Resulta alarmante, por decir lo menos, la inseguridad que se vive en el país. Esta situación va mucho más allá de las encuestas de percepción ciudadana y se ha convertido en una realidad, urbana y rural, que no se puede ocultar de ninguna manera.
La operación de bandas organizadas, la extorsión y la violencia crecen sin control alguno. Las respuestas para detener este flagelo no dan más espera.
Y si bien, se habla de diferentes acciones de las autoridades en esta materia, es claro que los esfuerzos tienen que ser, por mucho, más contundentes. Llegó la hora de que, como país, las autoridades respondan con un razonamiento estratégico, claro, realista y organizado.
Nadie puede negar que, si la delincuencia se incrementa, se destruye la capacidad productiva de las naciones y se ocasiona una desaceleración de sus condiciones económicas y sociales, afectando de manera inmediata la inversión, la productividad y el crecimiento.
La situación que atravesamos en el anterior sentido está incidiendo de forma directa en la vida de todos los colombianos, atentando contra nuestro Estado de derecho.
La seguridad en estos momentos es una piedra angular de nuestro país que como nunca se tambalea y frente a la cual debemos actuar, desde el gobierno y la sociedad civil.
Es urgente promover la discusión pública con los diferentes agentes sociales para encontrar soluciones efectivas, antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que entender que no se trata en ningún momento de impulsar discursos exacerbantes o extrapolar replicas externas autoritarias que, a todas luces, atentan contra los derechos humanos.
Por el contrario, es pertinente reconfigurar de manera asertiva las políticas y las acciones propias en seguridad. Pero también es necesario desarrollar unas nuevas que nos permitan responder, con un esfuerzo común, a la defensa de lo que es propio, de lo que es del otro y de lo que es de todos, siempre respetando la integridad de todas las personas.
No podemos dar más espera. Es muy triste que temor y desasosiego se hayan convertido en sinónimos de cotidiano.
Es obligación el dar un giro histórico que evite el desmoronamiento social y económico de aquello que tanto nos ha costado construir como país. Defender el trinomio social de la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, es urgente, eso no se puede refutar.
Frente a ese giro, se hace vital que el gobierno, las autoridades, las instituciones privadas, la academia, las organizaciones no gubernamentales y los representantes de la sociedad civil, se sienten de inmediato a colaborar entre si para encontrar nuevas maneras de hacer frente a la inseguridad.
Los efectos de lo que estamos viviendo son tangibles. A pesar de la desaceleración económica mundial, todos sabemos que, en Colombia, esa misma desaceleración, también obedece a cientos, por no decir miles, de negocios y empresas que han debido cerrar sus puertas. Por la extorsión y/o la inseguridad para muchos es imposible trabajar.
La violencia que vivimos está amplificando la desigualdad y aumentando la pobreza a lo largo del país.
Por otra parte, no podemos olvidar que la inseguridad debilita la capacidad del Estado, haciéndolo vulnerable y mermando su capacidad de respuesta, algo que los violentos saben, de más, aprovechar para continuar delinquiendo.
Esta columna hace un llamado urgente a trabajar conjuntamente por la seguridad de nuestro país. Tenemos que detener las amenazas sistemáticas que nos están acorralando y haciendo incapaces de prosperar.
Nuestra tarea fundamental como sociedad es la de promover la paz y la estabilidad.
Sin embargo, también lo es la de reaccionar juntos para defender nuestro Estado de derecho, los derechos humanos y la tranquilidad de los millones de hogares que, diariamente ven como se amenazan su trabajo, sus ingresos y hasta su vida misma, por decir lo menos.
