Terribles son las consecuencias de la segunda ola invernal del año en Colombia para la vida y la economía. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, van más de 26 personas fallecidas, 39 heridas, 61.723 familias afectadas y ocho desaparecidos. A estos dolorosos números hay que añadir las multimillonarias pérdidas materiales, cuya reparación será un desafío monumental para un país que por culpa de la pandemia terminará un 2020 con un crecimiento negativo (solo en el tercer trimestre la caída en el PIB fue de 9%).
A las constantes y fuertes lluvias de la última semana que provocaron deslizamientos e inundaciones en los municipios de Dabeiba (Antioquia) y Lloró (Chocó), la fuerte marejada que obligó a declarar la calamidad pública en Cartagena, la avalancha por el desbordamiento de una quebrada en Cúcuta y la inundación de seis municipios en La Guajira, se sumó la total destrucción de la infraestructura física de la isla de Providencia por el Huracán Iota. En total, durante los últimos dos meses, 308 municipios han sufrido por los estragos del clima.
El Gobierno Nacional ha hecho lo que corresponde. Cuando los colombianos conmemorábamos la independencia de Cartagena, el presidente Duque y su gabinete establecieron allí un puesto de mando unificado desde donde partieron al archipiélago de San Andrés y Providencia para estudiar de primera mano lo sucedido. Pese a que no ha culminado la documentación de todos los daños, ya empezó a ejecutarse el plan de atención humanitaria a las familias más perjudicadas durante los próximos 100 días y se declaró la situación de desastre en todo el archipiélago. Estas medidas permitirán brindar con rapidez albergue, alimentos y atención médica, y restablecer lo antes posible los servicios públicos y la infraestructura.
Sin detenerse en analizar encuestas, sino centrándose en los problemas que afronta la Nación, y recordando que la principal obligación de un gobernante es cumplir responsablemente su labor, el Presidente ha asumido el liderazgo esperado por los colombianos. Hemos visto al Jefe de Estado en mangas de camisa impartiendo instrucciones mientras dialoga con la ciudadanía en diversos rincones de la patria, recorriendo Colombia para ver y escuchar, sin intermediarios, la realidad del país (los “baños de opinión pública”, como los llamó Abraham Lincoln).
Es verdad que la acción de las autoridades no basta para superar los retos que el clima nos ha traído, y es cierto que hay cosas por mejorar y lecciones que se deben aprender de lo acontecido. Pero es un acto de oportunismo político ramplón acusar al Gobierno de la devastación causada por esta temporada de lluvias y huracanes que ha resultado más grave por el fenómeno de La Niña. También es una exageración que insulta la inteligencia afirmar que el causante final de los destrozos es el ser humano y el sistema económico.
No tiene mucho sentido sostener que tras la ruina dejada por el huracán Iota en nuestras islas y aguas del Caribe está el consumo intensivo de petróleo y carbón, cuando entre los diez huracanes más mortíferos para los Estados Unidos solo uno ocurrió en época reciente, Katrina, también el más costoso de la historia. Sigamos las indicaciones de la ciencia y cumplamos nuestros compromisos internacionales que reflejan el consenso de la humanidad para mitigar y adaptarnos al cambio climático, pero no caigamos en simplismos mentirosos que difunden hipótesis pseudocientíficas para ganar votos.
Colombia no necesita que se explote mezquinamente una tragedia nacional para hacer campaña. Colombia requiere, aparte de la determinación y la entrega del Gobierno y las demás instituciones públicas, una ciudadanía involucrada y solidaria unida en una gran alianza público-privada. Colombia exige la generosidad de los sectores más privilegiados de la sociedad. Colombia demanda, en últimas, que recordemos que cada colombiano es una parte suya. Parafraseando lo escrito por John Donne en el siglo XVI y evocado por Hemingway en 1.940, nunca hay que preguntar por quién doblan las campanas, doblan por cada uno de nosotros.
Encima. Para contribuir en la recuperación de su infraestructura y competitividad, propuse en el Senado de la República destinar del impuesto al turismo (15 dólares) 0,5 dólares al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 0,5 dólares al municipio de Providencia y Santa Catalina. Es el momento de ser solidarios con nuestra hermosa isla.
