La inseguridad se perfiló como una de las “pandemias dentro de la pandemia”, siendo además una consecuencia de las problemáticas socioeconómicas que ya existían previamente y que el COVID-19 solo agravó. Claramente la inseguridad siempre ha sido una de las principales problemáticas de Bogotá y un punto de discusión en todas las agendas y debates políticos, pero la alta ocurrencia de delitos en el contexto de las cuarentenas justifica la preocupación de muchos.
Si bien las cifras de inseguridad presentaron una reducción, al punto tal que la Administración Distrital las presentó como “un logro histórico”, es irresponsable decir que eso es así.
Para desmentir ese planteamiento, vale la pena dar un vistazo a algunas de esas cifras. En primer lugar, tenemos el hurto de personas, el cual tuvo más de 127 mil casos durante el 2019, en tanto que durante el 2020 se presentaron más de 82 mil. En segundo lugar, está el hurto de celulares, con más de 61 mil casos durante el 2019 en comparación con los cerca de 49 mil casos de 2020. En tercer lugar, están los homicidios, delito que en el 2019 presentó 1.052 casos, en comparación con los 1.032 del 2020. Y, en cuarto lugar, el hurto a residencias con más de 9.900 casos en el 2019 en comparación con los más de 8.500 casos que tuvieron lugar en el 2020.
Debo reconocer, antes que nada, que la disminución per se es positiva, pero lejos de ser cifras históricas y, como señala el informe de la Veeduría Distrital de diciembre de 2020, lejos de ser resultado de las medidas y políticas implementadas por las autoridades, dicha reducción se debió principalmente a las restricciones en los patrones de movilidad y de actividades laborales, económicas y comerciales, a causa de la pandemia. Adicionalmente, si vemos las cifras en la escala de movilidad de la pandemia y las respectivas restricciones, se puede concluir que tienden a ser altas, pues realmente no tienen una gran diferencia con las del 2019.
En este punto aclaro que las cifras anteriormente expuestas fueron tomadas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, con corte del 3 de febrero de 2021.
También ha surgido otro argumento, el cual afirma que la inseguridad se debe más a un tema de percepción, antes que ser una realidad. Sin embargo, y teniendo en cuenta las cifras, sería impreciso defender esa postura. A pesar de esto, lo arrojado por la Encuesta de Percepción de Inseguridad y Victimización de 2020, hecha por la Cámara de Comercio de Bogotá, corrobora que, a la par de los delitos, el 76% de los ciudadanos tienden a sentirse más inseguros en la ciudad y un 41% considera que el barrio donde reside es igualmente inseguro. Con esto una cosa debe ser cierta: la sensación de inseguridad en la ciudadanía no es algo fortuito y carente de sustento.
Todo esto viene acompañado de un marcado aumento de la violencia por parte de los delincuentes, lo cual pone en grave riesgo la integridad y la vida misma de los ciudadanos y explica el estado de miedo entre los bogotanos. Tal y como reseña Guillermo Segovia de la Fundación Paz y Reconciliación, para fines del 2020 se atestiguó el apuñalamiento de una persona en Transmilenio, el asesinato de otra persona en un forcejeo por evitar el hurto de su gorra, otra fue atacada con sevicia frente a su residencia para robarle el celular, y otras personas arrastradas por motocicletas que quieren hurtarles sus bolsos. Según el informe de la Veeduría, en los delitos cometidos en el transporte público se usaron armas de fuego en cerca de 466 casos, y armas blancas en al menos 145 casos, tanto en el SITP como en el TransMilenio.
Presentar entonces la disminución de algunos delitos como una victoria es un error, justamente porque vemos que aquellos que han tenido un aumento marcado, han sido producto de las dinámicas propias de la pandemia.
El más destacable es el hurto de bicicletas, el cual tuvo en el 2019 más de 8 mil casos y en el 2020 más de 10.800, aumento que se dio una vez iniciaron las reactivaciones graduales en mayo y tuvo cifras bastante altas a despecho de las posteriores cuarentenas sectorizadas en el segundo semestre, con el 46% de los hurtos siendo bajo modalidad de atraco, el 30% con armas blancas y un 34% por factor de oportunidad, según la Administración.
Otro flagelo que afecta gravemente a la ciudad es la violencia intrafamiliar. Según la Secretaría Distrital de Integración Social, en el 2020 se atendieron a más de 20.000 mujeres por esta razón, siendo las más afectadas las mujeres entre los 27 y 59 años (49%) y teniendo lugar en localidades como Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. La Secretaría de Seguridad a su turno, reportó más de 37.000 casos en el 2020 frente a los más de 36 mil casos de 2019. Y según cifras de la Secretaría de la Mujer, la violencia psicológica, física y económica fueron los tipos más recurrentes, con un 50%, 24% y 21% respectivamente.
Esta situación nos debe llevar a reflexionar sobre cuáles deben ser las medidas que se deben contemplar de cara a un escenario en seguridad muy retador.
Una primera es la gestión eficaz y oportuna de la violencia intrafamiliar. Otra es la gestión de la reincidencia, que afecta los niveles de seguridad de los ciudadanos e incluso desgasta al sistema de justicia, además de disuadir al ciudadano de denunciar y afectar al sistema carcelario con situaciones de hacinamiento y malas condiciones.
También es necesario avanzar en acciones que mejoren la respuesta de las autoridades. Es cierto que la pandemia cambió las dinámicas operacionales debido a la necesidad de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad y de restricciones a la movilidad para evitar más contagios. Pero también es importante señalar que, como evidencia la Cámara de Comercio de Bogotá, hay una insatisfacción de la ciudadanía con la reacción de las autoridades: del 20% de las personas que afirmaron haber usado la Línea 123, el 41% calificó la atención como mala y un 16% dio la misma calificación a la policía. Esto implica, siguiendo lo sugerido por Bogotá Cómo Vamos, una mejora en la vigilancia y la atención, mayor presencia en el territorio y una inteligencia más efectiva, acompañada de una desarticulación total de las estructuras criminales. También es necesario un trabajo coordinado y articulado, así como un enfoque flexible y territorializado, idea acertada dado el tamaño y la complejidad de Bogotá.
Esta situación demanda un trabajo articulado y coordinado entre los distintos organismos de seguridad y de justicia, tales como la Fiscalía, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad. Además, es importante incluir dentro de dicha estrategia a otras entidades del Distrito que pueden aportar en la construcción de un enfoque preventivo, que reduzca los factores de riesgo de orden socioeconómico, tales como Secretaría de Educación, en cuanto a la formación de los menores y la detección temprana de casos de violencia intrafamiliar e incluso la misma deserción escolar, e Integración Social, en la gestión de factores de riesgo tales como la habitabilidad en calle y el consumo de SPA.
Finalmente, del éxito de la reactivación económica y de su rapidez o lentitud, puede depender mucho el comportamiento de la seguridad, teniendo en cuenta que el impacto socioeconómico, producto de la pandemia, fue un factor en el aumento de la inseguridad. Es por esto por lo que las acciones deben ser urgentes, coordinadas y multisectoriales, no solo pensando en el aumento del pie de fuerza, cámaras y demás herramientas, sino también, haciendo inversión en el sector social y ofreciéndole a los bogotanos, más que subsidios, espacios laborales y de educación que les provean soluciones de vida a largo plazo.
