¡No más impunidad, que los asesinos renuncien ya!
La semana terminó con buenas noticias para toda Colombia. El expresidente Álvaro Uribe es libre, la selección nacional de fútbol debutó goleando y avanza en el Congreso de la República, con ponencia nuestra, la ley de turismo –fundamental para la economía nacional. Pero estas alegrías no nos pueden hacer olvidar que octubre comenzó con afirmaciones escalofriantes.
Rodrigo Londoño y Julián Gallo, líderes de FARC mejor conocidos con los alias de ‘Timochenko’ y ‘Carlos Lozada’, dijeron que, siguiendo instrucciones de Manuel Marulanda, ordenaron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el profesor de la Universidad Nacional Jesús Antonio Bejarano, el exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, el excongresista Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro Leongómez y José Rey. También nos enteramos que alias ‘Pastor Alape’ formuló, en nombre de FARC, “solicitud de perdón ante el dolor causado al pueblo antioqueño”, en particular a las familias de Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverry Mejía, asesinados a quemarropa por terroristas dirigidos por alias ‘El Paisa’. Y supimos que Tirofijo, con la frialdad que solo puede tener un sociópata, pedía acabar con la vida de Álvaro Uribe así: “Me gustaría que […] estudiarán la posibilidad de crear un mecanismo que nos permita salir del Gobernador de Antioquia […] si esto llegara a ser posible logramos mostrar a la opinión pública que a los incendiarios de la guerra también les toca su parte”. ¡Aterrador!
Aclarando que el Presidente más querido por los colombianos en época reciente no era un incendiario y que la patria no estaba en “guerra”, sino que la sociedad civil estaba amenazada por el narcoterrorismo fariano, la ética pública nos obliga a reaccionar ante las revelaciones de las FARC y a imponer criterios más exigentes que el indulgente pacto de La Habana. Porque, como lo manifestó en 1978 en la ceremonia de graduación de la Universidad Harvard el Nobel de literatura Alexander Solzhenitsyn, quizá el mejor testigo de la crueldad socialista soviética, “una sociedad sin otra escala que la legal tampoco es completamente digna […] una sociedad basada sobre los códigos de la ley, y que nunca llega a algo más elevado, pierde la oportunidad de aprovechar a pleno todo el rango completo de las posibilidades humanas”.
Los abogados continúan discutiendo si las abominables ‘confesiones’ de las FARC deben llevar a que pierdan los beneficios inmerecidos que les dio el nobel burlándose de la voluntad mayoritaria de los colombianos: la libertad obtenida extorsionando al pueblo, participación en política sin pisar la cárcel (su lugar en el Capitolio Nacional no fue ganado sino regalado) y la posibilidad de engañar a la ciudadanía posando de estadistas enmascarados de pacifistas. Pero los ciudadanos de a pie y quienes creemos, como el gran escritor ruso, que nuestros principios tienen que ir más lejos que la ley, pensamos que la moral nos obliga a pedir la terminación de esas contemplaciones.
Si a la FARC le importa dar ejemplo -especialmente a las nuevas generaciones-, si en realidad le inquieta la reconciliación y el perdón sinceros, si cree que la verdad no es un comodín para sacar provecho sino un elemento de la justicia, si algo de honor tiene, debería pedir a los congresistas responsables de esos asesinatos renunciar a sus curules y asumir sanciones penitenciarias. En consecuencia, la JEP debería imponerles una pena alternativa privativa de la libertad, similar a la contemplada en la Ley de Justicia y Paz, para alcanzar el consenso necesario y poder obtener el respaldo ciudadano que un acuerdo de paz verdadero requiere y evitar la intervención de un tribunal internacional.
Estoy convencida que los colombianos acompañarían masivamente esta propuesta. De por medio están las muertes de algunos de los mejores compatriotas de todos los tiempos; de por medio está, como solía decir Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental, un acuerdo de mínima humanidad y decencia: ninguna ideología, ningún fin político, justifica la violencia.
Encima. Con la decisión de la juez de control de garantías en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe triunfaron la presunción de inocencia, el debido proceso, las garantías judiciales y la libertad; ganaron la Constitución, la ley y la justicia.
