El caso de Michel Dayana González, una niña de 14 años abusada sexualmente y asesinada en Cali, es un trágico recordatorio de la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres y los niños en Colombia. Este caso no es un incidente aislado, sino parte de un patrón preocupante de violencia sexual y homicidios en la región y en el país.
En Colombia, se ha observado un incremento alarmante en los casos de abuso sexual, especialmente entre menores de edad. De acuerdo con los informes de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, se han registrado alarmantes cifras en Colombia en cuanto a delitos sexuales contra menores de edad. Entre enero y agosto de 2023, se documentaron 8.295 casos, distribuidos entre 4.605 incidentes que involucraron a niños y niñas, y 3.690 que afectaron a adolescentes.
Paralelamente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó la realización de 12.899 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales, abarcando a víctimas en etapas de la primera infancia, infancia y adolescencia, durante el mismo período.
En lo que respecta a Cali, la situación es igualmente grave. Cali Cómo Vamos reveló que en 2023 se presentaron alrededor de 2 casos diarios de violencia sexual en la ciudad de los cuales el 90% afectaron a mujeres. Asimismo, las cifras evidenciaron una clara tendencia a la violencia sexual hacia los menores de edad, 7 de cada 10 exámenes médicos por presunto delito sexual en la ciudad fueron practicados a menores de edad.
Este contexto alarmante nos lleva a un reclamo urgente a la sociedad y a las autoridades. Es imperativo que se tomen medidas concretas y efectivas para prevenir estos delitos y proteger a los más vulnerables.
La prevalencia del abuso infantil es una señal preocupante de la enfermedad que aqueja a nuestra sociedad. Este problema no es solo un reflejo de las acciones individuales, sino un indicativo de fallas sistémicas y culturales que permiten y, a veces, perpetúan el abuso de los más vulnerables. Como se destaca en varios informes y estudios, como los de la Child Welfare Information Gateway de los Estados Unidos, el abuso infantil tiene efectos devastadores a largo plazo en la salud física, psicológica y conductual de los niños, lo cual enfatiza la importancia de la prevención y la necesidad de una acción comunitaria coordinada y consciente.
Combatir el abuso sexual infantil requiere acciones concretas y un compromiso firme de todos los sectores de la sociedad. Primero, es esencial contar con leyes claras y estrictas que castiguen el abuso sexual infantil. No basta con tener legislaciones; estas deben ser efectivas y aplicadas rigurosamente. Además, los profesionales que trabajan con niños, como educadores y personal de salud, deben estar capacitados para identificar signos de abuso y saber cómo actuar ante sospechas o confirmaciones de estos actos deleznables.
La educación es otra herramienta crucial. Los programas escolares deben incluir educación sexual y sobre seguridad personal, enseñando a los niños sobre sus derechos, límites personales y cómo buscar ayuda en situaciones de riesgo. Paralelamente, es vital realizar campañas de concienciación pública que informen sobre las señales y consecuencias del abuso sexual infantil.
Las víctimas de abuso necesitan acceso a servicios de apoyo, como asesoramiento y protección legal, en un entorno comprensivo y seguro. Esto es fundamental para su recuperación y para evitar la revictimización. La participación comunitaria es igualmente importante; debe fomentarse una colaboración activa entre las escuelas, las organizaciones comunitarias, las fuerzas del orden y los servicios sociales para crear un entorno seguro para los niños.
Finalmente, es imprescindible invertir en la investigación y desarrollo de programas basados en evidencia para prevenir y tratar el abuso sexual infantil. Solo mediante un enfoque integral, que combine la legislación, la educación, el apoyo a las víctimas y la participación comunitaria, podremos esperar reducir significativamente los casos de abuso sexual infantil y asegurar un futuro más seguro para nuestros menores.
El caso de Michel Dayana González no puede quedar en la impunidad, ojalá la captura de su homicida trascienda en una pena ejemplar y se haga justicia. Su caso debe impulsar un llamado a la acción para enfrentar esta trágica realidad y trabajar hacia un futuro donde estos actos de violencia sean impensables.
