Por: Patricia Cifuentes Osorio
Recientemente, el Consejo Nacional Electoral, CNE, en cabeza de los magistrados Alexánder Vega Rocha y Héctor Elí Rojas, le tiró un salvavidas a Enrique Peñalosa en lo relacionado con la revocatoria de su mandato. A pesar de que ya se surtieron los requisitos iniciales para el proceso, los magistrados intentaron reforzar las exigencias y darle poder al CNE de suspender el proceso en cualquier momento, saltándose al Congreso de la República, que debe ser el que legisla en la materia.
Sin embargo, el pasado 2 de mayo, el Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, entregó a la Registraduría de Bogotá más de 700.000 firmas, casi el triple de las requeridas para continuar con el trámite. Esta es una muestra del descontento de la ciudadanía por decisiones políticas que los perjudican como el metro elevado, subir los pasajes de Transmilenio, imponer impuestos, privatizar la ETB, vender el 20 por ciento de la Empresa de Energía de Bogotá o destruir la Reserva Natural Thomas van der Hammen.
También existe insatisfacción por casos en los que beneficia a sus amigos contratándolos a dedo. El concejal Manuel Sarmiento afirmó que de los 45.982 contratos suscritos en 2016 por la administración Peñalosa, 43.783 fueron por contratación directa (http://bit.ly/2livYu1), incumpliendo lo definido por las Leyes 80 y 1150 sobre contratación pública. En Colombia existen 4 modalidades de contratación, a saber: selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa (http://bit.ly/2pdokUx), cada una de ellas con unas condiciones específicas. La contratación directa es excepcional y la menos recomendada, pero Enrique Peñalosa firmó el 95% de los contratos apelando a dicha modalidad.
Para realizar los estudios preliminares del proyecto Ciudad Río, por ejemplo, la Secretaría de Hábitat contrató a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, a SIGMA Gestión de Proyectos por casi 700 millones de pesos. Se trata de un servicio que, de haber sido contratado por la Secretaría, como lo exigen las leyes, requeriría de un proceso de selección abreviada de menor cuantía, donde se escogería al mejor oferente regido bajo principios administrativos que permitirían tener un poco más de control por parte de la ciudadanía.
Lo grave es que los representantes legales de la firma contratada e Ignacio Guzmán, hoy gerente de Ciudad Río, trabajaron con el Alcalde durante su primera administración, el segundo como estructurador del proyecto Transmilenio. También, para el mismo proyecto, contrató bajo idéntica modalidad por más de 300 millones de pesos a Gabriel Nagy Patiño, quien “curiosamente” participó en la primera Alcaldía de Peñalosa como Director Encargado del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Prácticamente, no hay día en Peñalosa que no desatine con algún pronunciamiento. Y todavía hay quiénes se preguntan por qué cientos de miles lo quieren revocar. Es insensato e irrespetuoso con los bogotanos insistir en mantener en el poder a una persona tan incapaz para gobernar. Él mismo se ha encargado de desmentir la idea que los medios de comunicación montaron sobre ser un técnico, un urbanista y un gerente.
En carta enviada al alcalde Peñalosa, el senador Jorge Robledo afirma que “mientras los ciudadanos ejercemos el derecho a promover su revocatoria, usted cometió el error garrafal de darle poder a Humberto Sierra Porto para que se invente una forma, que tendría que ser ilegal, de impedir que los bogotanos y las bogotanas puedan votar y decidir, maniobra que, de tener éxito, empeoraría el deterioro institucional y su mala imagen ante la ciudadanía” (http://bit.ly/2r73YJP)
El Consejo Nacional Electoral no puede desconocer la voluntad de la ciudadanía, ni pisotear el ejercicio de la democracia en aras de conservar a un mal gobernante. Quienes apoyan la revocatoria deben exigir que su firma se respete, por ser la única manera de que no se pasen por la faja los mecanismos de participación ciudadana y de que el constituyente primario pueda ejercer su ciudadanía.
