"Y juzgan... pero ellos no estan en mi piel"
Del aborto se han dicho muchas cosas. Que es pecado, que aún es delito, que traumatiza, que solo lo hacen las mujeres jóvenes que no se cuidaron. Pero realmente detrás de la interrupción de un embarazo hay mucho más.
Si se da una mirada detallada y alejada de cualquier connotación, detrás de cada interrupción del embarazo generalmente hay situaciones complejas, y derechos fundamentales comprometidos, historias de violencia sexual, enfermedades graves, malformaciones que hacen que el feto no sobreviva a la separación del útero. La Corte Constitucional ya entendió y dictó jurisprudencia sobre estas circunstancias, pero otros funcionarios, como el Procurador Ordoñez , se niegan a ver la realidad.
La interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento médico como cualquier otro, que salva vidas en muchas ocasiones, y les permite a las mujeres víctimas de violencia sexual no vivir la tortura de gestar el hijo de su agresor, o morirse por la interrupción de los tratamientos médicos que necesitan para vivir, como es el caso de Beatriz, la mujer salvadoreña que hoy está viva gracias a una interrupción del embarazo que le impedía tratar el lupus que padece, y en buena hora aprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mal hacemos en poner la discusión sobre la interrupción del embarazo como un tema moral o religioso, cuando es una parte del acceso de las mujeres a la salud. En Colombia según el Instituto Guttmatcher mueren cerca de 500.000 mujeres al año intentando acceder a una interrupción del embarazo. Eso es un grave problema que debe resolver el Estado, sin importar que piensen o cuál sea el credo religioso de sus funcionarios. No es viable que dejemos morir a las mujeres en nombre de las creencias particulares de la gente que trabaja en la administración pública.
Lo grave de todo el asunto, es que la Procuraduría, que debería cumplir sus funciones y sancionar a quienes le ponen trabas al acceso de las mujeres a la interrupción de sus embarazos, hace exactamente todo lo contrario: amenaza con procesos disciplinarios a quienes cumplan la ley. Esto es aún más grave cuando esta entidad desinforma y dice sin ninguna vergüenza que abortar es un delito en todos los casos. Esa desinformación literalmente ha matado a muchas mujeres que hubieran podido acceder a hospitales en condiciones adecuadas y no lo hacen por miedo.
Pero parece que estas muertes no importan a nadie.
Yo le preguntaría al procurador: ¿Obligaría a su hija a gestar aún si eso fuera en contra de su salud o haya sido violada? ¿La dejaría morir?
Mal hacemos en poner la discusión sobre la interrupción del embarazo como un tema moral o religioso, cuando es una parte del acceso de las mujeres a la salud. En Colombia según el Instituto Guttmatcher mueren cerca de 500.000 mujeres al año intentando acceder a una interrupción del embarazo. Eso es un grave problema que debe resolver el Estado, sin importar que piensen o cuál sea el credo religioso de sus funcionarios. No es viable que dejemos morir a las mujeres en nombre de las creencias particulares de la gente que trabaja en la administración pública.
Lo grave de todo el asunto, es que la Procuraduría, que debería cumplir sus funciones y sancionar a quienes le ponen trabas al acceso de las mujeres a la interrupción de sus embarazos, hace exactamente todo lo contrario: amenaza con procesos disciplinarios a quienes cumplan la ley. Esto es aún más grave cuando esta entidad desinforma y dice sin ninguna vergüenza que abortar es un delito en todos los casos. Esa desinformación literalmente ha matado a muchas mujeres que hubieran podido acceder a hospitales en condiciones adecuadas y no lo hacen por miedo.
Pero parece que estas muertes no importan a nadie.
Yo le preguntaría al procurador: ¿Obligaría a su hija a gestar aún si eso fuera en contra de su salud o haya sido violada? ¿La dejaría morir?
