En las elecciones de 2019 casi la tercera parte de los electores de Bogotá eligió a Claudia López como alcaldesa. A poco más de un año de mandato, la esperanza de muchos se convirtió en decepción y los hechos explican el escepticismo ciudadano sobre su capacidad para dirigir la ciudad más importante de Colombia.
Parece que la máxima autoridad de Policía del Distrito no comprende que le incumbe preservar y restablecer el orden público, y comparte la hostilidad que contra la Policía Nacional promueven los mismos que destruyen la ciudad. Porque, ignorando sus deberes constitucionales y legales, y traicionando las expectativas de la gente, la alcaldesa ha dedicado tiempo y energías a pelear con nuestros policías en lugar de combatir a la delincuencia, verdadera enemiga de los habitantes de Bogotá. En efecto, cuando la alcaldesa López ha tenido la posibilidad de defender la protesta libre, pública y pacífica sin desatender la protección de la vida, la integridad y la tranquilidad ciudadana, ha preferido justificar el vandalismo violento que ataca personas, bloquea el tráfico y daña estaciones de Transmilenio, y destruye bienes públicos y privados -incluso templos religiosos, cercanías de clínicas y hospitales, monumentos nacionales y comercios honrados-; y, estigmatizar a nuestros policías y soldados como si fueran violadores de derechos humanos al servicio de una dictadura. Así ha ocurrido, por ejemplo, con ocasión de manifestaciones que han sido aprovechadas por algunos opositores y enemigos de nuestra democracia que, para poner en entre dicho la legitimidad del Gobierno, han explotado lamentables muertes y lesiones de ciudadanos que son conocidas por toda la nación, han sido discutidas públicamente y son investigadas por las autoridades competentes.
Aunque el crimen disminuyó durante los primeros meses del aislamiento provocado por la pandemia del COVID-19, es un hecho notorio, como lo revelan titulares en todos los medios, que la inseguridad en la capital está desbordada. El homicidio del valiente patrullero Edwin Caro el 10 de marzo mientras cumplía su deber y el asesinato de un esmeraldero y su escolta el 12 de marzo, no son imaginados, como tampoco lo es que una de cada cuatro personas, de acuerdo con el DANE, afirma haber sido víctima de un delito (38% jóvenes). Por eso no extraña que, como lo documenta la Cámara de Comercio de Bogotá, el 76% de sus habitantes se sientan inseguros, el índice más alto de los últimos cinco años. Lamentablemente, declaraciones de miembros del gabinete no sugieren ninguna intención de corregir la acción a partir de un autoexamen sincero sino desdén: el problema, para ellos, es “la percepción”, como si los asesinatos, las lesiones, los hurtos y otros delitos fueran inventos, no la terca realidad.
Se sabía desde antes de asumir como Alcaldesa Mayor, que Claudia puede ser explosiva e injusta con las palabras, por lo cual los jueces de la República le han ordenado ofrecer excusas públicas para rectificar afirmaciones ligeras contra la honra y reputación de las personas. Ese estilo se ha hecho también evidente desde que llegó al Palacio Liévano. Porque la forma denigrante en que gritó a un subordinado que todos escuchamos por los medios o la manera despectiva en que le pidió a una vendedora ambulante seguir trabajando son imborrables, al igual que su discusión permanente con el Gobierno Nacional, chivo expiatorio de sus desaciertos.
Todo esto ilustra la faceta más preocupante de la personalidad de la primera mujer en dirigir a Bogotá, quien además sueña ser Jefe de Estado. Su soberbia le impide tener la empatía del verdadero líder y la modestia necesaria para reconocer errores y asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos. Es titular de prensa todas las semanas por sus constantes peleas en público, la falta de coordinación institucional y las tantas veces que le ha tocado reversar decisiones. La altivez y desconexión de la gente y la ciudad han resultado enormes, al punto que no tuvo problema en justificar y presumir de su paseo a Costa Rica en medio de la segunda ola de contagio de la pandemia de finales de 2020 y comienzos de 2021.
Los agravios a los habitantes de Bogotá exigen un memorial mucho más extenso que una columna de opinión. Sin embargo, la limitación del espacio no evita recordar otros incumplimientos, mentiras, contradicciones diarias. La mujer que ostenta el segundo cargo más importante del país miente sacando pecho en los medios por 1499 nuevas Unidades de Cuidados Intensivos, pero no explica que el 75% son privadas, que 730 ventiladores fueron aportados por el Gobierno Nacional y 149 por ProBogotá y que apenas 143 fueron comprados por su administración. Pedía evitar multitudes, pero participaba en reuniones públicas en los meses de aislamiento social más estricto. Sostenía en campaña que el desarrollo de Bogotá no debía girar en torno al oriente y Chapinero, pero decidió que una nueva troncal de Transmilenio iría por La Séptima. Hacía creer que no era enemiga de la economía de mercado, pero se oponía a la apertura cuidadosa de la economía cuando ya había consenso en la urgencia de hacerlo, contribuyendo así a que la capital sea una de las ciudades con el desempleo más alto (21,6% en enero de este año). Le respondía a ‘Juanpis González Riaño’ en una entrevista que sería la jefe de la Policía, pero desde que se posesionó en el cargo se limpia las manos. Aplaude, para colmo de males, marchas en nombre de un feminismo dañino que no nos representa a la mayoría de las mujeres, pero restringe protestas legítimas de comerciantes y trabajadores por el sustento. Se presentó como una adalid de la lucha contra la corrupción y surfeó sobre esa ola, pero en su alcaldía hay denuncias de clientelismo y cosas que despiertan sospechas, como los casi dos millones de pesos que la Secretaria de Hábitat gastó en un par de audífonos AirPods y la contratación, por más de 321 millones de pesos para que asesore durante nueve meses “al despacho de la Alcaldesa Mayor en la dirección de las relaciones con los medios de comunicación”.
Se ha ufanado tradicionalmente de superioridad democrática, pero todas las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal reclaman participación y acaban de expresar en una carta dirigida a ella y a su Secretario de Gobierno su malestar por “las actitudes autocráticas”, “el permanente desconocimiento de las peticiones”, “las tardías decisiones” y “la constante estigmatización que sufren los comunales” de parte del Director del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Peor aún, ha dicho defender una agenda progresista y basada en derechos, pero no ha ocultado su xenofobia contra los hermanos venezolanos, los mismos a los que el Presidente Duque ha dado la mano en un gesto humanitario reconocido por la comunidad internacional.
Ojalá que la alcaldesa, por el bien de los habitantes de la capital, recapacite y corrija el rumbo. La ciudad, hoy dividida y enfrentada por criminales, el COVID-19, un sistema educativo paralizado y las dificultades de casi un millón de desempleados y una tasa de informalidad superior al 40%, requiere que la gestión de la autoridad distrital no caiga en picada como cae la alcaldesa en las encuestas.
Encima. El Presidente Duque sabe que la única frontera de nuestra política exterior es el universo, como lo confirma el fortalecimiento de nuestros lazos con la República Popular China, reconocido por su Presidente Xi Jinping. Los colombianos también esperamos que el pueblo chino, que tanto ha cooperado en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, siga avanzando para derrotar a esta enfermedad.
