La aprobación del acuerdo por parte del Congreso de la Republica en Colombia está en veremos y muy sin duda un Congreso que no aprobó la dosis recreacional de la marihuana, que no aprobará la eutanasia y tampoco el avance en derechos sexuales y reproductivos, tampoco va a dar luz verde a esta importante iniciativa. Sin embargo, hay está el reto.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo básicamente: “los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
- El Acuerdo de Escazú reafirma lo que ya estableció el Gobierno del Presidente Duque en el Plan Nacional de desarrollo.
El Acuerdo de Escazú responde al Cumplimiento de la Agenda 2030 y a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) formulados por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2015, a los que se comprometió Colombia mediante el Documento CONPES 3918 de 2018 el cual priorizó cerca de 147 Metas y 156 Indicadores. Así mismo el gobierno del Presidente Duque incorporó los ODS al enfoque territorial en el plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad". El mismo Presidente Duque ha resaltado “la importancia de seguir avanzando en las metas de desarrollo sostenible, de cara al año 2030, mucho más cuando nuestro Plan de Desarrollo en Colombia, está cimentado en cada uno de los 17 objetivos y en donde todas las metas e indicadores también están alineados con desarrollar esta agenda”. https://seguimiento.co/colombia/el-covid-19-afecta-el-desarrollo-de-la-agenda-2030-y-plantea-importantes-desafios).
Si el gobierno colombiano está comprometido con la Agenda 2030 y los ODS es apenas natural que se ratifique el Acuerdo de Escazú ya que este busca: “luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. (Tomado literal de Acuerdo de Escazú).
- Gobernanza del Ambiente
El Acuerdo de Escazú plantea una nueva Gobernanza del Ambiente en Latinoamérica ya que su Objetivo es “Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. Esto implica un empoderamiento de la participación ciudadana, social y comunitaria en los temas ambientales, lo cual ha ocasionado prevención en sectores gubernamentales, del Congreso y de los gremios económicos. Es de recordar que la Gobernanza implica una nueva forma de gobierno en el que la ciudadanía hace cogestión. El empoderamiento de un sector implica desempoderamiento de otro en este caso el gubernamental y el de los gremios lo cual ocasiona resistencias. La Gobernanza del ambiente implica una mayor democratización en la toma de decisiones lo cual fortalece el ejercicio de gobierno y crea más Estado.
La Gobernanza no es solo participación social o asistencia a reuniones, es el empoderamiento de la ciudadanía y la sociedad civil en la gestión ambiental; como ya se mencionó implica también empoderamiento ciudadano, pero también desempoderamiento de las entidades gubernamentales. La información sobre la situación ambiental y la relación entre ambiente, calidad de vida y salud debe ser simétrica, lo cual quiere decir que el gobierno no puede tener más información que los ciudadanos, excepto la confidencial que está normada por la ley. También implica que se debe realizar seguimiento ciudadano por ejemplo a los planes de descontaminación y el análisis de los sectores responsables: industria, movilidad, transporte, agricultura, minería, así como de actores irregulares en el territorio como son los grupos ilegales por ejemplo.
El Acuerdo concibe la participación del “público” como integral en todo el ciclo o momentos de la política pública en ambiente, esto es en la formulación, implementación, evaluación y reformulación. Se establece la necesidad de adoptar “medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos”. La Gobernanza del ambiente es entendida entonces como la cogestión o coadministración de los ciudadanos y de las diversas formas organizadas de participación social y comunitaria en todo el ciclo de la administración de las políticas públicas en ambiente.
- El Open Data en Ambiente
En la Pandemia del Covid 19 se ha visto que al ciudadano llega acaso el 20% de la información y que los tableros de control del Ministerio de salud y del Instituto Nacional tienen información limitada. Los funcionarios tienen más información que no tiene el ciudadano. No hablamos aquí de información confidencial la cual está regulada por las normas. Si esto ocurre en salud, en el tema ambiental la situación es similar de deficiente. Se supone que el Ministerio de Ambiente dispone del “Sistema de Información Ambiental, SIA”, el cual permite el seguimiento a la calidad y estado de los recursos naturales y el ambiente, y que el Minambiente-IDEAM definen como “el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías que gestionan información sobre el estado, el uso y aprovechamiento, la vulnerabilidad y la sostenibilidad del ambiente, en los ámbitos continental y marino del territorio colombiano”. Sin embargo, al revisar la página http://www.siac.gov.co/sia, la información disponible se muestra en la siguiente tabla:
Tabla: Información ambiental disponible y su estado -Colombia
Según lo anterior de 6 subsistemas solo la mitad registran información y los otros 3 de forma muy parcial.
El Acuerdo de Escazú establece el “derechos de acceso” a la “información ambiental y el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales” y la generación y divulgación de información ambiental, incorporando mecanismos no solo para tener acceso a la información del estado del ambiente en por ecosistemas, factores de riesgo, territorio y poblaciones afectadas, sino también la gestión pública y privada que se realice sobre el ambiente en un territorio o país.
Es importante fortalecer aquí los observatorios de conflictos ambientales en Colombia tanto a nivel nacional y territorial con participación de la ciudadanía y la academia.
- Justicia Ambiental y Protección los derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú reitera la necesidad de una justicia ambiental especializada. Si bien en Colombia hay un Sistema Nacional Ambiental con “autoridades ambientales” a nivel nacional y territorial que diseña, aplican y vigilan el cumplimiento de las políticas públicas en ambiente entre las cuales están las cuestionadas corporaciones autónomas regionales, no existe una jurisdicción especializada en lo ambiental.
Es clave la reiteración en “Proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”. Colombia ocupa el primer lugar en asesinato de líderes ambientales según en el mundo según el informe de Global Witnees de año 2019. Durante lo corrido del 2020 la situación es peor. Ver: https://www.globalwitness.org/en/es/.
- Fortalecimiento de Capacidades
Es un punto central del Acuerdo de Escazú. La formación de nuevas ciudadanías que puedan participar activamente en la Gobernanza del Ambiente es fundamental a partir del desarrollo de capacidades que promuevan la formación de capital humano con competencias en el ser saber y el hacer en ambiente y su relación con calidad de vida y salud. Se hace necesario favorecer también las alianzas con las universidades para la incorporación de formación de competencias en el talento humano en ciencias ambientales y en los temas de Sostenibilidad y Derechos de la Naturaleza. Importante aquí apoyar la formación de niños y niñas en escuelas y colegios como gestores en ambiente a través de su entorno educativo y la formación de observatorios ciudadanos en ambiente como iniciativas de ciencia ciudadana.
- Una reflexión de la ética del ambiente o la ética de la tierra
El Acuerdo de Escazú desarrolla los principios éticos de la relación entre el hombre y la naturaleza y plantean un reto para que el Gobierno y el Congreso sean consecuentes con lo ya establecido en la Constitución Nacional y en el Plan Nacional de desarrollo de la administración del Presidente Duque.
Recordar aquí a Leonardo Boff que es un teólogo, sacerdote , filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño que sostiene que son tres los problemas que requieren con “urgencia” de una “ética mundial”, es el “Ethos Mundial”: “la crisis social, la crisis del sistema de trabajo y la crisis ecológica”, la alarma ecológica reside en el tipo de relación que los humanos han mantenido con la Tierra y sus recursos: una relación de dominio, de no reconocimiento de su alteridad y de falta del cuidado necesario y del respeto imprescindible”. Dos hitos marcan el pensamiento de ética ambiental de Boff : la Carta de la Tierra y la Encíclica Laudato Si Sobre el Cuidado de la Casa Común.
La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios de la Organización de las Naciones Unidas y se difundió en el año 2000 y que consta de 16 Principios. En su preámbulo dice: “somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras”:
Estos Principios son:
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad. Esto implica obviamente la vida humana.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
Como ciudadanos y académicos esperamos que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República no serán inferiores a estos principios y se ratifique el Acuerdo de Escazú.
