La oposición se ha tomado como tarea personal y de primer orden ser los más fieles escuderos de las EPS. Ante el clamor popular manifestado en el 2021 y materializado en el 2022 de contar con un sistema de salud digno, que no deje morir a las personas en las puertas de las clínicas y los hospitales a razón de la avaricia de unos mercaderes de la salud, los políticos tradicionales han centrado todos sus esfuerzos en vender la idea de que el modelo de salud colombiano es utópico y que las EPS son unas pobres víctimas de un Gobierno que no les da dinero.
Hemos visto como todos los exministros de salud, ya sean santistas, uribistas o duquistas se dedican a sacar comunicaciones periódicas en las que acusan al Gobierno del cambio de estar asfixiando a las EPS, asegurando que un sistema de salud sin estas entidades es impensable e imposible.
Por eso, ante el informe de la Contraloría en el que señala que estamos ante una crisis del sistema de salud a causa de los incumplimientos de las EPS, sorprende el silencio de aquellos que hasta hace poco las estaban defendiendo. Muy bien puede ser que su extraña quietud ante el informe de la Contraloría es porque saben de la responsabilidad que han tenido en crear y perpetuar el horrible modelo de negocio que crearon alrededor del bienestar de los colombianos.
Se les olvida que el mismo Iván Duque dijo en el 2018 que en la salud se veían unas redes de corrupción que debían ser desarticuladas, y que la Superintendencia de Salud debía ser fortalecida para aplicar presión a los que incumplen. Dos puntos con los que no puedo estar más de acuerdo con el expresidente, que además corresponden a asuntos centrales de la reforma a la salud.
De acuerdo a la Contraloría, sólo 5 de 26 EPS cumplen con los requisitos financieros habilitantes para poder funcionar, que son contar con un capital mínimo, tener un patrimonio adecuado y, lo más importante, cumplir con las reservas técnicas, que es el dinero que deben tener para poder afrontar sus obligaciones. Deberían haber 13.7 billones de pesos en reservas técnicas, pero sólo aparecen 1.3 billones; esto significa que hay 12.4 billones de pesos que las EPS deberían tener asegurados para poder funcionar y no están por ningún lado.
Las EPS y sus paladines políticos han basado todo su discurso en una única noción: el negocio de las EPS es perfecto, el único problema es que el Gobierno no les da recursos. Una mentira que se cae por su propio peso, pues el informe también deja claro que el Gobierno está al día con el giro de la UPC, que es la cantidad de dinero que se le debe entregar a cada EPS por paciente afiliado y se destina a la inmensa mayoría de procedimientos de salud.
Lo dicho por la Contraloría no es nuevo, pues en noviembre del año pasado la Superintendencia Nacional de Salud publicó un informe en el que daba cuenta que solo cuatro entidades estaban cumpliendo con el régimen de inversiones de la reserva técnica. Medios de comunicación tradicionales, como El Colombiano, salieron a decir que la Supersalud estaba manipulando información para afectar a las pobres empresas. Me pregunto si en su afán de ser el otro cuerpo protector de las EPS acusarán a la Contraloría de embusteros y enemigos de la salud.
Otro hecho sumamente preocupante es la deuda que tienen con los hospitales del país, de más de $11 billones de pesos. Mientras las EPS se enriquecen a punta de la intermediación financiera, quienes sí se encargan de atender a los colombianos deben funcionar a pérdidas porque no les pagan por sus servicios.
El Contralor anunció que en marzo van a publicar un reporte sobre con quién es la deuda hospitalaria; si se confirma que en su mayoría es con entidades públicas, esto confirmará que las EPS se han dedicado a contratar con los prestadores de su mismo grupo empresarial, la integración vertical que hace redondo el negocio de la salud.
Lo cierto es que estamos ante un momento clave para concretar el futuro de la salud en Colombia. Se ha revelado un secreto a voces: hay una crisis estructural del sistema con un modelo de negocio que aparentemente está siempre en números rojos, pero que sus dueños se aferran con uñas y garras para no soltar. Un negocio donde, de forma muy sospechosa, ganan hasta en la quiebra.
