Se conoció el resultado de una investigación sobre 13,4 millones de documentos filtrados, con los movimientos de sociedades offshore en 19 paraísos fiscales. Se muestra cómo a través de ellas multimillonarios y multinacionales de todo tipo redujeron costos tributarios de su actividad económica. Son señalados 200 colombianos en los Paradise papers, incluyendo al presidente Juan Manuel Santos.
La investigación de esas sociedades fantasma fue revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), tras analizar documentos obtenidos de las firmas Appleby y Asiaciti Trust, fundadas en los paraísos fiscales Bermudas y Singapur, además de los registros mercantiles de 19 “jurisdicciones opacas”. 382 periodistas de 67 países investigaron durante un año los 1,4 terabytes de información, en un periodo que va de 1950 a 2016. Santos aparece presidiendo una compañía con cuentas offshore en 2001.
Como “países o territorios cuyas leyes pueden ser utilizadas para evadir o eludir los impuestos que deben pagarse en otro país bajo las leyes de este último” define la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) a esos paraísos.
Su propósito es atraer y captar capitales extranjeros con estructuras jurídicas y fiscales flexibles: no exigen requisitos de actividad local y actúan en ausencia de impuestos sobre las rentas generadas por sus actividades económicas en cualquier lugar del mundo.
Esas actividades pagarían impuestos en su país de origen, pero en el paraíso reducen sus montos entre un 80 y 90 por ciento. También ofrecen garantía de secreto frente a la fiscalización, lo que evita el intercambio de información con sus autoridades.
En la segunda mitad del siglo XX, se impusieron modelos de negocio a partir de la gestión de flujos financieros y un crecimiento económico altamente dependiente de la inversión de capitales, sobre todo para los países más pobres. Esto reforzó el papel de los paraísos fiscales. Lo que hoy se revela es la confirmación del enorme daño que a las economías de sus propios países le han hecho un puñado de acaudalados.
Para los economistas Efraín Molina y María Antonia Pedraza, una aproximación a los montos de la evasión apunta a que la renta anual mundial sobre bienes no declarados fue de 860.000 millones de dólares en 2011. Con impuesto del 30 por ciento a este monto se obtendrían 260 mil millones de dólares anuales, de los cuales el 20 por ciento correspondería a los países del hemisferio sur.
Esa cifra es igual al costo que tiene la alimentación de 45,1 millones de personas pobres que viven con menos de 1,25 dólares al día en Latinoamérica y el Caribe, igual a todo el gasto militar de los 12 países de américa del sur, igual a las remesas que los Latinoamericanos envían a sus países anualmente e igual a las reservas internacionales netas de Colombia al 31 de diciembre de 2016 multiplicadas por cinco.
Para las economías la evasión de impuestos de los magnates, confirmadas en la investigación de la ICIJ, los efectos son muy negativos. Cada peso que no pagan en impuestos se le carga al ciudadano de a pie, porque debilita las arcas del Estado.
En otras palabras, la evasión fiscal es un delito atribuible a delincuentes que evaden sus obligaciones con el Estado porque ocultan rentas que tendrían que ser gravadas, y de las cuales se obtendrían recursos para el gasto público.
Otro aspecto es que ese tipo de evasión, cometida también por multinacionales, viola las mínimas normas de competencia comercial al fijarse con ella costos por debajo de los que la mayoría de empresas deben cubrir para abrirse paso en el mercado. Es un apuntalamiento de la competencia desleal reducir sus costos a partir de maniobras financieras que pocos acaudalados pueden pagar.
En los últimos 10 años la inversión mundial dirigida hacia los paraísos fiscales aumentó en 45 por ciento. Hoy, uno de cada 10 pesos de la economía mundial se encuentra oculto en ellos.
En el año 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) calculó las pérdidas globales por ingresos tributarios no recaudados entre 100 mil y 240 mil millones de dólares, con un fuerte impacto en los países en desarrollo debido a la mayor dependencia fiscal respecto del impuesto sobre la renta de las sociedades que tienen esas economías.
En igual sentido se refirió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que en un estudio de 2015 afirmó que las pérdidas fueron de 200 mil millones de dólares a nivel global y de 90 mil millones de dólares en los países en vías de desarrollo entre 2009 y 2012.
En Colombia la obra de su presidente ha sido aplicarles mayores cargas tributarias a sus ciudadanos con siete reformas ejecutadas durante su mandato. Solo en la última, les elevó el IVA del 16 al 19 por ciento. Pero ¿qué hace un país al que sus nacionales no le tributan los impuestos que deberían pagarle? Para paliar la falta de ingresos suben los impuestos o recortan el gasto púbico, sobre todo si su presidente es señalado como uno de los evasores. Mejor dicho: nos están tumbando.
@AmauryNG
