Lleguemos a imaginarnos hoy qué sería de Bogotá sin el Transmilenio, de Medellín y el Valle de Aburrá sin el Metro; lo mismo en Cali (MIO), Barranquilla (Transmetro), Cartagena (Transcaribe), Bucaramanga (Metrolínea) y Pereira (Megabús), ciudades que cuentan con sistemas de transporte masivo. La ausencia de sus servicios de movilidad sacrificaría las posibilidades de millones de ciudadanos a diario. El reflejo en el consumo de vehículos particulares, automóviles o motos desbordaría, de paso, los niveles de contaminación, cada vez más fuertes y repetitivos.
Conozco el caso de un joven estudiante de Bello, Antioquia que usa el Metro para ir a sus clases en una de las Instituciones de Educación Superior del Municipio de Medellín. Solo tarda 37 minutos para llegar a su destino con un costo aproximado de $2.700 frente a $12.000 que gastaría usando otro medio de transporte, en algunos casos difícil de encontrar. Con $9.000 tiene recarga suficiente para los viajes de una semana. Compañeros suyos de otras zonas del Valle de Aburrá, que antes tomaban buses con frecuencias de 4 a 6 minutos, han esperado hasta 35 minutos para que pasara el primer bus. Y otro compañero, viviendo en Santo Domingo Savio en la Comuna 1 – Popular, logra llegar a tiempo usando el Metrocable.
Y así, a millones de usuarios les resulta útil movilizarse a través del transporte masivo. La preocupación de una parálisis ha estado latente en la cuarentena que, por las medidas sanitarias que restringen la ocupación de pasajeros al 35%, se alcanzó una disminución de estos entre el 85% y 95% en los primeros meses del confinamiento. La pospandemia afrontará en la operación las secuelas de este tiempo y de las debilidades financieras ya existentes.
Desde el Congreso de la República podemos impulsar mesas de conversación entre el Gobierno nacional y los gerentes de los sistemas masivos para definir soluciones de fondo a través de una política pública de Estado que realmente esté soportada en un esquema de financiamiento. Una parte de la tarea, para el corto y mediano plazo, se ha ido haciendo.
En el Senado se visibilizó la problemática actual ante el Ministerio de Transporte para buscar garantías que alivien la carga prestacional de estas empresas. Después de llamados insistentes a la cartera de Gobierno, junto a Findeter, anunció la línea de crédito directo ‘Sistema de Transporte Masivo’ por un monto de $645.000 millones a disposición de las alcaldías de las siete ciudades con el servicio. La noticia oxigena, pero la solución va más allá.
Solo hasta abril, la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable – SIMUS – estimó que las pérdidas fueron de $2 billones. Debido al aislamiento, los viajes diarios pasaron de 5,3 millones a 1,3 millones, por ende, una baja ostensible de ingresos entre 67% y 70%. Según el Gobierno, el déficit de los sistemas masivos de transporte del país puede llegar a ser de $1,8 billones. Como los datos hablan por sí solos, ¿qué pasará cuando se agoten los recursos de créditos?, ¿realmente se está atacando el problema?
El esfuerzo soportaría también nuevos proyectos de transporte masivo como el aumento de flotas de buses eléctricos y las construcciones de: Regiotram de Occidente y el Metro en Bogotá; el Metro de la 80 en Medellín; el Metro Ligero para Barranquilla y su área metropolitana y la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP).
Mirando décadas atrás, cuando a finales de los años 90 se estructuró la política nacional de sistemas masivos, no se basó una ley con visión de política pública de Estado, sino que se acompañó una política de gobierno. Dicho de otro modo, la política de financiamiento de la operación se trasladó a los entes territoriales, vía cargas impositivas. Aunque no se puede desconocer que fue un gran paso para el país, lo cierto es que el coronavirus está desnudando otra pandemia que este medio de movilidad sufre hace décadas: una débil estructura legal y financiera.
Por eso, pongo a consideración la propuesta de política pública de movilidad urbana sustentable y de financiamiento, creada por la red SIMUS, que le propone al Gobierno nacional fortalecimiento e integración de la institucionalidad; sostenibilidad financiera; sistemas integrados multimodales y gestión de la operación y planificación del territorio, orientado a la movilidad.
A Colombia le toca enfrentar la nueva normalidad urbana con los problemas que se presenten en medio de una enfermedad impredecible como el coronavirus. Pensando en los colombianos, el Gobierno tendrá que seguir poniéndole el hombro a la situación, un reto en el que los Congresistas debemos ser parte del compromiso en miras a impulsar el plan de recuperación para este medio de movilidad que nació para ser incluyente, eficiente y sostenible.
