La semana pasada la doctora Bonnie Prado apareció en los medios de comunicación manifestando su desacuerdo por el hecho de que Colfuturo (como operador del MinCiencias) le estaba cobrando cerca de 400 millones de pesos por no haber cumplido con lo pactado en el contrato de financiamiento que le permitió estudiar su doctorado en la Universidad de Purdue en Estados Unidos.
Más allá de indagar sobre los detalles del caso de Bonnie, es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho el estado colombiano para que profesionales puedan mejorar sus competencias mediante estudios de maestría o sus capacidades de investigación a través de doctorados. En efecto, según el Observatorio de Ciencia y Tecnología, entre el 2009 y el 2018 el ICETEX otorgó más de veinte mil becas y Colciencias (hoy MinCiencias) otras casi diez mil para estudiar maestrías tanto en el exterior como en Colombia. Para hacer doctorados el número de ayudas económicas fue menor pues, para el mismo periodo, se entregaron un poco más de siete mil becas.
Para definir a quién otorgar tales becas, Colombia creó un sistema de financiación condicionadas a que los estudiantes se formen en universidades reconocidas, terminen sus estudios en el tiempo establecido y, para las becas en el exterior, se devuelvan a Colombia para que su conocimiento pueda ayudar a fortalecer la institucionalidad educativa e investigativa del país. De no darse esas condiciones, el becario deberá devolver los recursos públicos entregados a través del Icetex o del MinCiencias a través de su operador Colfuturo. Lo anterior con el fin de lograr las metas educativas propuestas para el país y la reasignación de recursos para otras personas interesadas en hacer sus maestrías o doctorados.
Bajo esas reglas Bonnie Prado firmó un contrato de financiamiento con Colfuturo comprometiéndose a devolver los recursos públicos que le asignaron para hacer su doctorado si no se devolviera a Colombia o si no lograra terminar su doctorado en el tiempo previsto para esto. Parece que no cumplió alguna de esas obligaciones. Sin embargo, la doctora Prado manifestó en los medios de comunicación que no le parecía justo que ella tuviera que devolver los recursos si estaba contribuyendo al avance de la ciencia desde Estados Unidos. Además, argumentaba que ese país sí promovía a sus científicos, lo que no hacía Colombia.
Una afirmación sobre las bondades del sistema de Estados Unidos puede ser debatido por senadores como el demócrata Bernie Sanders quien ha denunciado que 45 millones de norteamericanos deben cerca de $1.6 trillones de dólares por préstamos educativos. Para este senador esa deuda ha generado un gran desincentivo para quienes desean avanzar en sus estudios de posgrado. Tampoco resulta adecuado que los recursos públicos de Colombia se destinen a personas que no vuelven al país, como la doctora Bonnie.
Lo anterior muestra que el problema del pago de los préstamos de estudio no es sólo un problema en Colombia. Lo que sí parece ser una situación criolla es la baja capacidad de los periodistas para contextualizar tal situación de forma que, un caso
como el de Bonnie, tenga una cobertura que permita que deudores de Colfuturo puedan llegar pedir condonaciones de sus deudas sin volver a Colombia o sin terminar a tiempo sus estudios sacrificando las oportunidades a otros connacionales.
En ese sentido hacemos un llamado a quienes se beneficiaron de tales becas para cumplir con los compromisos que adquirieron en sus contratos de financiamiento. No olvidemos que el mal uso de esos recursos puede hacer que ese tipo de becas no sean mantenidas para las futuras generaciones. Igualmente, se espera que el ICETEX y el MinCiencias aumenten la destinación de recursos para apoyar este tipo de procesos de formación que contribuyen a crear una sociedad basada en el conocimiento.
