Enrique Herrera
Experto en Desarrollo Rural, Tierras y Agro. Abogado, Especialista en planificación y administración regional del Cider y Magister Artis en Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España. Con vasta experiencia en el sector público y analista de políticas públicas del sector tierras, desarrollo rural y de política electoral.
Enrique Herrera

El florero de Llorente en el agro: los decretos de expropiación exprés y movilización campesina

Dos borradores de decreto del Ministerio de Agricultura, el uno, de expropiación y extinción exprés del derecho de dominio de la propiedad privada y el otro, de movilización campesina, pueden ser el florero de Llorente que inicie una revuelta de enfrentamientos políticos, mediáticos y  de relatos. Y, además, pateé, la alianza con Fedegan.  

Pareciera ser que confrontación, inestabilidad, movilización de redes sociales y ciudadana fueran el estilo del gobierno. Entonces, ¡Bienvenidos a los tiempos del enfrentamiento!

La estrategia de gobierno de @petrogustavo se parece, en este sentido, a la que practicó  Trump: No se trata de convencer a sus opositores, sino de movilizar a sus partidarios, generar confrontaciones y zozobra. Pero hay que  recordar que Trump no ganó la reelección. Y que Petro perdió la calle, el respaldo ciudadano y el 29 de octubre, seguramente, perderá las mayorías. 

El país está  sumido, no en la guerra de ideas, sino de narrativas, bodegas y de Twitter.  Un relato lo cuentan los campesinos y el Gobierno y otro, los ganaderos que también se movilizan con sus brigadas solidarias y así, se confrontan relatos, personas  y se fractura el campo. 

Los dos borradores de decretos impulsan la lógica del enfrentamiento y promueve bandos, por un lado unos y por el otro, los otros.  Eso  crea polarización, desconfianza y espanta la inversión.

El decreto de  extinción exprés reemplaza el sentido garantista del Estado porque muta un proceso judicial a uno administrativo y, transfiere, una discrecionalidad al funcionario de @AgenciaTierras para que la haga a través de una resolución; amenaza con extinción de dominio que no implica paga por la tierra  por  indebida explotación del predio cuando el Estado -vaya paradoja- no garantiza las condiciones para su explotación porque no ofrece los bienes públicos para hacerlo: ni seguridad, ni agua, ni  vías, ni  infraestructura productiva, etc. Además, revierte la carga de la prueba. Ahora es a cargo  del propietario y a la Agencia de Tierras le da la doble condición de juez y parte.

Por otro lado,  el decreto de movilización campesina, no ayuda al cacareado Acuerdo Nacional pero sí impulsa la confrontación y  fractura la sociedad del campo. 

Para qué un decreto de movilización que convoca únicamente a campesinos, cuando ¿no sería  mejor fortalecer la institucionalidad existente?, por ejemplo, a  los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario -CONSEA- que son departamentales y a los Consejos Municipales de Desarrollo municipal  CMDR que, esos sí, reúnen a todos los actores del sector. 

Por último, los decretos implican riesgos: 1. Que la movilización campesina sea infiltrada por grupos armados y la  economía ilegal 2. Que las brigadas solidarias ganaderas terminen en paramilitarismo. 3. Que las movilizaciones se financien con presupuesto público para fines proselitistas y 4. Que se contraiga el sector.

Este es otro hilo, el de Fedegan, que al igual de la coalición del Congreso de la República, puede terminar rompiendo el gobierno. Ojalá ello no pase.

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