John Ramos Araújo, funcionario estrella y más complaciente de la entonces alcaldesa de Neiva, Cielo González Villa, fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado por diez años, por licitaciones amañadas en las Empresas Públicas de la Ciudad. La Contraloría de Neiva, por otro asunto, le está pidiendo devolver $3.200 millones. Entre tanto, Ramos Araújo juega golf en las mejores canchas del mundo.
Como en Bogotá con Samuel Moreno, González Villa sostiene la tesis de que los alcaldes no son responsables de las fallas que cometen sus subalternos y varios de ellos rinden cuentas hoy ante la Fiscalía y otras autoridades. Ella, por su parte, se fue de vacaciones a ocupar un consulado en Uruguay, enviada por el Presidente Uribe.
Carlos Peinado, veedor cívico, grabó durante diez horas toda “la coordinación” que hicieron funcionarios de su gobierno el día de elecciones para imponer en el Senado a su hermano Carlos Julio González. La Procuraduría desestimó las pruebas. Y la policía no encontró a los responsables de la granada que días después lanzaron (y estalló) sobre la casa del señor Peinado.
En octubre de 2010, la hoy Gobernadora electa del Huila –Cielo González Villa- se declaró insolvente ante la Contraloría, en el marco del proceso fiscal que le adelanta por $7.000 millones que se perdieron en su gobierno, “invertidos” en Tig S.A, una firma pirata.
Sin embargo, en sus cuentas preliminares de campaña rendidas ante el Consejo Nacional Electoral, de los $309 millones de patrimonio personal o familiar que reportó, $90 millones salieron de su bolsillo y $219 millones de su esposo, el contratista de restaurantes escolares Germán Trujillo. La insolvencia la declaró cuando la Contraloría ordenó el embargo de sus bienes y/o capital.
La Fiscalía 12 seccional de Neiva le adelanta un proceso penal por peculado culposo. Dice la Fiscalía que Cielo, en su calidad de Alcaldesa de Neiva período 2004–2007 no vigiló las actuaciones de su equipo económico y por ende no evitó el extravío de los dineros. “Aunque no fue la encargada de firmar y renovar las inversiones realizadas en Tig S.A., no estuvo usted atenta de la manera como su Secretario y Tesorero invertían los recursos, aún sabiendo qué se debía hacer”, sostuvo el Fiscal. El contrato de colocación no tenía garantías. “Estos dineros se movieron en el último semestre de su mandato donde se supone que se está revisando todo para el proceso de cierre y empalme”.
La Procuraduría le endilgó “falta gravísima”, que inicialmente había calificado como apenas “grave”. Según la investigación, González Villa fue ‘irresponsable’ e ‘ineficaz’ en el control de los gastos y las inversiones hechas por sus funcionarios en el caso Tig S.A.”
El próximo 14 de diciembre de 2011 la Gobernadora electa deberá concurrir a audiencia de acusación en el Palacio de Justicia de Neiva, diligencia que ha sido aplazada ya en tres ocasiones: una por cambio de Fiscal, otra por ausencia de Cielo y su abogado y la más reciente por renuncia del abogado de otro de los imputados.
Su otro mayor problema son dos sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación. Una del 19 de mayo de 2009 confirmada por el Despacho del mismo Procurador, sanción de 6 meses de suspensión, y otra que está pendiente de confirmación en la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, segunda instancia, expediente D-2010-787-214529.
La gravedad del asunto es que si se confirma la segunda sanción bastaría una más, sin importar su gravedad, para que Cielo quede automáticamente inhabilitada por un término mínimo de 5 años, es decir todo el período de su gobierno y un año más.
El Procurador Segundo Delegado para la Contratación Pública dice que hay razones suficientes para creer que los implicados incumplieron las normativas de contratación en el encargo fiduciario que estuvo cercano a los $12.000 millones, “por la omisión de las normas que regulaban el ejercicio de su labor (…) por su inacción al ignorar los deberes que les asistían en los cargos públicos que habían asumido tan relevantes e importantes para la administración pública y la comunidad”. En este caso, como en el penal, también está implicado el actual alcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez.
Según el Código Único Disciplinario, artículo 38, una de las inhabilidades para ejercer cargos públicos es “haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
Igualmente, el artículo 44 dice que habrá “destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima”. Y que “habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”, como es el caso de las multimillonarias inversiones en Tig S.A.
La Gobernadora electa tiene otros procesos ante la Procuraduría :
“Presunto déficit presupuestal y de tesorería para atender compromisos legalmente contraídos con regalías, caso decidido en espera de cierre”.
“Presuntas irregularidades al presentar detrimento patrimonial al ordenar o autorizar inversiones en Mercasur, evaluación de investigación disciplinaria”.
Por la pérdida real y probada de $358 millones en las inversiones a través de la firma pirata Tig S.A., la Contraloría General de la Nación, oficina de Juicios Fiscales, imputó responsabilidad fiscal. El auto de imputación fue comunicado al cerrarse el proceso fiscal iniciado el 17 de agosto de 2010 por la Gerencia Regional de la Contraloría en el Huila. Contra la decisión no procede ningún recurso, al haberse agotado la vía gubernativa.
Por todo lo anterior –y otros asuntos- muchos piensan que la Gobernadora Cielo González durará muy poco en el cargo, si logra posesionarse.
