General Luis García

Administrador policial, abogado, especialista en seguridad, magíster en Estudios Políticos y en Gestión Pública de la Universidad Javeriana y Universidad de Los Andes respectivamente. Con amplia experiencia en investigación, inteligencia policial e innovación pública. Se desempeña como consultor internacional en políticas públicas y estrategias de seguridad ciudadana y reformas policiales.

General Luis García

Este “spoiler” desafiará a los nuevos gobernantes

No sorprenden los pobres resultados en seguridad ciudadana y convivencia en los países de América Latina y el Caribe (ALC). Uno de los problemas centrales ha sido la escasa descentralización territorial. Si bien, las entidades territoriales tienen mayor autonomía y poder de decisión, siguen sujetas a condiciones políticas, jurídicas y administrativas impartidas por los Gobiernos centrales. Los intentos que se han dado desde la década de los ochenta no ayudaron al fortalecimiento institucional de los municipios; por el contrario, mientras las ciudades crecen y los ciudadanos exigen más seguridad y justicia, persisten enfoques y lineamientos dispersos de las entidades del orden nacional, sin verdaderas capacidades institucionales a nivel local.

La descentralización se ha pretendido hacer de manera automática mediante la expedición de leyes y algunas políticas marco diseñadas desde la nación hacia los municipios (enfoque top-down). Se exige que los alcaldes y las Policías las obedezcan sin que exista la preocupación de los Gobiernos nacionales por crear estructuras y capacidades apropiadas para dirigir política y operativamente la seguridad ciudadana y el servicio público que presta la Policía. Tampoco se han tenido en cuenta las particularidades propias de cada municipio, la importancia de capacitar a los funcionarios públicos y a los ciudadanos en el desarrollo de competencias para la autogestión y el autogobierno de los asuntos públicos relacionados con seguridad y convivencia ciudadana. En pocas palabras, cada vez hay más territorialización de las políticas y menos enfoque territorial de estas.

Después de tres décadas no hay buenas condiciones políticas, institucionales y culturales para el buen desarrollo de la autonomía territorial de forma coordinada y efectiva. Las autoridades del orden nacional y local deben comprender estas deficiencias. Para hacer frente al enfado popular por el aumento de la criminalidad, los Gobiernos de ALC deberían concretar reformas institucionales al sector seguridad que brinden mayor acompañamiento, autonomía y recursos, capacidades de autogobierno y estructuras adecuadas para una responsable planeación, coordinación, comunicación y cooperación. El crimen organizado es un asunto público que les exige a los Gobiernos nacionales una mayor integración interinstitucional, estrategias claras y mejores capacidades de intervención.

Hoy más que nunca, las ciudades y la ruralidad necesitan buenos líderes y administradores públicos, con equipos fuertes de trabajo y con una alta visión técnica y estratégica, que sean capaces de desarrollar modelos eficientes de gestión pública de manera focalizada y sobre la base de una muy buena comprensión de la realidad. No se trata de contratar consultores para diseñar guías o de copiar y pegar planes, tampoco de seguir generando spillovers con políticas públicas ineficientes que, en vez de solucionar los problemas, los incrementan. Se trata de implementar verdaderos procesos de políticas públicas que sean sostenibles, contextualizados y que respondan a las necesidades de las comunidades.

La escasez de recursos exige la ejecución con buena planeación y, en especial, encontrar nuevas fuentes de financiación, optimizar las capacidades reales de los municipios para gestionar de manera transparente y con datos detallados las amenazas y los riesgos que acechan a los ciudadanos. Aunque las soluciones parezcan obvias, la tenacidad y las políticas acertadas que se requieren para conseguir buenos resultados que favorezcan la protección de libertades y derechos ciudadanos en el corto plazo no tienen precedentes.

La instrumentalización política de la seguridad ciudadana para ganar elecciones es nociva, puede que con ella se gane, pero con ella no se gobierna. La causa política en tiempos electorales aviva el fervor, pero hoy los ciudadanos están mayormente informados sobre lo que está pasando en los barrios y veredas. Sabemos que más policías y drones no es la solución. Los vacíos de la descentralización territorial invitan a los nuevos gobernantes a construir una narrativa que coloque en el centro las verdaderas necesidades y realidades que hoy se viven. Este nuevo relato debe inspirar una verdadera causa que conduzca a un buen proyecto político y que, en suma, sea el cemento de una gestión pública contemporánea efectiva. Alerta de spoiler: recordemos que la historia nos enseña que no se pueden arreglar las promesas incumplidas y los fallos en la gobernanza de la seguridad con marketing político.

Las amenazas y los riesgos acechan por todas partes y se ocultan a plena vista. El éxito en estos tiempos radica en el buen juicio político, el liderazgo público, las capacidades institucionales, en políticas adecuadas y en una respuesta libre de sesgos ideológicos y sin narrativas populistas.

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