El fiscal Gabriel Jaimes, quien fue designado por el director de la Fiscalía General Francisco Barbosa para investigar al exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, no se declaró impedido y aseguró que los principios de “autonomía e imparcialidad” en el proceso están garantizados.
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El senador Iván Cepeda, quien es víctima en el proceso contra el expresidente, recusó al fiscal Barbosa cuando el expediente pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía General. Barbosa no se declaró impedido y antes de resolver la recusación designó a Gabriel Jaimes como el delegado para adelantar la investigación por parte del ente acusador.
Por esa razón Cepeda recusó también a Jaimes, quien al igual que Barbosa negó los impedimentos alegados por la víctima. Señaló “que la posición de jerarquía que ejerce el Fiscal General de la Nación está claramente definida por la Constitución, por lo que se descartan intromisiones en el curso del proceso” y agregó que “no existe vínculo ni enemistad con la víctima o los sujetos procesales”.
“El coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reiteró que asumió las acciones investigativas con absoluta responsabilidad y rigor, y tomará decisiones al imperio de la ley y las garantías constitucionales que les asisten a las partes”, señaló la Fiscalía por medio de un comunicado.
El coordinador de fiscalías notificó al fiscal Barbosa de la recusación contra Jaimes para que este a su vez se pronuncie.
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Franciso Barbosa aseguró en su momento que no se declaró impedido porque Cepeda omitió el debido trámite al presentar la recusación, no existe vínculo entre el fiscal y las partes del proceso y los argumentos para declararlo impedido eran “conjeturas”, según señaló, y “carecen de todo fundamento jurídico”.
Cepeda pretendía alejar a Barbosa de la investigación contra Álvaro Uribe por su cercanía con el presidente de la República Iván Duque, de quien es amigo personal desde su paso por la universidad, pero el fiscal señaló que el mandatario no es parte en el proceso, por lo que no es argumento suficiente para retirarle la competencia.
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El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez es investigado por presunta manipulación de testigos, con los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La investigación la inició la Corte Suprema que ordenó en agosto la detención del exmandatario, este renunció al Senado y por esa razón el caso pasó a la Fiscalía General, ente que deberá asumir la acusación en el proceso.
