Pasada las elecciones al Congreso, nos quedan a los electores muchos sinsabores, que bien, podrían traducirse en esa apatía existente en aquellos que ya estamos hastiados de un sistema corrupto e inoperante.
Los comicios del pasado domingo 13, estuvieron llenos de esa mezcla entre satisfacción y decepción, y en medio de esa desesperante dicotomía, estaba el futuro de estos pueblos olvidados de la mano de Dios.
Ganadores que en realidad perdieron y perdedores que ganaron mucho, eso podría ser la síntesis de lo que pasó en el Chocó en la pasada contienda electoral.
El futuro del Chocó no pinta bien, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, dictó antier, medida de aseguramiento en su lugar de residencia con separación del cargo, al Gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión de $220 millones.
Este hecho, sea Palacios Calderón culpable o no, trae como consecuencia, ingobernabilidad, caos, desorden administrativo y por supuesto verguenza.
No somos organismos de control para juzgar, pero si llama la atención que un administrador de la talla del mandatario chocoano, que ya llevó las riendas de un ente territorial, caiga por un contrato leonino por semejante "chichigua".
La Justicia obrará de acuerdo a las pruebas, esperando que todo se resuelva de la mejor manera, no solo para él, sino para el Chocó, que no aguanta un acto más de corrupción.
Por otro lado, el próximo martes 29 de este mes, pasará al banquillo el recién elegido Representante a la Cámara, Jhoany Carlos Alberto Palacios "Domingo".
El polémico ex gobernador, tiene audiencia por dos procesos, uno por prevaricato por omisión por concurso homogéneo y en concurso heterogéneo por peculado por apropiación, por temas relacionados con la construcción de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó - UTCH en el municipio de Istmina y del contrato para su interventoría técnica y financiera.
De salir mal las cosas, Domingo enfrentaría a la justicia y el pobre Chocó perdería una de las dos curules de cámaras ganadas en la pasada contienda electoral, por aquello de la #SillaVacia
Por el bien de esta tierra y sus hijos, esperemos que Dios haga su obra, la que Él estime conveniente en su Santa y Magnifica Sabiduría.
Pasando a otro plano, una comitiva compuesta por los tres cargos más importantes de la Conferencia Episcopal Colombiana se reunió con el Papa Francisco ayer jueves, para discutir el panorama electoral del país y las preocupaciones del episcopado en Colombia y el mundo.
Aunque Jorge Mario Bergoglio, está muy bien dateado sobre la problemática que aqueja a Colombia, entre ellos, la violencia, a causa de los grupos al margen de la ley que operan a lo largo y ancho del país, tuvo la oportunidad de escuchar de boca de los prelados, la realidad que vivimos.
Este informe presentado por los obispos colombianos, que incluyó un completo capitulo sobre los problemas de seguridad que afrontan las diferentes regiones del país y el recrudecimiento del conflicto en el Chocó, Buenaventura, Arauca, Catatumbo, el Urabá antioqueño, entre otros, coincidió con el informe "Retos Humanitarios 2022″, presentado el pasado miércoles por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que evidenció el aumento en la reconfiguración de grupos armados en el país, así como en casos de desapariciones, confinamientos, desplazamientos forzados y usos de la fuerza desproporcionada por parte de la Fuerza Pública.
Una de las conclusiones de ese importante documento, fue que el pico más alto de violencia en Colombia en los últimos cinco años se alcanzó en 2021, atribuyéndole buena parte de estas situaciones a la reconfiguración de distintos actores armados no estatales que buscan control social por medio de disputas territoriales y presiones sobre la población civil.
La escasa presencia estatal en los territorios y la pobreza, fueron factores que aumentaron la crisis humanitaria de comunidades que vieron cómo los armados irrumpieron contra sus escuelas, centros de salud, lugares de culto y sobre todo sus hogares, sin respeto alguno por el principio de precaución, uno de los ejes del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La consecuencia de esto fue un saldo de 884 violaciones al DIH, de las cuales el 59% correspondieron a homicidios, amenazas, privaciones arbitrarias de la libertad, utilización de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vinculación de niñas, niños y adolescentes con actores armados y violencia sexual, entre otros hechos graves.
Estos delitos fueron perpetrados, principalmente, en zonas rurales de: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo y Guaviare.
En estos lugares siguieron también latentes dos cuestiones invisibilizadas: las dinámicas de reclutamiento forzado de menores de edad que, según el CICR, se explican por falta de oportunidades, cierres de centros educativos a raíz de la pandemia, incitación por medio del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas; y los delitos de violencia sexual, perpetrados no solamente con el fin de intimidar y castigar a las personas o comunidades, sino también para exhibir poder y demostrar control territorial.
A propósito de esto, esta semana, fue noticia el aumento de supuestos casos de suicidio de menores indígenas en el Chocó, para evitar ser reclutados por las disidencias de las Farc, ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Por tal motivo, Jefferson Mena, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, anunció una reunión de alto nivel en Quibdó, con la presencia de viceministros de distintos despachos, precisamente para analizar temas referentes a reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en esta región del país, del 29 al 30 de marzo, a la que fuimos invitados y que les contaremos los pormenores en una próxima entrega.
