En Colombia, hablar de política social suele despertar dos reacciones extremas. Para algunos, las transferencias monetarias son asistencialismo puro. Para otros, son la solución a todos los problemas. Ambas posiciones simplifican un debate que debería ser mucho más serio. La evidencia muestra que las políticas de superación de pobreza, bien diseñadas y bien ejecutadas, son una de las inversiones públicas más costo-efectivas que puede hacer un Estado.
Los programas de transferencias monetarias —condicionadas y no condicionadas— cumplen una función central en cualquier estrategia moderna de desarrollo y superación de pobreza. No sustituyen el crecimiento económico ni el empleo formal, pero sí crean las condiciones mínimas para que millones de hogares puedan aprovecharlos. Reducen pobreza inmediata, protegen el consumo básico, y permiten invertir en capital humano.
La experiencia internacional es contundente. Programas como Bolsa Familia en Brasil, Prospera en México o Familias en Acción en Colombia lograron reducir pobreza, mejorar indicadores de nutrición, aumentar asistencia escolar y disminuir trabajo infantil. Atacan fallas de mercado reflejados en ingresos inestables, restricciones de liquidez y altos costos de invertir en educación y salud cuando se es pobre.
Las transferencias condicionadas cumplen un rol adicional. Al exigir corresponsabilidades en educación y salud, alinean incentivos de corto plazo con resultados de largo plazo. No se trata de castigar a los hogares, sino de acompañarlos para que los niños estudien más, se enfermen menos y acumulen capacidades que rompan la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Las transferencias no condicionadas, por su parte, cumplen una función distinta pero igualmente valiosa. En contextos de crisis, informalidad alta o choques macroeconómicos, son el instrumento más rápido y efectivo para proteger ingresos. La evidencia muestra que no generan desincentivos masivos al trabajo y sí reducen estrés, inseguridad alimentaria y decisiones de corto plazo que perpetúan la pobreza.
En Colombia, Ingreso Solidario nació precisamente de ese diagnóstico. Como Subdirector del DNP lideré su diseño en plena pandemia, cuando millones de hogares informales quedaron por fuera de los esquemas tradicionales. El objetivo era llegar rápido, con reglas simples, usando información administrativa y pagos digitales, sin intermediarios innecesarios. Fue un programa oportuno, focalizado y eficaz.
Ingreso Solidario ayudó a contener el aumento de la pobreza extrema, estabilizó el consumo de los hogares más vulnerables y demostró que el Estado colombiano puede innovar en política social cuando se basa en evidencia y capacidades técnicas. Además, dejó aprendizajes valiosos en interoperabilidad de datos, pagos digitales y focalización dinámica.
El verdadero debate no es si estos programas deben existir, sino cómo deben evolucionar. El reto es articular las transferencias con rutas de inclusión productiva, educación pertinente y empleo formal. La política social no puede quedarse en el ingreso, pero tampoco puede eliminarlo antes de que existan alternativas.
Superar la pobreza no es solo un imperativo moral. Es una estrategia económica inteligente. Un país con menos pobreza invierte más en educación, tiene mayor productividad futura, menos criminalidad y mayor cohesión social. Cada peso bien invertido en primera infancia, nutrición y educación temprana tiene retornos que superan con creces su costo fiscal.
Eso exige tres cosas. Primero, estabilidad y reglas claras. Los hogares no pueden vivir en permanente incertidumbre programática. Segundo, evaluación rigurosa. Lo que funciona se fortalece, lo que no, se corrige o se elimina. Tercero, coordinación institucional. La política social debe dialogar con educación, salud, empleo y desarrollo productivo. Por eso se creo la Mesa de Equidad que el gobierno Petro descontinuó y desaprovechó.
Mi compromiso con las políticas de superación de pobreza no es retórico. Es técnico, probado y basado en resultados. Colombia necesita más decisiones informadas. Menos promesas grandilocuentes y más políticas que, silenciosamente, cambian trayectorias de vida.
Invertir en superar la pobreza no divide al país. Lo fortalece. Y bien hecha, es una de las políticas públicas más transformadoras que tenemos.
