“En términos castrenses la baja de un enemigo en combate es una Acción Positiva, pero a partir del año 2005 comenzaron a ser llamadas falsos positivos”. Así inicia El precio de la muerte, una crónica del periodista Germán Castro Caycedo incluida en su reciente libro Huellas.
Allí, en una serie de tres crónicas describe la manera como militares de todos los rangos se implicaron en retorcer los hechos y presentar como guerrilleros y terroristas a campesinos, jornaleros, jóvenes, desempleados, o todo lo anterior.
Dice Caycedo al hablar de cómo inició: “Desde el 17 de noviembre del año 2005 cuando el presidente Uribe Vélez le puso premio a la muerte mediante una Directiva Ministerial —la número 29, marcada con la palabra SECRETO al comienzo de cada una de sus quince páginas— que firmó su ministro de Defensa, Camilo Ospina”.
Así fue como el ejército contó las bajas y las puso a la medida del éxito. El peso de esa medida fue, en palabras de Caycedo, “sencillamente brutal”.
Según la Fiscalía, de 2005 a 2018 más de 4 mil 600 inocentes fueron abatidos producto de esa orden ministerial. En 2006, de 548 bajas 258 fueron falsos positivos. En 2007, de 494 bajas, 431 fueron falsos positivos. En 2008, 217 de las 247 bajas contabilizadas lo fueron.
Y en ese año se destapó Soacha, el detonador. Once jóvenes inocentes fueron asesinados y cinco cadáveres aparecieron en la vereda Agua de la Virgen, en Ocaña, a 637 kilómetros de su entorno habitual.
Así se retorcieron los hechos. Un caso, el de Fair Porras de 26 años, ejemplifica el absurdo: un ayudante de albañil que fue declarado desaparecido hallado al día 12. Por su baja un comandante de escuadra cobró 330 millones de pesos para él y sus superiores.
Las recompensas iban desde los 700 pesos por munición de arma corta incautada, 100 mil pesos por granada de mano, hasta 2 y 3 millones por ametralladoras punto 50 y M-60.
Ahora se conoce que el ejército flexibilizó los criterios para la ejecución de acciones y que, tras conocerse, se inició una cacería de brujas contra quienes revelaron esas directivas del comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, a The New York Times.
Así se estimuló una práctica que debería ser recordada para que no se repita. Cualquier cosa que aliente crímenes oficiales merece el repudio de la sociedad y la vigilancia del periodismo.
