Con el acuerdo de paz de La Habana, se tenía como expectativa que el Gobierno Nacional tendría control sobre las zonas veredales donde se ubicarían los guerrilleros de las FARC mientras se daban las etapas del desarme, resocialización y reinserción. Sin embargo, 6 meses después se observa como han crecido las cifras de inseguridad en las regiones y la grave percepción de los ciudadanos por la ausencia del Estado en estas zonas.
Era predecible para el gobierno que no habrían garantías del compromiso total del grupo guerrillero y que había un porcentaje representativo que se saldría de las condiciones del acuerdo, esto fue evidente desde que estaban en las negociaciones en La Habana, las células disidentes enviaban mensajes de manera permanente diciendo que no estaban de acuerdo con los términos de negociación y respondían con actos delictivos.
El panorama de hoy según las cifras del Ministerio de Defensa (Infografía ETCE) es el siguiente: las disidencias de las FARC 400 hombres en armas con injerencia en Cauca, Nariño, Meta y Guaviare; el ELN con 1467 milicianos y 1696 hombres en armas con incidencia en Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cauca y Chocó; del Clan Golfo 807 milicianos 1054 armas para un total de 1861 bajo el mando de alias “Otoniel” con injerencia en Norte de Santander, Chocó, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Cauca y Meta; los llamados “Pelusos” con aproximadamente 292 hombres de los cuales 132 milicianos y 160 hombres en armas con injerencia en Norte de Santander; los “Puntilleros” con 268 hombres de los cuales con 136 milicianos y 132 hombres en armas con injerencia en Guaviare, Meta y Vichada.
Entre las disidencias de las FARC y el resto de grupos se tiene un panorama muy complejo que evidencia el crecimiento de los grupos armados producto del grupo guerrillero y las bandas criminales. Y pone en duda la esperanza de paz que tenían algunos por el proceso con las FARC y cómo llegaría la tranquilidad a las regiones, lo que hoy se demuestra claramente no fue así.
Con estos antecedentes la pregunta es ¿Cuál era la estrategia tanto del gobierno como de las FARC para controlar y/o mitigar el impacto de estos disidentes? Teniendo en cuenta que aparentemente se tenía clara una cantidad fija de cuántos entraban a las zonas veredales, cuántas armas entraban, cuántas armas debían ser entregadas, cuántas caletas a entregar, cuántas minas antipersona , etc… pero la realidad indica que no hay claridad en las cifras y en cambio las estadísticas de inseguridad crecen cada día en estas zonas.
Por otro lado el factor del narcotráfico es una razón importante para determinar las causas de las disidencias, desde las negociaciones era claro que era imposible que las FARC dejaran el mercado de la droga, y obviamente las zonas de cultivos ilícitos quedarían al garete y rápidamente sus propias células disidentes entrarían a retomar el negocio.
Otra de las razones que impulsan las disidencias son los grupos mixtos delincuenciales, es decir, aquellos que tienen parte de FARC y bandas criminales como se aprecia en el panorama citado, bandas que estaban dedicadas al microtráfico y que recibían el producto elaborado de las FARC que tenía el cultivo, ahora al dejar supuestamente los cultivos ilícitos estas mixturas se acercan a las zonas de cultivos para apropiarse del mercado de la droga desde el cultivo y no llegar solo desde la comercialización y/o tráfico lo que hace un negocio más atractivo. Es decir, llenando espacios dejados por las FARC.
La falta de credibilidad en el proceso de paz también propició el tiempo y las condiciones para que se formaran estas disidencias, desafortunadamente la falta de información del proceso no sólo se dió respecto de los ciudadanos colombianos sino de las células de las FARC, por eso también esa falta de información y en algunos momentos de desigualdad respecto del trato que tenía la cúpula de las FARC en La Habana por un lado y los guerrilleros en la selva colombiana por otro, hizo notar siempre diferencias irreconciliables que hoy se evidencian en estructuras criminales.
Aunado a lo anterior está la desarticulación entre el proceso de paz y las autoridades locales (gobernadores y alcaldes) también fue de público conocimiento la molestia que generó en varios mandatarios que no fueran convocados a las mesas de negociación para concertar las condiciones en que llegarían los guerrilleros a los municipios y el impacto de la situación en sus territorios. En diferentes ocasiones se manifestó la preocupación de cómo mantendrían el orden público, la presencia estatal y los recursos económicos que se invertirían para hacer realidad el control de dichas zonas.
Ante el incumplimiento del gobierno a los acuerdos con las FARC se ha generado también una incertidumbre en las zonas veredales donde los guerrilleros no saben qué hacer, que esperar y de manera contraria recuerdan su pasado donde sólo saben empuñar un arma, ante los reiterados incumplimientos de lo acordado también es una razón para que salgan a delinquir en disidencia y pongan en riesgo la población que habita en los municipios cercanos a las zonas.
Así las cosas, es un escenario preocupante el que se muestra con unas incursiones de grupos criminales en las diferentes regiones del país, es claro un retroceso en materia de seguridad, la falta de garantías del gobierno nacional para los ciudadanos en zonas rurales y urbanas, las fallas en los resultados del proceso de paz por los reiterados incumplimientos, el descontrol de las disidencias de las FARC por la cúpula de las FARC y por el gobierno, el desbordamiento de la problemática para los gobernadores y alcaldes y las alianzas mixtas crecientes.
¿Qué hacer entonces? Es necesario una estrategia urgente de presencia policial y militar en todas las regiones del país, reforzar y acompañar a los gobernadores y alcaldes en el control del orden público, activar los procesos de captura para los guerrilleros disidentes, acelerar los planes de reinserción y resocialización para los guerrilleros en zonas veredales; control, registro y monitoreo de desarme; con un plan de contingencia hacer presencia por parte de la Fiscalía General de la Nación para que la justicia sea oportuna y eficiente.
