La Participación Ciudadana parece ser tan etérea que los ciudadanos en Colombia no vislumbramos su verdadero alcance, del poder que nos otorga. Ese poder, representado en la soberanía popular de una nación, podría ser muy efectivo en la lucha contra el cáncer que una y otra vez nos azota con gobiernos que se burlan de los ciudadanos y de forma descarada. El cáncer de la corrupción.
Según cifras de la Contraloría General, en 2020, la corrupción le costó al país un 17% del Presupuesto General de la Nación, es decir, la medio bobada de $50 billones de pesos. Una cifra que duplica los $23,4 billones de pesos que se pretendía recaudar con una de tantas reformas tributarias que se impulsan para tapar los huecos de una olla raspada que dejan sin escrúpulos.
En Colombia, en el siglo XXI, hemos visto tramitarse 48 reformas tributarias, con las cuales en diferentes situaciones políticas, económicas y sociales del país, se pretendió tapar el monumental hueco que nos deja el flagelo de la corrupción. Parece y suena a veces mentira, pero a los colombianos se nos volvió paisaje vivir en medio de una conducta que desangra el país. No nos podemos acostumbrar y mucho menos rendir, y por el contrario siempre debemos recordar y entender que tenemos herramientas constitucionales para recuperar el poder a través de la participación y que con ella podremos enfrentar y concientizar pedagógicamente para combatir efectivamente esa crónica enfermedad nacional, desde su raíz.
Los mecanismos existen y nos otorgan, por ejemplo, el derecho como ciudadanos a participar en la planeación, implementación, seguimiento, control vigilancia y evaluación de la gestión pública y del control político. Participar en democracia significa ser parte de la toma de las decisiones que nos afectan como sociedad. Otra cosa es que la reglamentación de esos mecanismos de participación nos haya quitado, a lo largo de los años, la posibilidad real y democrática de ser parte de todas las decisiones que hoy rechazamos y condenamos.
Dentro de las políticas de control y vigilancia a la corrupción que plantean los gobiernos, la participación de los ciudadanos y la construcción en conjunto con la institucionalidad, debe ser siempre el elemento que sea la pieza fundamental en el éxito de su implementación. Este concepto obedece a la lógica que en años recientes se ha designado como gobernanza y que hace referencia a la necesidad de comprender el gobierno como un proceso y no como un sujeto directivo, así como a la redefinición de los roles de uno y otro. A lo largo de la historia del país, se ha interpretado y se ha vuelto costumbre que los ciudadanos sirven al gobierno de turno, cuando la realidad es que estos dependen de la expresión de la voluntad democrática del ciudadano y deben servirle a ellos.
En una democracia participativa y representativa, como en la que se supone que vivimos, el pueblo manda. Los mecanismos con los cuales los colombianos ejercemos ese poder están escritos en nuestra Constitución Política y hacen parte de su columna vertebral. Ahí encontramos escrito el espíritu de la veeduría ciudadana, del voto programático, de la posibilidad de elaborar presupuestos participativos, entre otras varias facultades que empoderan al ciudadano para ser parte de las decisiones trascendentales en el desarrollo de nuestra sociedad.
A pesar de esto, es innegable que ciertos actores nos han arrebatado el poder constitucional por medio de los mecanismos de participación, como son aquellos gobernantes que miran al ciudadano con desdén desde la distancia y se burlan descaradamente haciendo uso irresponsable del poder que se les otorgó constitucionalmente.
En Soledad, Atlántico, he sido testigo de cómo un grupo de mujeres, líderes de su comunidad, tratan con lo que pueden de hacer control y veeduría permanente para el proceso de instalación del alumbrado público en su barrio, Altos de Jesús. La activa participación de estas mujeres ha logrado captar la atención institucional, que sólo se queda en la realización de mesas de trabajo que nunca logran dar una solución definitiva. Las autoridades se hacen ‘oídos sordos’ ante los reclamos que se realizan durante su proceso de veeduría ciudadana. Líderes como Yelis, Yesenia, Mónica, Cristina, entre otras, caminan por su barrio de extremo a extremo buscando respuestas a sus inquietudes.
Para combatir la corrupción debemos reorientar nuestros esfuerzos, fortaleciendo nuestros mecanismos de participación, para que con ellos se administre, se prevea y se evite la causación de daños de manera efectiva, y no que por el contrario, se acuda a reformas tributarias como la única forma de sanear temporalmente el daño causado, y que en gran medida solo afectan a la clase trabajadora. Se requiere buscar una profunda reforma a la reglamentación de los mecanismos de participación, buscando devolverle el verdadero espíritu a la participación ciudadana que no es nada distinto a devolverle el poder constitucional a través de su expresión popular. En últimas, en la democracia, el ciudadano siempre es el que manda.
