El “legado” del uribismo tiene rostro y expediente: exdirectores del DAS condenados por poner el aparato estatal al servicio de la persecución, ministros y altos funcionarios sentenciados por comprar votos para una reelección, asesores y jefes de seguridad con cuentas pendientes por colaborar con estructuras criminales. Ese es el balance que la historia —y los jueces— no han podido maquillar.
Empecemos por el DAS, ese organismo adscrito a la Presidencia que, bajo el uribismo, dejó de ser inteligencia del Estado para convertirse —como lo documentaron los fallos— en una máquina de espionaje y hostigamiento contra periodistas, magistrados y opositores. Jorge Noguera, exdirector del DAS, fue condenado a 25 años por haber puesto la entidad al servicio del paramilitarismo y por entregar información que derivó, entre otros crímenes, en el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis. María del Pilar Hurtado, también exdirectora del DAS, recibió 14 años de prisión por las “chuzadas” a cortes, políticos y defensores de derechos humanos; y Bernardo Moreno, entonces director del DAPRE, fue igualmente condenado por su participación en esa operación ilegal. Este año, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó las condenas de Hurtado y Moreno. Que nadie lo olvide: no fueron excesos aislados, fue una práctica desde el corazón del poder.
La cadena de responsabilidades siguió aflorando. Hace apenas días, la justicia condenó a Giancarlo Auqué de Silvestri, exdirector de Inteligencia del DAS, por la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque, quien investigaba el asesinato de Jaime Garzón. No es un caso suelto: se trata del noveno condenado en ese expediente, evidencia de un patrón sostenido de persecución estatal a la prensa. Que este fallo llegue dos décadas después de los hechos dice mucho de la tenacidad de las víctimas y también de la resistencia que opusieron quienes creyeron que la inteligencia oficial podía usarse como garrote político.
Y las responsabilidades no terminan ahí. La Fiscalía acaba de acusar ante la Corte Suprema a Andrés Peñate, exdirector del DAS, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a seguimientos e interceptaciones ilegales y por entregar reportes a la Casa de Nariño. Es decir: todavía seguimos desanudando un entramado de poder que convirtió al Estado en aparato de espionaje doméstico. No lo digo yo; lo dice la acusación de la Fiscalía y lo reseñan medios de amplia circulación.
En materia de seguridad, el “legado” también se mide por los aliados que se eligen. El general (r) Mauricio Santoyo, jefe de seguridad de Uribe, se declaró culpable en Estados Unidos por apoyar a grupos paramilitares y terminó condenado a 13 años de prisión. Esa sentencia cruzó fronteras, pero su mensaje es local: quienes debían proteger a la ciudadanía terminaron favoreciendo a los violentos. El costo institucional de esa traición sigue siendo enorme.
En el frente político, la reelección de 2006 se sustentó en sobornos a congresistas. La Yidispolítica no es una etiqueta mediática: es una verdad judicial. La Corte Suprema condenó a Sabas Pretelt de la Vega (entonces ministro del Interior), a Diego Palacio (ministro de Protección Social) y a Alberto Velásquez Echeverri (director del DAPRE) por cohecho, y en 2024 dejó en firme esas penas bajo el principio de doble conformidad. Ese mismo talante se refleja en otra decisión reciente: Edmundo del Castillo (exsecretario jurídico) y César Mauricio Velásquez (exjefe de prensa) fueron condenados por participar en el plan de “chuzadas” contra magistrados de la Corte Suprema. La tesis de que todo fue “una persecución” se desmorona frente a sentencias consistentes, tomadas por órganos distintos y en momentos distintos.
A este prontuario se suma el caso emblemático de corrupción en política pública: Agro Ingreso Seguro. Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura del uribismo y carta presidencial de ese sector, fue condenado por la Corte Suprema a 17 años y 5 meses de prisión por dirigir recursos a terceros mediante convenios irregulares. La decisión fue ampliamente documentada y ha sido reiterada en años recientes. No es una persecución; es el Estado de derecho consolidando su autoridad.
Algunos responderán con la conocida cantaleta del “sesgo” judicial. Pero los hechos son testarudos. Estamos hablando de fallos de la Corte Suprema, confirmaciones en segunda instancia, decisiones en cortes extranjeras y sentencias que llegan con años de distancia entre sí. No es un arrebato; es un patrón. Y ese patrón muestra que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el Estado toleró —y, según múltiples fallos, promovió— el uso ilegal de sus herramientas de seguridad y de su poder político para favorecer un proyecto personal. Ese es su legado real.
