Los enemigos de la institucionalidad han logrado colarse en la Administración, escudándose con la Paz Total y representando deslealmente la democracia deliberativa. Aunque parezca contradictorio que las autoridades materialicen una insurrección frente a un Estado que ellos mismos representan, es una estrategia totalitaria conocida que se ha empleado para debilitar los controles al ejercicio del poder público. Julio César nunca se proclamó emperador, pero su actitud política acabó con la república romana e hizo que su nombre sirviera de título a los káiseres alemanes y zares eslavos siglos después de su muerte.
Los procedimientos deliberativos son herramientas para resolver diferencias en democracia, teniendo en cuenta todas las posturas expresadas sobre los problemas que se discuten. Tales escenarios políticos son efectivos para prevenir la violencia y las disputas directas entre las partes interesadas.
Puede parecer abstracto, pero hoy se aplica de diferentes formas. Por ejemplo, en Colombia se exige que el Gobierno publique borradores de regulación para que las personas interesadas tengan la posibilidad de expresar opiniones y hacer propuestas sobre las decisiones administrativas (Art. 8.8 del CPACA). Asimismo, la expedición de los planes de ordenamiento territorial solo puede darse luego de concertaciones y consultas a la ciudadanía (Arts. 22 y 24 de la Ley 388 de 1997). Existen otros mecanismos deliberativos institucionalizados, pero —en general— ninguno se toma en serio
Los colombianos no estamos acostumbrados a escuchar las ideas de los demás con respeto y sinceridad (otorgándoles el valor que merecen), razón por la que se cumplen mecánicamente las obligaciones deliberativas de los procedimientos. Es como si se tratase de exigencias inocuas, porque al final la decisión se toma con independencia de las observaciones expresadas. Pese a que esta actitud pueda incluso viciar las determinaciones, se trata de uno de los principales inconvenientes de la democracia deliberativa de Jürgen Habermas, a quien —por esta y otras razones— algunos hemos catalogado de trascendental.
Una dificultad superior es el empleo de la democracia deliberativa por oportunistas hipócritas que, valiéndose de la amabilidad con la que se presenta la teoría, tergiversan el procedimiento para que sirva a sus intereses personales. ¡Y cuidado con los narcisistas! La ponen al servicio de su vanidad para pasar a la historia, hacer algo grande y que se escriban ríos de tinta. Al fin y al cabo, «el bien común soy yo».
En nuestro caso, el sistema constitucional prevé reglas estrictas para el control jurídico de los actos de la Administración y el Legislador, así como de control político del Gobierno. No obstante, la práctica se ha encargado de demostrarnos que nuestros operadores son tímidos y los aplican excepcionalmente, sobre todo, cuando se trata de enfrentarse a los grandes poderes públicos y económicos. Los monstruos del centralismo, el clientelismo y la corrupción conforman un enorme Leviatán capaz de aplastar a cualquier adversario. Es así como entrometerse en los asuntos del presidente es propio de pocos osados (por no decir desquiciados), que se atreven a enfrentarse a la inmunidad presidencial, conocida excusa para encubrir delitos, favorecer electoralmente a un partido o candidato, o comprar votos con el patrimonio público a través de subsidios. En un contexto como este, la democracia deliberativa esta puesta a disposición de malintencionados predadores
El 10 de marzo de 2023, el Gobierno y el ELN firmaron el Acuerdo de México, o Acuerdo n.º 6, que fijaba la agenda de diálogos de paz entre las partes. El texto anunciaba que en la negociación se examinarían «el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional». Por el alboroto que causó la pretensiosa agenda y para dotar de legitimidad a la fase de diseño del proceso de participación de la sociedad civil, el Acuerdo n.º 9, de 9 de junio, creó el Comité Nacional de Participación (CNP).
No es que la deliberación sea indeseable para la definición de estos asuntos. Todo lo contrario: la democracia exige su fomentación. Sin embargo, ¡cuidado con la invitación a integrar el CNP, pues a algunas vienen en sobres bomba!
El CNP está bajo la vocería y dirección del Gobierno y el ELN, quienes definieron sus integrantes e incluyeron ocho delegados propios. Pero ríanse: de los treinta movimientos, pueblos y organizaciones de la sociedad civil que conforman el CNP, solo dos corresponden a los gremios económicos. Las delegaciones son del CGN y ACOPI, que —con 5 de 81 representantes— examinarán la estructura político-económica colombiana liderados por la Mesa de Diálogos. Los gremios económicos serán así convidados de piedra en las sesiones, incluso si se suman los tres representantes del sector minero energético. Ni que hablar del Estado, que con cuatro representantes parece que no tiene nada que ver con la Paz Total.
Se supone que la colaboración de la sociedad civil será incluyente, participativa y vinculante, pero la sola integración del CNP indica que será proselitista, selectiva y anticonstitucional. Aún no ha culminado sus labores y puede preverse que el diseño del modelo le sirva al candidato presidencial oficialista para hacer campaña en todo el país, de la mano de sus amigotes, y saltarse al Congreso, que no ha votado sus reformas a favor. ¿Se imaginan el monólogo?
— Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana se consideren deliberativas de ahora en adelante, por definición habrá más democracia en Colombia y nuestras reformas serán vinculantes.
— Igual yo invito a nuestros amigos… Las reformas salen porque salen.
— Transformaciones para la Paz, se llaman ahora. No podemos olvidar a la Primera Línea.
La voluntad del Gobierno y del ELN son una sola. ¿Pero qué alternativa le queda a nuestro sistema político si sus mandatarios tienen actitud de golpistas? Lo que traman es gobernar a nuestras espaldas, instrumentalizando la denominada «sociedad civil». Nos corresponde entonces expresar nuestro rechazo en las elecciones de octubre para que quede claro que no han secuestrado todo el poder.
«La suerte está echada», y esperemos que las instituciones ganen la batalla.
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