Un país con más igualdad de oportunidades para todos y sin impunidad es imposible si no existe una empresa privada vigorosa, generadora de riqueza y bienestar que es apoyada por la intervención justa y necesaria del Estado que facilita el nacimiento y la consolidación de los emprendimientos colombianos. Esta visión supone la libertad responsable y solidaria de empresarios y trabajadores -una relación fraterna entre ellos- y la determinación para enfrentar dificultades, como el dramático impacto social y económico mundial de la pandemia por las medidas de confinamiento obligadas para contener al virus, que en Colombia representó una caída del 6,8% del producto interno bruto en 2020, un aumento de la pobreza de 35,7% en 2019, a 42,5% al finalizar 2020: pasamos de 17.5 a 21.02 millones de personas pobres.
Esta tragedia no fue mayor gracias a los programas sociales del Estado, que impidieron un aumento de la pobreza en un 3,6% adicional (hasta julio de 2021, el subsidio a la nómina había protegido a 4.1 millones de empleos y a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA se habían destinado 18.3 billones de pesos para nueve millones de hogares vulnerables). La pobreza se está derrotando con la apertura oportuna de la economía acompañada de los progresos en la vacunación contra la COVID-19, decisiones que han permitido, a pesar del paro, la reactivación evidente de la vida productiva que se ha traducido en el crecimiento del PIB en 17,6% durante el segundo trimestre de este año y el descenso del desempleo, que se calculaba en 2.3 millones menos de desempleados comparando los datos de junio de 2020 y 2021.
Para emprender, se requieren más cosas.
Como los minerales e hidrocarburos son muy importantes para la economía nacional, la nueva Ley de Regalías, producto de la labor conjunta del ejecutivo y el Congreso de la República, facilitará la inversión y dará más autonomía a las regiones que asumen los costos de su exploración y explotación elevando sus regalías directas del 11 al 25% sin alterar las asignaciones para otras entidades territoriales. Consciente también de que el uso intensivo de energía para hacernos más competitivos no implica ignorar las exigencias del cambio climático, la transición energética es una realidad: desde agosto de 2018 se han multiplicado por nueve los proyectos de energía solar y eólica, es decir, pasamos de 30 a 206 megavatios que son generados en granjas en Bolívar, Cauca, Córdoba, Meta, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Y como la energía no puede faltar para aumentar la productividad y mejorar las condiciones de los trabajadores, los dolores de cabeza del Caribe colombiano con Electricaribe ya empezaron a solucionarse con los nuevos operadores del servicio: Afinia, filial de EPM, y Air-E.
El emprendimiento se ha reforzado por los aumentos a la remuneración de los trabajadores que ganan un salario mínimo. Desde 1985, los incrementos reales más altos han ocurrido en el período 2019-2021, dos puntos por encima de la inflación en años consecutivos que representan un crecimiento del 7% en el poder adquisitivo. A esto se suman estrategias como “Sacúdete, camello sí hay”, que persigue generar 600 mil empleos para jóvenes entre 18 y 28 años con la financiación del 25% del salario mínimo legal mensual vigente por cada nuevo empleo durante 12 meses; un empujón al empleador que no es para despedir de los trabajadores mayores sino para crear nuevos puestos de trabajo.
Para emprender como nación, hace falta escuchar, y el Jefe de Estado ha sabido escuchar los reclamos legítimos y pacíficos de la ciudadanía. Atendiendo las observaciones de sectores de todo el espectro político, el Gobierno retiró su propuesta de reforma tributaria inicial y, tras un diálogo nacional razonable e incluyente, construyó el proyecto de Ley de Inversión Social, cuyos legados serán más equidad y menos pobreza. Esto se logrará manteniendo el descuento del ICA en 50% para mantener competitividad tributaria y fiscal, llevando la tasa efectiva de renta al 35% y con una sobretasa al sector financiero, entre otras acciones que deben servir para recaudar 15 billones de pesos que se complementarán a un plan de austeridad para cerrar brechas.
Para que nuestros emprendimientos tengan más probabilidades de ser exitosos, necesitamos infraestructura. En agosto de 2018, había 29 proyectos de cuarta generación; el Gobierno entregará 20 y dejará 15 proyectos contratados. El Túnel de La Línea, de 8,65 kilómetros que cruzan la cordillera central (el más largo de América Latina), ya se entregó, igual que los proyectos Cruz del Viso-Palmar de Varela-Puerta de Hierro y se anunciaron 50 mil millones de pesos adicionales para el puente de La Doctrina de dos carriles y la vía Moñitos-Lorica. Además, la nación se comprometió a aportar 16.5 billones de pesos para la primera línea del Metro de Bogotá y 4.3 billones para la construcción de sus troncales alimentadoras de las avenidas 68 y Ciudad de Cali, así como tres billones para financiar obras de transporte público masivo en Cali, Ibagué y Medellín. Y 3745 kilómetros de vías se han mejorado y rehabilitado, se han construido 267 puentes y viaductos y las vías terciarias tienen el presupuesto más grande en la historia del país (las inversiones ascienden a 4.25 billones que están llegando a 958 municipios de los 32 departamentos con 1259 proyectos que impactan 26 mil kilómetros).
Sin desconocer los retos, como la devaluación del peso, el encarecimiento de insumos agropecuarios, los estragos del invierno en muchas carreteras del país y las amenazas para la seguridad, hay motivos para el optimismo. Y por eso creemos que debe mantenerse el emprendimiento, que será jalonado por la ley del mismo nombre que establece un marco de regulación que lo propicia y facilita la consolidación y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas; que se ha traducido en las exportaciones agropecuarias más altas de nuestra historia (casi 8000 millones de dólares en 2020); que ha convertido al turismo -al que apoyamos con un proyecto de ley del cual fui coordinadora ponente- en un importante renglón de la economía nacional; y, que ha permitido exportar bienes no minero-energéticos por casi 7000 millones de dólares.
Encima. A la Comisión de la Verdad cada persona puede decirle la verdad.
