El exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista se encuentra en serios líos judiciales por cuenta de un proceso penal que se le sigue por presunta corrupción.
La Fiscalía General imputó cargos al exmagistrado por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y cohecho propio, pues, al parecer, direccionó fallos judiciales a cambio de beneficios.
El material probatorio obtenido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia permitió conocer nuevos hechos de corrupción en los que habría participado el exfuncionario judicial. Al parecer, a cambio de dádivas, falló irregularmente demandas contra el Hospital Militar y la Superintendencia de Sociedades.
De acuerdo con el ente acusador, en la investigación se estableció que, en los dos casos, intervino como representante y asesora de los demandantes la señora Kelly Eslava Montes, una exempleada del magistrado, quien supuestamente gestionó las retribuciones por el direccionamiento de las decisiones.
Las irregularidades
La Fiscalía señaló que en 2014 la abogada Eslava Montes, como apoderada de un consorcio temporal, radicó una demanda contra el Hospital Militar. El caso, por reparto, llegó al despacho del entonces magistrado Vargas Bautista. Este aceptó el estudio del proceso y no se declaró impedido ante la evidente cercanía con la representante de los peticionarios.
Año y medio después, el exfuncionario condenó a la institución médica y asistencial a pagar 25 mil millones de pesos. Por esta actuación, presuntamente, los favorecidos le entregarían al magistrado el 25% del valor reconocido en el fallo.
La entidad mencionó que en el segundo evento, fue condenada la Superintendencia de Sociedades a pagar 506 millones de pesos a un particular y 29.890 millones de pesos a una sociedad agrícola. Aquí, la abogada Eslava Montes fue asesora de los demandantes.
Por emitir estas sentencias, el exmagistrado Vargas Bautista habría recibido un automóvil Mercedes Benz y un apartamento en Mosquera (Cundinamarca).
En 2019, el hoy procesado fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y cohecho. En su momento se presentó evidencia de que comprometió sus decisiones y falló contra el Hospital de Ubaté (Cundinamarca); y la Empresa de Acueducto de Bogotá, en una pretensión por un predio en el Humedal Jaboque.
