Todo proceso de paz en el mundo ha tenido una justicia transicional o especial y una comisión de la verdad, ambos escenarios se deben complementar de tal manera que se obtiene, por un lado, la justicia evitando impunidad y por otro la verdad evitando la repetición. Pero la lógica de los procesos de paz indica que se debe tener constituida la Comisión de la Verdad una vez se suscribe el acuerdo y posteriormente la jurisdicción especial, dado que la información obtenida en la comisión determinará el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
Lo anterior en teoría y según las mejores prácticas internacionales, desafortunadamente en Colombia a partir de un proceso de paz ilegítimo e inconstitucional todos los pasos de implementación se han hecho de manera improvisada, politizada y subjetiva. Obviamente la comisión de la verdad para el proceso con las Farc no es la excepción.
El pasado 9 de noviembre se dieron a conocer los 11 miembros de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y el 26 de septiembre pasado, también se dio a conocer el nombre de los 51 magistrados que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, cuya reglamentación sigue en debate por el Congreso de la República, y sin que aún la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre su constitucionalidad.
Esto indica que somos el único país en el mundo que elige los magistrados de una Jurisdicción que todavía no ha nacido a la vida jurídica, unos jueces que están esperando por un resultado de votación legislativa muy comprometido en el Congreso, dada la época electoral donde cada uno está pensando en su reelección como congresista en marzo del 2018 además de ser el último año de gobierno que no siempre es positivo para tan importantes votaciones. Esto sin contar que los partidos políticos de la coalición de gobierno aparentemente ya no están tan interesados en votar a pupitrazo limpio lo relacionado con el proceso de paz.
En este sentido y dejando claro que la JEP todavía está en veremos hay que revisar lo relacionado con la Comisión de la Verdad, por lo que vale la pena recordar que significa: “Es un órgano temporal, de carácter extrajudicial, que se ha creado históricamente en procesos de transición (de dictaduras a la democracia y de conflictos armados a la paz) para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas”.
Así las cosas, la Comisión tiene un rol esencial en el proceso de paz suscrito con las Farc, por tanto, debe estar rodeada de objetividad y neutralidad para recibir información que realmente contribuya a la verdad, garantice la no repetición de crímenes, especialmente los de lesa humanidad y se reconozcan de manera efectiva los derechos de las víctimas. Pero ¿cómo hacerlo? si quienes fueron elegidos tienen una clara tendencia ideológica y cercana a quienes van escuchar, los seres humanos tienen prejuicios y valores propios que afectan su buen juicio y raciocinio. Basta con revisar en redes sociales las opiniones con que cada uno de sus miembros se han expresado en cuanto al proceso, las víctimas y los miembros de la oposición. Es imposible garantizar así la neutralidad que requiere tan importante organismo.
Solo nos queda esperar y observar con el paso del tiempo un fracaso más en la implementación de los acuerdos, una jurisdicción especial que no ha nacido a la vida jurídica, que solo tiene magistrados, pero no tiene estructura, ni presupuesto y lo más importante todavía no ha sido ni votada legislativamente ni avalada constitucionalmente.
Por otro lado, una comisión de la verdad que puede empezar a funcionar rápidamente delante de la JEP (cosa que no tiene sentido) impulsada por un grupo de personas sesgadas frente a las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo de los gobiernos previos al acuerdo, que verán varios impactos: uno humano y social del conflicto con una mirada ideológica subjetiva, un impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto visto mayoritariamente desde la izquierda, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición, un impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como militares.
Es claro que esta Comisión improvisada para hacerle un flaco favor al gobierno Santos no logrará el fortalecimiento del tejido social en las comunidades, ni las experiencias de resiliencia individual o colectiva y mucho menos procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto.
El tiempo una vez más dará la razón por no realizar los procedimientos jurídicos, legislativos y constitucionales como los ordena nuestra ley colombiana, además de mantener una exclusión permanente de todos los actores del conflicto e insistir en trabajar con unos pocos cercanos ideológicamente a las Farc.
La improvisación con ilegalidad e ilegitimidad no es una garantía para la transición de un conflicto a la paz, es un error histórico.
