Miremos las dos caras de la moneda. Por un lado, eran varias las voces que habían manifestado su inconformidad frente a la escasa o nula verdad por parte de los ex integrantes de las Farc ante la justicia transicional, a la que se acogieron tras la firma del proceso de paz. Líderes, políticos y periodistas han cuestionado duramente a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- ya que en aproximadamente tres años de creación no se conoce ninguna medida efectiva que condene y ayude a esclarecer los delitos cometidos por los ex combatientes. Incluso, a la JEP le siguen lloviendo críticas por la laxitud, para muchos, con que manejó el caso de alias Jesús Santrich, quien terminó volándose y retomando las armas con ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’ en las profundidades de la selva y con la complicidad del gobierno venezolano.
Por el otro lado, tenemos unas reglas que -bien o mal- se pactaron en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. Este acuerdo, aunque muchos no lo compartan, permitió que los desmovilizados hicieran una transición hacia la vida política, lo que les dio derecho a ocupar 10 curules en el Congreso: 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. En efecto, actualmente alias ‘Timochenko’, ‘Carlos Antonio Lozada’, ‘Sandra Ramírez’, ‘Victoria Sandino’ y otros cinco ex miembros de la guerrilla ocupan un asiento en el legislativo en representación del partido Farc (perdieron la curul de Santrich). Además, en el acuerdo de paz se comprometieron con los siguientes pilares: contar la verdad, someterse a la justicia, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de los crímenes.
Ahora, con la reciente confesión por parte de las Farc sobre el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, cometido hace 25 años, el caso da un giro insospechado y la atención gira en torno a los excombatientes, especialmente a ‘Carlos Antonio Lozada’. En entrevista con El Espectador, el ex comandante guerrillero y ahora senador, aseguró que él fue quien ejecutó la orden de asesinar al ex candidato presidencial y quienes lo llevaron a cabo fueron milicianos de la Red Urbana Antonio Nariño en Bogotá. Casualmente, Lozada asegura que las cuatro personas que participaron en el operativo están muertas. Aunque se especula que uno de los gatilleros podría estar vivo.
De esta versión son más los interrogantes que han surgido que las respuestas. Primero, nadie entiende que las Farc se hayan callado por tantos años la autoría de este crimen. Lozada ha dicho que no lo consideraron pertinente por las luchas de poder entre varios sectores del país y, por tanto, decidieron esperar el momento oportuno que resulta ser ahora. Esta confesión y todas las pruebas que tienen los desmovilizados deberán llevarlas ante la JEP, competente en este caso, pero cuya efectividad es cuestionada por varias voces en el país. De hecho, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pidió a dicho órgano estudiar la conveniencia de que Lozada mantenga su curul tras confesar su ejecución en el magnicidio de Gómez Hurtado, declarado de lesa humanidad.
Mientras tanto, el ex vicepresidente y ex negociador de paz, el general en retiro Oscar Naranjo, ha expresado que los excombatientes deberán probar sus afirmaciones ante la JEP, tal como quedó establecido en el acuerdo y el Ministro de Justicia actual, Wilson Ruiz, señaló que por ahora no se puede apartar de su curul a Lozada debido a que está cumpliendo su compromiso de contar la verdad. ¿Qué tipo de verdad? Es lo que está por verse.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado no ha recibido con ningún beneplácito la versión de las Farc. Al contrario, han manifestado su preocupación por que se esté tratando de desviar la atención de los verdaderos responsables o de quienes realmente fabricaron el crimen con la colaboración de la guerrilla. Incluso, por años, la familia del líder conservador ha señalado a Ernesto Samper y Horacio Serpa como autores intelectuales, sin que jamás esta versión haya tenido avances significativos en el proceso que se lleva en la Fiscalía.
Allí, la línea de investigación, según se ha revelado en los mismos medios, señalaba como autores del crimen a miembros del cartel del norte del Valle en asocio con agentes del Estado, luego de escuchar testimonios de ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso. Sin embargo, Lozada dice ahora que las Farc son los únicos responsables, que actuaron solos e, incluso, que con la masacre de Mondoñedo -donde la Policía asesinó a seis jóvenes señalados de pertenecer a la Red Urbana Antonio Nariño- desviaron la atención de la investigación.
¿Por qué el Estado querría auto-incriminarse frente al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y proteger a las Farc como verdadero autor? ¿Por qué todos los integrantes de la célula armada que realizó el operativo para asesinar al líder conservador están muertos, según Lozada? Esperábamos que las Farc dijeran la verdad y ahora que aparentemente empiezan a contarla no les creemos, qué ironía. ¿Será porque al rompecabezas le quedan faltando muchas piezas? La buena noticia: tanto la JEP como la Fiscalía continúan sus investigaciones. La mala: si en 25 años hay un solo condenado que reclama ser inocente, ¿podremos esperar que ahora sí conozcamos lo que realmente sucedió?
