Andrés Santamaría Garrido

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con Estudios Políticos de la Universidad de Harvard y Magíster en Política y Políticas Públicas de la Universidad de Macquarie de Australia. He dedicado mi vida a  la promoción de la innovación social para impulsar el desarrollo sostenible. Estuve vinculado al sector público por más de 15 años como Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, Personero Municipal de Cali, y presidente de la Federación Nacional de Personerías –FENALPER

Andrés Santamaría Garrido

Derechos humanos en declive

A medida que nos acercamos al Día Internacional de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, es crucial reflexionar sobre el sombrío panorama de los derechos humanos en Colombia. El año 2023 ha sido testigo de continuos abusos por parte de grupos armados, un acceso limitado a la justicia y altos niveles de pobreza, impactando desproporcionadamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta situación, exacerbada en áreas remotas, ha alcanzado niveles de violencia similares a los tiempos anteriores al acuerdo de paz de 2016.

Durante este año, la situación de los derechos humanos en Colombia ha sido alarmante. Según la Defensoría del Pueblo, 215 líderes sociales fueron asesinados en 2022, y en lo que va de 2023, se han registrado otros 111 crímenes. Los secuestros han aumentado un 39% en comparación con el año anterior, y las masacres han incrementado, según Indepaz hasta el 3 de diciembre se han presentado 90, afectando gravemente a miles de familias y personas a través de desplazamientos forzados masivos.

El aumento de violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro refleja los complejos desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz y la estabilidad. A pesar de las intenciones del acuerdo de paz de 2016 y los esfuerzos del gobierno actual por una política de "paz total", la persistencia y adaptabilidad de grupos armados en áreas remotas siguen siendo un obstáculo significativo.

En el ámbito internacional, Colombia se enfrenta a uno de los desafíos más difíciles en materia de derechos humanos. La violencia y el desplazamiento forzado, aunque son fenómenos comúnmente asociados con zonas de conflicto, alcanzan en Colombia una magnitud y persistencia que demandan una atención extraordinaria. La situación del país, en este aspecto, guarda una alarmante similitud con la de naciones como Siria y Yemen, donde conflictos prolongados han causado estragos en la sociedad. Al igual que estos países, Colombia lucha con retos únicos en cuanto a seguridad, estabilidad y protección de los derechos fundamentales. Estas comparaciones enfatizan la severidad de la situación colombiana en el escenario mundial, y subrayan la imperiosa necesidad de desarrollar soluciones eficaces y adaptadas a la compleja y crítica realidad del país, similar a la de estas naciones marcadas profundamente por conflictos

Para abordar esta violencia persistente, Colombia debe fortalecer las instituciones de justicia mediante reformas que aseguren su independencia y eficacia, complementadas con programas de capacitación para jueces, fiscales y personal de seguridad. Una inversión sustancial en desarrollo socioeconómico es crucial, especialmente en regiones afectadas por la violencia, incluyendo la creación de oportunidades de empleo y mejoras en educación y capacitación profesional.

Además, un enfoque en el desarme y la desmovilización de grupos armados ilegales es esencial, diseñando programas que ofrezcan alternativas de vida sostenibles y políticas de reinserción social para combatientes desmovilizados. La prevención del crimen y la cooperación internacional también son fundamentales, instando a una estrecha colaboración con organismos internacionales, ONGs y países vecinos.

Es imperativo destacar la importancia de una sólida estrategia de seguridad militar y la reducción de delitos. Se propone fortalecer las operaciones de seguridad militar en áreas propensas a la violencia, aumentando la presencia y capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Esto requiere mayor inversión en tecnología y entrenamiento, junto con la implementación de políticas de reducción de delitos que incluyan estrategias comunitarias de policía.

El Día Internacional de los Derechos Humanos debe ser un recordatorio del largo camino que aún queda por recorrer en Colombia. La lucha por la protección y promoción de los derechos humanos es una responsabilidad colectiva que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de un esfuerzo conjunto y estrategias innovadoras, Colombia podrá esperar un futuro más justo y pacífico para todos.

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Andrés Santamaría Garrido
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