La violencia y la discriminación contra la mujer son un hecho histórico en nuestro país. En el siglo XIX y hasta más allá de la mitad del siglo XX, los derechos civiles y políticos en Colombia, conquistados tras el proceso de independencia de España, eran sólo de signo masculino, al punto que todas las constituciones desde la creación de la República hasta mediados del siglo pasado, reconocían como ciudadanos sólo a los varones.
Las reformas para cambiar el estatus servil de la mujer avanzaron lentamente y fueron resultado del debate y la presión de diversos sectores de la sociedad. Haciendo un recuento de algunas de las conquistas alcanzadas, podríamos mencionar las siguientes fechas:
En el año 1932 se dio el reconocimiento de los derechos civiles de la mujer casada; en 1933 se expidió un decreto que posibilita a la mujer el acceso a la educación universitaria; en 1936 una cláusula del Acto Legislativo 01 permitió que la mujer pudiera desempeñar cargos públicos.
Nuestro país fue de las últimas naciones en reconocer los derechos políticos de las mujeres; aunque formalmente en 1853 el gobierno de la provincia de Vélez, Santander, consagró el derecho al sufragio sin distinción de sexo, estos derechos políticos no pasaron del papel; el derecho a la ciudadanía fue resultado de una ardua lucha de diversas organizaciones de mujeres, se aprobó en 1954 y tres años después, en 1957, en el plebiscito que estableció el Frente Nacional, la mujer hizo uso del derecho al voto.
En el año 1981, con la expedición de la ley 051, el Estado Colombiano ratificó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la convirtió en mandato constitucional en 1991.
Fue con la Constitución de 1991 que en el país se consagró el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer y se prohibió la discriminación por razones de sexo. Y cuatro años más tarde, mediante la Ley 248 de 1995, se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convención de Belém do Pará–.
La incorporación de la Convención de Belém do Pará al bloque legislativo sirvió de impulso y aliciente para la aprobación de la Ley 294 de 1996 mediante la cual el Estado colombiano comenzó a tomar en consideración, como asunto público, el problema de la violencia intrafamiliar.
En este contexto, se han promulgado leyes e implementado políticas públicas para proteger los derechos de la mujer, como la Ley 1257 de 2008, de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
Pero hoy, aunque hemos avanzando en temas legislativos importantes, muchos más de los mencionados anteriormente, sigue existiendo una gran desigualdad; esto obedece a que, además de las desigualdades existentes todo se entrecruza con un modelo económico profundamente inequitativo que afecta de mayor manera a las mujeres, y sobre todo a las pobres, las de zonas rurales, campesinas, negras e indígenas y a todas aquellas que viven en la periferia y no en las zonas centrales del país, y en los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
El acceso y disfrute de los recursos naturales, la precarización del empleo, el desempleo, la mortalidad materna, la violencia contra las mujeres, la fecundidad adolescente, la baja remuneración de las mujeres comparada con la de los hombres, el desigual uso del tiempo por dedicarse a tareas del cuidado, la desigualdad en la distribución del ingreso, la pobreza, siguen siendo temas de la agenda pública en nuestro país y en América Latina.
La democracia formal en Colombia no ha podido resolver estas desigualdades porque está intrínsecamente enlazada con un sistema económico profundamente desigual como el neoliberal, atravesado por un mal inherente a su propia estructura de inequidad y manejo clientelista del Estado, la corrupción, que utiliza los bienes y recursos públicos para enriquecer a quienes lo manejan y asegurarles su perpetuidad en el poder.
Para avanzar en la dirección correcta, para garantizar que se apliquen las leyes que favorecen a las mujeres y a otros sectores discriminados de la sociedad, es necesario cambiar a quienes nos han mal gobernado.
En este orden de ideas, resulta muy positivo que la Coalición Colombia haya escogido como candidata a la vicepresidencia a una mujer con las cualidades de Claudia López; este hecho es, sin lugar a dudas, un logro significativo, que cobra mayor valor en un país tan atrasado como el nuestro, es un triunfo sobre quienes quieren dejarlo rezagado en el pasado.
En lo que nos concierne, la Coalición Colombia acierta no solo en esta fórmula para el poder ejecutivo, sino que en su programa de gobierno contiene todo un capítulo dedicado a nuestra dignificación, a la eliminación definitiva de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Pero también es el programa que Colombia necesita si lo que queremos es construir un país más equitativo.
Coletilla: El próximo domingo 11 de marzo mi voto para el Senado será para Jorge Enrique Robledo Castillo; nadie como él para defender los derechos de la mayoría de la población colombiana. En sus propias palabras, al responder una pregunta del candidato presidencial Sergio Fajardo sobre qué era aquello que no podía faltar en el programa de la Coalición Colombia, Robledo dijo: “Que nunca se nos olviden los trabajadores, los campesinos, los indígenas, la gente sencilla de este país que no ha tenido voz” #SePuede.
