Pregunta que nos asalta e inquieta, ante los contradictorios fallos y jurisprudencias de la complaciente Corte Constitucional, que se arrogó la facultad de sustituir al constituyente primario (el pueblo) y al poder legislativo, con sus jurisprudencias sesgadas y prejuiciadas, basadas en supuestas verdades e intereses no muy claros.
Legisló sobre dulcetes, melifluos y empalagosos derechos del matrimonio gay y adopción por parejas del mismo sexo, aborto, eutanasia etc, suplantando el consentimiento popular; como una especie de dictadura judicial; muchas decisiones que requerían verdadera justicia social y equidad, fueron hundidas y torpedeadas por el perverso organismo, al que los estúpidos libertarios rinden culto, como por ejemplo; las leyes sobre reducción de aportes en la salud de millones de pensionados de salario mínimo y la ley de tamizaje neonatal entre otras, que beneficiaba población vulnerable, (ancianos y niños), que no obstante ser aprobadas por el congreso, recibieron el espaldarazo, a la objeción del reyezuelo saliente (Presidente Santos), por razones presupuestales mientras las arcas del Estado se abrieron generosa e irresponsable para la entrega “Fariana”.
A la Corte Constitucional de manera manera rimbombante y ostentosa, se le ha confiado la “guarda” de la constitución, y la protección de los derechos fundamentales; sin embargo, su efectividad en materia social y de verdadero bienestar común deja mucho que desear, adentrándose más bien en asuntos idílicos, de poca trascendencia pero de grandes efectos pirotécnicos, que polarizaron la opinión pública.
Por otra parte; genuflexa y cobarde, se arrinconó al pie de la balanza como trinchera de quietud y paz, aprobó todas las irregularidades del acuerdo de la Habana, validó el mecanismo fast track para agilizar el proceso y lo negó para temas de fondo; (salud, vivienda, educación) ahora; da la estocada final, cuando avala el estatuto de la JEP y permite que los delitos de abuso sexual en especial los cometidos contra menores de edad, prácticamente se consideren como actos de guerra o conexos a la rebelión y al delito político, al sacarlos del ámbito de la justicia ordinaria y permitir su sanción con penas alternativas menores, aduciendo conceptos formales de procedimiento, como que el Congreso no tenía competencia para modificar las penas que se definen en el acto legislativo 01 de 2017 (reforma que introdujo la JEP a la Constitución) para este tipo de delitos.
¿Dónde quedan los sagrados derechos de las menores víctimas? ¿La legislación internacional, tratados, bloque de constitucionalidad?, no solo ello; autoriza, a que la Comisión de la Verdad, parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Conflicto, que también hace parte la JEP, puedan acceder a información clasificada de seguridad Nacional so pretexto de buscar la “verdad”.
No podemos negar que algunos de los más caracterizados representantes de este organismo, tienen tendencias y posiciones abiertamente simpatizantes con fuerzas políticas de izquierda y que estas exigencias, distarían mucho del verdadero fin de la búsqueda de la anhelada “verdad”, toda vez que de manera solapada y disfrazada altruistamente, se tendría acceso a información altamente clasificada y confidencial como hojas de vida, nombres de personas, ubicación, rutas, medios, dobles agentes, secretos de defensa, operaciones, métodos, estrategias, civiles y colaboradores directos e indirectos del aparato militar y su andamiaje de defensa, constituyendo ya, el súmmum de la entrega del honor militar y desprotección del Estado, ante el envalentonado enemigo, la toma del vellocino de oro, por parte de las fuerzas ilegítimas, que continúan en su actividad de destrucción del ideal Nacional, con fúsiles en el monte y la artillería pesada en la ciudad con la toma ideológica”.
