Una vez más los bogotanos nos enteramos mediáticamente de situaciones contractuales de la administración distrital y sus contratistas. Esta errada estrategia gubernamental no cesa. El turno es para el contrato de concesión de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) a cargo del consorcio chino, concesionario Metro Línea 1.
Hace unos días se viene anunciando por la alcaldesa el incumplimiento del concesionario por la falta de entrega oportuna de los estudios y diseños de ingeniería de detalle. Vitales para empezar la verdadera construcción de la infraestructura sobre la que más adelante transitará el metro. Lo cierto es que el contratista incumplió el plazo contractualmente previsto para su entrega.
Después de las mediáticas amenazas al contratista incumplido, la alcaldesa confirma que éste efectivamente incumplió su obligación de entregar los estudios y diseños definitivos de la Línea 1 el 30 de marzo. Ahora, después del alboroto armado por la propia alcaldesa, anuncia que por recomendación de la interventoría se les dará plazo hasta el 5 de mayo para cumplir lo que hasta el día de hoy el concesionario ha incumplido.
La alcaldesa no expone la razón que justifica pasarle semejante incumplimiento al contratista. ¿Cuál es la razón por la cual la interventoría cede y bajo que argumentos de peso recomienda hacerse el de la vista gorda frente a un incumplimiento de una obligación tan importante y determinante para avanzar en la verdadera construcción de la infraestructura del tan anhelado metro?. No se vaya a culpar a Enrique Peñalosa por el ligero y flexible manejo del contrato que empieza a verse en la actual administración.
Enrique Peñalosa y su equipo cumplieron su palabra de poner en marcha la primera línea del metro. La contrataron como prometieron, atendiendo las recomendaciones técnicas, jurídicas y ambientales del momento. Hasta la banca multilateral que financia el proyecto dio su inequívoca no objeción. Las críticas que ha recibido esa contratación han sido notoriamente infundadas. Las ha motivado claramente un negativo revanchismo de algunos con el entonces alcalde y su equipo.
La imposición de una sanción de multa al concesionario que se advierte por parte de la alcaldesa si el 5 de mayo no se entregan los estudios y diseño de detalle, dejan más dudas que evidencia de una administración diligente. Lo cierto es que el contratista debió cumplir con esa entrega el 30 de marzo y no lo hizo. Ahora, después de las amenazas en medios, la actual administración termina con la simpleza de otorgarle una mayor plazo al contratista.
Indagando sobre las razones que justifican la extensión del plazo, no se encontró razón sólida alguna que justifiquen esa flexibilidad de la actual administración para con el consorcio chino. Durante esa indagación lo único que salió a flote fue un apellido: Agudelo, de alguien que supuestamente ha venido terciando gracias a que es cercano a la administración y también al contratista. Pueda ser que no corresponda a Ricardo Agudelo, quién gerenciara en su oportunidad Aguas de Bogotá en la época del “esquema transitorio de aseo de Petro” y más recientemente la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E). Al respecto, señalo que la información es muy vaga en precisar la identidad del sujeto que presuntamente aboga por el contratista. En cualquier caso, la alcaldesa debe poner su mayor atención. No vaya ser que le estalle otro escándalo de corrupción como el que estalló en la Uaesp, que ha salpicado al jefe de gabinete, Antonio Sanguino.
La construcción del metro no admite la menor ligereza. La administración y dirección de ese contrato es únicamente responsabilidad de la administración de Claudia López, quién con el otorgamiento de nuevo plazo a los incumplimientos del contratista empieza a ser muy complaciente y laxa. Todo esto sumará en mayores tiempos para la entrada en operación de la PLMB.
