Desde el 2007, Drummond sabía que estaba obligada a construir un puerto y así evitar el dañino cargue de carbón por medio de barcazas. Para el año 2010 debió haberlo terminado. Sin explicación conocida, el gobierno de Santos extendió el plazo hasta el 1 de enero de 2014.
Como es de conocimiento público, la Drummond decidió incumplirle al país durante seis años y violar la ley 12 días (¡!) en 2014, para continuar con el cargue de barcazas. Tras una enorme presión ciudadana, el gobierno fue obligado a suspender el cargue. Pero… ¿Se justifica este trato preferencial y alcahueta con la empresa? Veamos por qué no.
La Drummond se ha vuelto famosa por contar con una Asociación de Trabajadores Enfermos. De aproximadamente 4500 trabajadores, 2000 se encuentran afiliados a esta organización y alrededor de mil padecen patologías relacionadas con su labor. Sin embargo, la empresa no les reconoce tales enfermedades, ni se hace responsable. Además, la Drummond tiene fama mundial en persecución sindical.
En lo ambiental, el inconveniente más grave, entre muchos, es el polvillo del carbón. En múltiples y documentados debates, el senador Robledo ha denunciado que este es la causa de enfermedades respiratorias de cientos de trabajadores, niños y viejos moradores de la región, además de la contaminación del mar. El polvillo también ha contribuido a la extendida desertización de la zona, la desaparición de arroyos y de zonas con vocación agrícola y pecuaria. La llamada bahía más bella de América ha dejado de serlo y es hoy la bahía más negra. Todo un desastre ambiental.
El contrato de la nación con la empresa es de los más leoninos del sector. A diferencia de otros, éste pactó que Drummond pagaría las regalías por la producción que embarcan, y no por la producción en boca de mina. Esto supone que el carbón que se pierde en el proceso técnico, de transporte y de embarque corre por cuenta del Estado. Además, todos los cálculos tributarios se hacen con cuentas presuntivas, y no con base en datos reales y ciertos. De tal forma, la empresa paga impuestos sobre cifras que no se compaginan con la realidad, ya que nadie las corrobora. No siendo suficiente, la información sobre embarques es provista por una firma “independiente” que es pagada por Drummond. Como dice el experto Álvaro Pardo, “toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está diseñado para defender sus intereses económicos”.
Según la Contraloría, todas estas artimañas representaron 919.896 millones de pesos de beneficios tributarios para la empresa entre 1995 y 2007. También, entre 2005 y 2010, sin contar las tasas impositivas excesivamente bajas para el sector minero, por el concepto que permite a las mineras descontar el pago de regalías en el pago de renta, la empresa se ahorro 657.591 millones de pesos. Es más, según la candidata presidencial Clara López, por cuenta de exenciones y beneficios tributarios, las empresas mineras, Drummond incluida, han aumentado sus ganancias en mayor cuantía a los impuestos efectivamente pagados. Para terminar, la empresa paga gasolina mucho más barata que la que pagamos todos los colombianos (http://goo.gl/V2wQ0U). ¡El colmo de los colmos!
De forma inaudita, el gobierno ha permitido todo tipo de abusos sin siquiera inmutarse. Y esa, la completa inacción, es su política. Cabe preguntarse, ¿es esta la única forma de hacer minería? ¿Acaso no es posible poner la minería al servicio del desarrollo y la producción nacional? La locomotora minero-energética de Santos ha demostrado ser peor de lo mismo. En 2014 tenemos la posibilidad de rechazar este modelo, e impulsar uno verdaderamente democrático.
