El representante del Estado colombiano decidió retirarse de la audiencia pública que se desarrolló este lunes 15 de marzo en el caso de Jineth Bedoya, la periodista que fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual cuando hacía un trabajo en la cárcel La Modelo de Bogotá en mayo del 2000.
Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recusó a la mayoría de magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) porque, según dijo, “hay falta de garantías dentro de este proceso”.
Para el representante del Estado colombiano, los jueces de la Corte IDH "prejuzgaron" con algunas de las preguntas hechas en la diligencia y, además, se han "alejado del objeto del litigio y del expediente".
"Esta posición del Estado colombiano tiene que ver con la obligación que tienen los jueces de ser objetivos e imparciales. No se trata de no ser corteses con la víctima, a quien todos le tenemos respeto, sino que se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y le da la cara a la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y objetividad que es la esencia de la justicia", afirmó.
y agregó: "Sé que para un juez este es un caso muy difícil, pero su duro papel se debe reflejar en la objetividad sin prejuzgamientos. A la mayor brevedad Colombia presentará el escrito de recusación, la cual cubre a todos los jueces menos al juez Eduardo Vio Grossi (...) para Colombia la falta de objetividad le quita la legitimidad que requiere y tristemente aquí los que pierden son las víctimas".
El representante del Estado colombiano se retiró de la audiencia y la testigo ofrecida no compareció a rendir su declaración.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que ha ayudado a Jineth Bedoya en este caso, rechazó la actitud del representante del Estado colombiano, pues indicó que esto demuestra la "demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia".
"El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte", dijo en un comunicado.
Según la Flip, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso.
"Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo", finalizó.
