“La Junta Directiva de EPM autorizó a la Administración para estudiar y evaluar eventuales enajenaciones de sus participaciones en empresas controladas y no controladas”, dice el comunicado de la junta del 29 de mayo pasado.
Con ello buscará vender activos hasta por 3 billones de pesos, equivalente a media reforma tributaria, para enfrentar el impacto económico de la emergencia en Hidroituango, y calmar a las calificadoras de riesgo que rebajan su calificación o se preparan para hacerlo.
La empresa tiene inversiones por 9,3 billones en filiales y empresas subsidiarias, desprendiéndose así, en caso de que lleguen al tope autorizado, del 32 por ciento de sus inversiones. La pregunta natural es si un gigante como ella no podría soportarlo con su patrimonio, sus ingresos operacionales y utilidad neta.
Su utilidad neta fue superior a los 2,3 billones de pesos y creció 24,7 por ciento en 2017. Tiene un patrimonio cercano a los 21 billones de pesos.
La empresa girará 1,2 billones de pesos al municipio de Medellín, de los cuales 300 mil millones son producto de la venta de la participación de EPM en Isagen en 2016.
Grupo EPM, sin contar empresas del sector financiero, es la cuarta empresa más grande de Colombia y la primera del sector de servicios públicos. Hay tres empresas públicas entre las 10 primeras: Ecopetrol (que es una empresa mixta con control privado del 10%), EPM y la Refinería de Cartagena.
Durante décadas ha acumulado inversiones dentro y fuera de Colombia, diversificación que en algunos casos ha recibido críticas que señalan a los negocios internacionales de la empresa como poco rentables.
Uno de estos casos es el de la adquisición de Aguas de Antofagasta, en Chile. Con una inversión de 1.000 millones de dólares la empresa colombiana compró la concesión hasta el año 2033, mientras que, según sus propios cálculos, la recuperación de las utilidades se dará en el año 2035.
El negocio, cerrado en junio de 2015 por 965 millones de dólares mediante subasta, se produjo porque el grupo Luksic la compró antes por menos de 200 millones de dólares. El segundo oferente ofreció 225 millones de dólares menos, según datos de la concejal de Medellín María Paulina Aguinaga.
El precio de referencia de Citigroup sobre la empresa fue de tan solo 290 millones de dólares, mientras que el valor patrimonial no pasaba de 595 millones de dólares a diciembre de 2014, muy por debajo del precio pagado por la empresa antioqueña.
Otro es el Proyecto Hidroeléctrico Bonyic, en Panamá, ejecutado por Conconcreto, que pasó de costar 50 millones de dólares a 314 millones de dólares: adiciones por obras civiles de más del 440 por ciento.
Por ese proyecto la Contraloría de Medellín abrió un juicio de responsabilidad fiscal, y se presume que pronto se anunciará el mismo proceso para el caso chileno. Otro capítulo son los sobrecostos en Porce III, que pasó de un valor de 911 a 1.535 millones de dólares.
Conconcreto es una de las socias del consorcio CCC (Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H.), a la que EPM le adjudicó el contrato del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Su accionista mayoritario es la firma Camargo Correa, que tiene a dos de sus directivos, Dalton dos Santos Avancini y Eduardo Leite, colaborando con la justicia brasileña tras un acuerdo de delación por la operación anticorrupción conocida como Lava Jato, como lo publicó Revista Semana en su edición pasada.
Es conocido el enorme peso financiero que tendrá el aplazamiento de la puesta en marcha de Hidroituango, lo que da sentido a la decisión de la junta. La empresa debe ejecutar un plan de contingencia integral para atender una emergencia de proporciones tan grandes como la que se presenta.
Incluso si se consideran los desempeños financieros de los negocios internacionales y la liquidación de algunas de esas inversiones, podría cubrirse buena parte de lo requerido. La solidez financiera de una de la principales empresas públicas del país resiste el embate.
Nadie duda de una empresa pública que aporta el 55% de sus utilidades, entre transferencias ordinarias y extraordinarias, a su ciudad. EPM lo hace con Medellín y por ese solo hecho es fundamental mantener ese flujo de transferencias que ninguna otra actividad productiva podría cubrir: bienes públicos y beneficio social están por encima de cualquier urgencia. Es pública y debe mantenerse así.
Amaury Núñez González | @AmauryNG
