A lo largo de esta crisis económica y social por el coronavirus he respaldado al Gobierno Nacional y lo seguiré haciendo por las medidas que ha tomado para ayudar a las familias colombianas, en especial a las más vulnerables. Sin embargo, esta semana le pedí al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que cambiara el decreto 558 que hace algunas modificaciones temporales al aporte pensional de trabajadores e independientes. Es inadmisible que mientras millones de colombianos atraviesan una situación tan difícil, las Administradoras de Fondos de Pensiones sigan recibiendo el 100 % de sus millonarias comisiones sin poner ni siquiera un poco de su parte para mitigar esta contingencia. Lo peor, las AFP pertenecen a los mismos dueños de los bancos que han sido tan poco solidarios en esta crisis. ¡No hay derecho!
Mi denuncia frente al decreto 558 se refiere puntualmente al artículo 3° del capítulo ‘Pago de aportes del sistema general de pensiones’, en el que se explica la reducción del aporte de pensión del 16 al 3% para trabajadores públicos y privados, así como para independientes. Hasta ahí, apoyamos el alivio para los colombianos. Sin embargo, ese porcentaje del 3% continuará yendo como comisión a las AFP y al seguro de invalidez y sobrevivientes. Aclaro que estoy de acuerdo que una parte se destine al seguro previsional que cubre a las personas en caso de muerte o invalidez; por ejemplo, la pensión para la compañera e hijos menores o incapacitados del cotizante, así como la pensión en caso de pérdida de más del 50% de la capacidad laboral durante una coyuntura como la del Covid-19 o contingencias que se incrementen naturalmente en una pandemia.
El problema real aquí es que las AFP, viendo el escenario por el que atraviesa el país, sigan cobrando sus altas comisiones, mayores que el promedio de lo que se paga en América Latina. Vamos a ver: Según la más reciente circular de la Superintendencia Financiera, de los cuatro fondos de pensiones privados registrados durante el mes de febrero de 2020, Skandia fue el que de lejos cobró la comisión más alta con un 2,10%; seguida de Porvenir con un 1,06%; Protección, 1,0%; y Colfondos, 0,885%. El promedio nacional de las comisiones fue del 1,26% en febrero. Esto sin contar otros cobros que incrementan la tasa como el traslado de un fondo de pensiones privado a Colpensiones.
Mientras en nuestro país el promedio nacional de comisiones de las AFP es de 1,26%, en Chile cobran tarifas anuales por ahorros voluntarios desde 0,16 a 0,95%, con un promedio de 0,62% y en México en el 2019 las comisiones de los fondos fueron de 0,98%, proyectando una tasa del 0,70% para el 2024. Al respecto, la OCDE ha señalado que una comisión del 1% sobre rendimientos constantes de los fondos de un afiliado, puede equivaler al 20% del total de ahorros de los empleados. Por ello, en contraste con países de Europa o América del Norte donde las tarifas son de cero o casi cero, así como los casos mencionados en Latinoamérica, las comisiones de administración en Colombia vienen siendo unas de las más altas del mundo.
Como vemos, las AFP se han venido beneficiando a lo largo de los años, pero hoy, a pesar de ser testigos de la crisis que atraviesa el país, deciden seguir cobrando sus altas comisiones y no aportar nada. Para terminar de completar, no podemos dejar de mencionar que estas administradoras pertenecen a los mismos dueños de los bancos en Colombia a quienes hemos criticado por su poca solidaridad durante esta pandemia.
A propósito, desde la Comisión Tercera del Senado que presido realizaremos este lunes 20 de abril a las 10:00 de la mañana el gran debate de control político al sector financiero, tras recibir innumerables denuncias de ciudadanos así como micro, pequeñas y medianas empresas sobre las actuaciones de los bancos en medio de esta coyuntura. Al debate citamos al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; al Superintendente Financiero, Jorge Castaño; e invitamos a los presidentes de Bancoldex, Javier Díaz; Banco Agrario, Francisco Mejía; Fondo Nacional de Garantías, Juan Carlos Durán; y Asobancaria, Santiago Castro.
Los colombianos y sectores productivos del país merecen respuestas concretas. Hemos recibido quejas de los ciudadanos por las altas tasas de los créditos bancarios, el alza de tarifas en los servicios financieros, varios casos de personas que no han recibido los congelamientos de créditos ni los alivios anunciados. Recientemente, expusimos las preocupaciones de pequeños y medianos empresarios frente a la línea Bancoldex que según las denuncias se estaría usando para compras de cartera entre los mismos bancos. Esto es algo muy serio. Los recursos que el Gobierno Nacional destina con gran esfuerzo a los microempresarios no pueden ser utilizados para resolverle el problema de cartera a los bancos.
Ya es hora de que los bancos de este país se pongan del lado de la gente y entiendan que si se quiebran las empresas, si las personas no tienen cómo pagar sus cuotas de crédito, la afectación a nivel nacional será crítica y se los llevará a ellos por delante. No es momento de pensar en ganar plata, a estas alturas ya deberían haber entendido que lo que necesita Colombia es que todos empujemos hacia el mismo lado y salgamos adelante.
Nota: Ahora que las AFP justifican parte del cobro de las comisiones por la doble asesoría que prestan a los ciudadanos para que puedan trasladarse al régimen pensional que más les conviene, vale la pena recordar que fue nuestra Ley 1748 de 2014 o ‘Ley de precios transparentes’ la que las obligó a suministrar este servicio. Antes de la norma, no sólo se ahorraban el dinero de la doble asesoría, sino que se negaron a brindar esta ayuda a miles de cotizantes que no pudieron cambiarse de régimen y obtener una pensión digna.