Cualquier colombiano sabe que en nuestros campos existen mujeres, que son ellas la columna vertebral de nuestras comunidades rurales, que una gran mayoría son cabeza de familia y que afrontan numerosos obstáculos que les impide desarrollarse. El cuestionamiento radica entonces en ¿por qué no se ha podido avanzar en acabar con su aislamiento y desprotección?
Aunque es obvio que la pregunta no puede limitarse a una sola respuesta, creo que existe un factor común que hace que las mujeres rurales de Colombia sigan padeciendo las mismas dificultades que históricamente las han afectado y se refiere a la informalidad que caracteriza sus labores.
Según el estudio “Situación de las Mujeres Rurales en Colombia 2010 – 2018”, realizado por la FAO y el Ministerio de Agricultura, publicado en 2020 y el cual sigue siendo uno de los más importantes documentos de consulta al respecto, en los campos del país hay más de 5 millones 760 mil mujeres rurales que representan el 47,2% de su población.
El mismo estudio asegura que las condiciones sociales y económicas de las mujeres rurales han sido invisibilizadas históricamente, en gran parte, por la falta de datos estadísticos confiables, la poca disponibilidad de información sobre sus comunidades a nivel territorial y la informalidad del empleo en estas zonas, que se calcula en 20%. También indica que el 40,7% trabajan en actividades agropecuarias mientras que el 56,6% se dedican principalmente a servicios financieros y sociales o a la industria manufacturera.
Pero ¿cómo se define a la mujer rural? De acuerdo con el ICA es toda aquella que, “sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada”.
Así las cosas, no hay que ser un experto para darse cuenta de que es muy difícil desarrollar programas económicos, de formación y cambio comportamental que permitan alcanzar la equidad de género y romper de una vez por todas con el estigma que ella supone, especialmente en nuestros campos, sino conocemos dónde trabajan, cuánto devengan y que necesidades tienen esas mujeres y sus familias.
En el anterior sentido, es cierto que nuestras autoridades tienen un inmenso reto que superar y muchas obligaciones por cumplir en el corto y largo plazo, pero también lo es el que los gremios y las empresas del sector agropecuario deben cumplir un papel más que fundamental.
Hoy, cuando en el mundo se reconoce la importancia de las actividades agrícolas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es imperante que en Colombia avancemos hacia la equidad de género en la ruralidad, contribuyendo a fomentar la autonomía económica de sus mujeres para generar un impacto positivo en su calidad de vida y la de sus familias.
Lo que no se conoce no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede cambiar. Esta es una máxima con la que debe trabajar cualquier empresa agrícola seria y responsable que desarrolle actividades en nuestros campos. Porque para conocer, medir y cambiar las condiciones de las mujeres que trabajan en las zonas rurales, se puede realizar un gran aporte: brindar trabajo formal.
El trabajo formal, además de representar un ingreso digno y protección social para el trabajador y su familia, permite reunir indicadores fehacientes como: edad, nivel académico, distribución poblacional, etnia y composición del hogar, entre otros, lo que sin lugar a duda constituye información estadística veraz y confiable para desarrollar acciones que mejoren la existencia de las mujeres en nuestros campos.
Los gremios aquí juegan un papel muy importante. Por su intermedio se puede concientizar a las empresas afiliadas, y pequeños productores con los que se relacionan, de la importancia del trabajo formal para la mujer rural y, por ende, para el desarrollo de nuestro país.
Aunque no es fácil, y las condiciones cíclicas propias de las actividades agrícolas son un obstáculo, gremios como el floricultor lo han logrado y son un ejemplo para que aquellos que no lo han hecho busquen la forma de comprometerse en alcanzarlo. Las flores de Colombia generan anualmente 200 mil empleos formales, directos e indirectos, en el país. El 60% de los directos lo ocupan mujeres, en su mayoría cabezas de familia.
El sector floricultor aporta el 25% del empleo formal rural femenino del país y, gracias a la institucionalización gremial de diferentes líneas de acción, anualmente se benefician en las zonas rurales 7 mil mujeres en formación y capacitación técnica, 1.500 cuentan con apoyo en la gestión de vivienda nueva, remodelación de una ya existente o construcción en sitio propio, 1.400 participan en actividades lúdicas y de recreación y 5.500 asisten a programas de promoción laboral y deportiva.
Me uno a la celebración del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural haciendo un llamado al empresariado, para pedir que se impulse el trabajo formal de las mujeres en nuestros campos, directo e indirecto, como una de las mejores formas de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Tenemos que unirnos para entre todos, gobierno, sector privado y sociedad en general responder asertivamente al reto que su bienestar supone.
