En los primeros tres años y medio de lucha por la consolidación de la paz, hemos podido ver que la construcción de este escenario no ha sido nada fácil para el gobierno nacional debido a la falta de estructuración política y aceptación social, pues, irresponsablemente la narrativa de la paz se construyó bajo un proceso de democratización legislativo y no societal.
Por lo que dicho proceso de democratización del acuerdo de paz empezaría su nefasto camino en el desconocimiento del plebiscito donde gano el no. Este hecho hizo que las acciones desesperadas del gobierno pasado hicieran que la paz se construyera no con la sociedad, sino con la rama del poder legislativo, lugar donde se implementó la estrategia de la lambonearia y el fast track. En definitiva, una institucionalidad parada sobre el vacío, pues para este momento, la legitimidad societal -quien se encarga de generar la sostenibilidad en el tiempo- había negado la refrendación de un acuerdo inestable.
Peor aún, la narrativa de la paz vista como un gran nicho de políticas públicas, donde uno pensaría que se recogen los intereses colectivos de la nación, tendría una división de intereses particulares. Hoy día hemos podido notar al detalle que, los intereses de ciertos particulares han sido los que se han podido beneficiar de esta estructura institucional de la paz. Ejemplo de ello ha sido: la burocracia institucional de ciertos personajes de la izquierda política y sus allegados.
La paz terminó siendo un proceso más político que de política pública en esencia. Su falta de credibilidad puso contra las cuerdas la legitimidad del acuerdo, y, sobre todo, la falta de confianza que se percibe en la aberrante Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. ¿Cómo se democratiza un proceso de paz sin una institucionalidad fuerte?
La JEP como resultado de una democratización legislativa, ha traído más retos que aciertos. Por nombrar tan solo unos: Falsas victimizaciones, reconocimiento de actos terroristas como actos de guerra, debilidad judicial ante el caso de Santrich, Ausencia de la verdad y Justicia restaurativa.
Lo que es más grave aún, el cambio conceptual del terrorismo, pues se paso de ser actos condenados a actos aceptados socialmente por esta Jurisdicción. Y lo que realmente se vuelve un completo absurdo es que, Colombia le demuestra al mundo a través de la JEP, que los grupos terroristas tienen una mayor cabida en el Derecho Internacional Humanitario que las Fuerzas Regulares. La JEP con sus declaraciones y sentencias generan un proceso de aceptación terrorista. ¿Es esté acaso el proceso de democratización de la paz? Acaso debemos aceptar que actos terroristas sean normalizados.
No se necesita de los extremos políticos para entender que, sin la confianza institucional, no se puede emprender una justicia restaurativa ni una búsqueda de la verdad, y mucho menos cuando la polarización societal está cada vez más marcada. Ya ni la paz nos está uniendo.
En general, la democratización de la paz ha sentado sus cimientos macroestrcutuales sobre pilares de impunidad, hecho que ha traído el descontento de la sociedad y la falta de credibilidad en el institucionalismo del Estado. Hemos perdido todos.
Para añadir, el único acierto que ha tenido la democratización ha sido la expansión investigativa de la Ciencia Política y sus múltiples disciplinas subsidiarias, donde se ha podido evidenciar la creación de un nuevo paradigma de participación política: los Partidos Políticos Armados (PPA).
Cada vez se viene engendrando una sociedad extensamente abierta a la democratización de los diferentes medios de financiación de las ideas políticas del país. Unos por dinero otros por amenazas. Al parecer y como evidencia de un contexto nacional conflictivo, las armas siguen siendo un factor determinante en la expansión de las ideas amenazadoras en las regiones del país.
