"El Palacio de Justicia, una deuda con la verdad"

El documental que estrena History Channel Latinoamérica el  lunes 11 de abril recalca la impunidad del holocausto del Palacio de Justicia, no sólo de los hechos de toma del M-19 y retoma de la fuerza pública que ocurrieron en esas 28 horas entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, sino el silencio intermitente durante 25 años y 5 meses sobre lo que realmente ocurrió adentro de las instalaciones y el trágico destino de las 11 personas desaparecidas, entre las que se encontraban siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes y la sobrina de una magistrada. El “Palacio de Justicia, una deuda con la verdad” incluye imágenes nunca antes vistas, intercepciones telefónicas irónicas de los militares que comandaron la retoma, entrevistas con familiares de los desaparecidos, analistas del tema, un miembro de la Comisión de la Verdad, un ex militante del M-19, incluso el coronel retirado y condenado Alfonso Plazas Vega, quien insiste en defender los hechos “en honor a la democracia”. ¡Vaya democracia!, la base de claves para esclarecer verdades: la pérdida de control del entonces presidente Belisario Betancur, quien no tuvo voz y voto real en el manejo de la situación, el exceso de fuerza brutal de los militares, los intereses detrás de la suspensión de la vigilancia de la Policía, la censura de los medios de comunicación, el eco en el tiempo del clamor ignorado de cese al fuego del magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la lista sigue. El documental se queda en los datos, los nombres y las fechas que los colombianos informados saben, incluso los que ni siquiera habíamos nacido para la época. Hubiera podido narrar más allá del ruido blanco, del mar de balas y el desconcierto, así como lo hizo el espacio de diálogo enriquecedor en su preestreno, en el que participaron Enrique Pajero, quien fue el Ministro de Justicia del gobierno de Betancur, Gustavo Petro, ex candidato presidencial, Alfonso Gómez Méndez, ex Procurador General de la Nación, y Alejandra Rodríguez, representante de las familias de desaparecidos del Palacio de Justicia. Este tipo de actividades también deberían ser emitidas, para que esa interacción con la audiencia y las posturas críticas no solo queden en la academia y en Twitter. Aun así, no deja de ser una producción interesante  que sacude la memoria histórica raída y maltrecha, y rescata la labor de personas, quienes sin importar las amenazas, le han metido carbón al esclarecimiento de uno de los tantos capítulos de la historia negra del país; también de esas once familias, a quienes no les ha bastado una remuneración económica ni el dolor de años de silencio para seguir reclamando por justicia y reparación real, por responsabilidades políticas y penales que se cumplan a cabalidad.