La Corte Constitucional seleccionó, para su revisión, la tutela que interpuso el expresidente Álvaro Uribe para tumbar la decisión del juez que confirmó su libertad pero lo dejó en calidad de imputado en medio del proceso penal por presunta manipulación de testigos.
Fue en noviembre del 2020 cuando el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá consideró que, tras la renuncia de Uribe Vélez al Senado y la entrega del expediente a la Fiscalía, sí era posible hacer una homologación entre lo adelantado bajo las reglas de juego de la Ley 600 con la Ley 906.
Es decir, para el funcionario judicial sí era equiparable la indagatoria que se le hizo al exmandatario en la Corte Suprema de Justicia con una audiencia de formulación de imputación que se realiza bajo los parámetros del sistema penal acusatorio.
"Lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía General de la Nación no es realizar una audiencia de formulación de imputación, sino, advirtiéndose superada esta etapa, decidir dentro del marco constitucional y legal, si presenta escrito de acusación, solicitud de preclusión o da lugar a la aplicación de un principio de oportunidad", explicó en ese momento el Juez Cuarto Penal.
Lo alegado por la defensa de Uribe
A pesar de esto, la defensa del expresidente Álvaro Uribe alegó que hubo una vulneración al debido proceso y a la defensa al determinar que el exmandatario ya se encuentra en calidad de "imputado" en los términos de la Ley 906 de 2004.
En ese momento, los abogados del líder del Centro Democrático indicaron que el Juez Cuarto Penal incurrió en un claro "defecto orgánico" al pronunciarse y decidir "sobre aspectos para los cuales carecía de competencia".
En la tutela dijeron que, a pesar de que el tema sobre la no equiparación entre la formulación de imputación y la indagatoria fue objeto de amplio debate en la audiencia, lo cierto es que la petición que se formuló tenía que ver con el restablecimiento del derecho a la libertad y no era una petición abierta a fin de que se adecuara el trámite a la ley 906 de 2004 y se definiera el estadio procesal en el que debía continuar, pues "ello le correspondía a la Fiscalía".
En tal virtud, la defensa del máximo líder del partido Centro Democrático señaló que "resultaba exótico" que el Juez Cuarto Penal haya direccionado su decisión a resolver varios aspectos sobre los cuales no se le había pedido definición a la judicatura, tales como que el trámite debía ajustarse a la ley 906 de 2004, el estanco procesal en el cual debía continuar la actuación y la validez de todas actuaciones adelantadas por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Por esa razón, solicitaron que se declarara una vulneración de los derechos fundamentales del exmandatario en tanto que en su caso ya se le está dando la condición de imputado y se pidió dejar sin efectos lo decidido por el Juez Cuarto Penal.
Discusión sobre imputación a Álvaro Uribe llegará a la Corte
La Corte Constitucional entrará a revisar esta tutela sobre la imputación a Álvaro Uribe por petición de la procuradora Margarita Cabello y dos magistrados del mismo alto tribunal.
Para ellos el proceso de Álvaro Uribe es un "asunto novedoso" para el sistema judicial y, por esa razón, manifestaron que es importante que se dé una discusión profunda al interior de la alta corte para tomar una decisión.
- También le puede interesar: Fajardo pide apoyo a la ONU para que la Fiscalía respete sus derechos
Por ejemplo, la procuradora Margarita Cabello señaló que es necesario que se fijen las reglas para los procesos que pasan del sistema de la Ley 600 de 2000 -el cual se aplica para los aforados en la Corte Suprema- al sistema de la Ley 906 de 2004.
Este caso sobre la imputación a Álvaro Uribe le correspondió por reparto al magistrado Alejandro Linares Cantillo.
Cabe resaltar que esta selección de la tutela se da a pocos días de la audiencia en la que el fiscal Gabriel Jaimes expondrá el porqué considera que el proceso por supuesto soborno y fraude procesal que se adelanta en contra del exmandatario debe terminar en preclusión.
