La muerte del exinspector de policía y agente de élite venezolano Óscar Pérez y seis de sus compañeros sublevados contra el gobierno de Nicolás Maduro, inspira una reflexión sobre las distintas formas de reaccionar ante la subversión en una dictadura y en un Estado de derecho.
Óscar Pérez tenía 36 años, casi la misma edad que Hugo Chávez cuando este, dos años mayor, se rebeló contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992. Solo que Chávez gozó de las garantías de un debido proceso y finalmente fue amnistiado por un sistema político al que terminaría dinamitando.
Óscar Pérez herido, consciente de que debía rendirse como atestiguan los videos que grabó antes de que se le aplicase una ejecución extrajudicial, no tenía ninguna posibilidad de clemencia. Su suerte estaba echada y así se lo anunció un compañero uniformado cuyo nombre permanece anónimo, antes de la emboscada que le costó la vida: “La orden es matarte, hermano”.
Al insurrecto Hugo Chávez el Estado de derecho lo trató con respeto, incluso con deferencia. Luego estuvo preso y en la cárcel recibió la visita de quienes estaban en la conspiración. Más sacerdotes, periodistas, amigos y admiradores. Y, finalmente, el presidente Rafael Caldera, en una pirueta que no le perdonará la historia, amnistió al teniente coronel golpista con las consecuencias que todos conocemos para el pueblo venezolano.
En su intento por tomar el palacio de Miraflores el 4 de febrero de 1992 Chávez dejó decenas de muertos. Oscar Pérez el pasado 27 de junio con su acción un poco histriónica y cinematográfica, que se sepa, no dejó bajas como resultado de su insurrección.
Lanzó dos granadas contra la sede del Tribunal Supremo y desplegó desde su helicóptero una pancarta en la que se leía: “Art. 350 Libertad”, aludiendo al artículo de la Constitución según el cual el pueblo venezolano “desconocerá cualquier régimen que… contraríe principios y garantías democráticas”.
A Chávez el “sistema político destructor del presidente de derecha, Carlos Andrés Pérez” le permitió cámaras y micrófonos para pronunciar una arenga política, y en ella una frase enigmática cuyo significado comprendimos luego: “Por ahora, el objetivo no se ha alcanzado”. Es decir, que en cuanto tuviera otra oportunidad se tomaría el poder para siempre. Y la tuvo.
Óscar Pérez solo tuvo al final de su aventura la cámara de un teléfono y la red Instagram para pronunciar sus últimas palabras: “¡Nos vamos a entregar! ¡No sigan disparando! Estamos heridos, no sigan disparando”. Él y al menos otros cinco de sus compañeros rebeldes recibieron un tiro de gracia en la cabeza.
Así terminaba el último desafío que ha afrontado el régimen chavista que gobierna Venezuela a golpe de hambre y represión. Para Nicolás Maduro y la inteligencia cubana que hace horas extras en el país sudamericano, Óscar Pérez era un terrorista a abatir.
Para cualquier observador independiente, las acciones de este exinspector de la Policía científica eran de manual de golpe de Estado: toma de armas, llamamiento a la insurrección militar, etc. Una iniciativa que en cualquier nación del mundo solo tiene dos resultados posibles: se triunfa y se hace con el poder o se fracasa y se le aplica a su promotor la ley vigente. Que en Venezuela, con todo y la falta de independencia de poderes de hoy, no es la ejecución extrajudicial.
El cuerpo del ex policía rebelde, igual que sus compañeros, fue enterrado en un cementerio de Caracas donde fue trasladado de madrugada con numerosos agentes de seguridad controlando el ingreso y acompañado apenas por dos familiares, que no pudieron velar el cadáver, hasta último momento el régimen de Maduro ha hecho todo lo posible para evitar que se sepa de su tumba e impedir que esta se convierta en lugar de peregrinaje.
Si Carlos Andrés Pérez hubiese actuado con Chávez de la forma que hizo Maduro con este expolicía rebelde el destino de Venezuela habría sido otro. Esa es la grandeza del Estado de derecho. Y también su miseria.
