Las alcantarillas del Estado

Uno de los mayores escándalos ocurridos en España en la década de los años 1980 fue el llamado “caso GAL”. Fue uno de los últimos grandes escándalos descubiertos durante el segundo periodo de gobierno del socialista Felipe González, cuya gestión como primer ministro tuvo en sus inicios momentos brillantes como el ingreso de España en la entonces llamada Comunidad Europea. Los GAL fueron grupos parapoliciales creados durante la época de hierro del grupo terrorista vasco ETA en 1983, pero cuya existencia no fue destapada por la prensa hasta 1987. Se supo que, además de combatir al terrorismo, los GAL realizaron todo tipo de acciones indiscriminadas ilegales en las que entre otras cosas, murieron ciudadanos franceses  sin adscripción política alguna. El escándalo de los GAL fue uno de los que marcó el declive definitivo de Felipe González y su partido, dando paso al triunfo por primera vez del conservador Partido Popular. Cuando el asunto saltó a la luz pública, apabullado por la evidencia de unos hechos irrefutables, González dijo una frase en su defensa que hoy resulta pertinente ante el escándalo de las interceptaciones ilegales ocurridas en Colombia con el caso Andromeda: “el Estado se defiende también en las alcantarillas”. Puede que en las próximas semanas sepamos algo más de las actividades ilegales que los militares realizaron con unos equipos destinados en principio a combatir y prevenir el delito, pero quizá nunca lo sabremos todo. Como ha ocurrido otras veces porque, como es bien sabido, no es esta la primera vez que agentes del Estado utilizan recursos públicos con fines torcidos y absolutamente reprochables. El caso de las llamadas “escuchas del DAS” durante el gobierno del anterior presidente Álvaro Uribe es paradigmático. Interceptación de comunicaciones a magistrados, periodistas incómodos y opositores que supusieron la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad, un organismo cuyas funciones ya eran muy discutibles desde tiempo atrás. Nadie se cuestionaba que fuera el DAS, un organismo de inteligencia, quien recibiese en el aeropuerto a quien llegaba al país. Es como si al entrar a Estados Unidos recibiesen al recién llegado agentes con tres grandes letras a la espalda que dijese CIA; o al entrar a Israel, otros en cuya camisa estuviese escrito bien evidente la palabra Mossad. Y ni qué decir de la información personal que un extranjero debía entregar al DAS para regularizar su permanencia en Colombia: estado civil, religión, grupo sanguíneo y una serie de datos personales cuyo obtención por parte de agentes del Estado en un país como Alemania da cárcel. No era de extrañar que las carpetas conteniendo estos datos estuvieran rotuladas con la palabra “prontuario” que, como es bien sabido, en Colombia es sinónimo de “compendio de delitos”. Es decir, el extranjero entraba a Colombia por El Dorado y salía a la calle en libertad condicional. Y es que estas cosas pasan cuando a la gente le parece normal que el Estado se extralimite en sus funciones. Como había tanta gente feliz con la “política de seguridad democrática” de Uribe pues que el señor hiciese lo que le daba la gana con el DAS, hasta ponerlo en manos de los paramilitares. Cosa que tenía cierta lógica en un país en donde el jefe de los paramilitares pudo hablar en el congreso y decir que la mayoría de la Cámara le pertenece. El desconcierto de Juan Manuel Santos al hacerse público por la prensa el caso Andromeda, demuestra una vez más que siempre habrá agentes del Estado que irán por libre, sirviéndose de medios públicos para intereses personales o para ponerse al servicio de opositores políticos al gobierno de turno. Y el caso demuestra además que cada vez estamos más inmersos en la realidad que imaginó George Orwell en su novela 1984, en donde el omnipresente Gran Hermano vigila nuestra intimidad. En el caso de Colombia con el pretexto, como diría Felipe González, de defender al Estado también en sus alcantarillas. Se entiende que el Estado realice una actividad de vigilancia sobre los delincuentes –muy poca gente duda de que las Farc tengan una actividad delictiva- que a veces produzca daños colaterales en los particulares, como ha ocurrido en este caso al saberse que habían llegado a manos de los investigadores correos de periodistas pidiendo entrevistas a los jefes guerrilleros.  Otra cosa es la utilización que haga el Estado de esa información o, lo que es más grave aún, la utilización de medios públicos para intereses que atenten contra el bien común. No se entiende bien qué hacían esos 007 criollos espiando a medio centenar de alcaldes. Para defender a la sociedad de los desafueros del poder solo queda una prensa responsable, una prensa que vigile a nuestro vigilante. Y se me preguntará quién vigila a la prensa. Creo que a la prensa solo la puede vigilar la sociedad, decantándose más por el periodismo serio, de investigación –que por cierto cuesta mucho dinero hacerlo- que por el espectáculo. Mientras más nos interesemos por seguir la pista de quién le entrega información sensible a Uribe desde el Ejército, qué suerte corre el dinero del Estado en manos de los contratistas, quiénes se oponen a que se haga justicia con las víctimas de la violencia y menos nos interesemos por las caderas de Shakira mejor nos irá a todos.