander.
Desde ese momento, los implicados fueron procesados por delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como: homicidio en persona protegida en concurso homogéneo (pena de 40 a 50 años) por la muerte de los 22 cadetes y tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, por los 89 heridos que dejó el ataque.
Además se les formularon cargos por actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión. Cuatro de los señalados fueron enviados a la cárcel. Ninguno ha sido condenado.
Ellos fueron los capturados:
- Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central del Eln para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque en la escuela de policía.
- Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, es señalado de escoltar en motocicleta la camioneta que fue usada en el atentado. Sobre esta captura hay muchas dudas y los familiares del hombre dijeron a KienyKe.com que se trata de "un falso positivo judicial".
- Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco. Hay diferente evidencia que también la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado.
- Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá que habrían servido para financiar la acción criminal.
- Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani. El material probatorio indica que, entre 2011 a 2019, habría recibido altas sumas de dinero de las que se desconoce su origen, y las consignó a dos cuentas de la red del ELN vinculada al atentado. Las transferencias ascendieron a 1.500 millones de pesos.
- Jessica Catherine Barrientos, alias Jessica, presunta integrante de comisión de finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN.
- Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos; y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas, hermanos de alias El Quesero, y responsables de actividades de lavado de activos.
Patrimonio del Eln afectado
El fiscal Barbosa mencionó en ese momento de las capturas que también se logró impactar el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la escuela de cadetes, y se ocuparon nueve bienes entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos.
Según dijo, las evidencias recopiladas permitieron identificar las bases financieras del denominado Frente de Guerra Oriental que abasteció de dineros, armas, explosivos, prendas de uso oficial y droga a las milicias urbanas y a diferentes estructuras ilegales en Arauca y zona de frontera con Venezuela.
Barbosa señaló que, además, se puso fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para las actividades de inteligencia y adquisición de medios logísticos para realizar el atentado a la Escuela General Santander.
