Esta reflexión es el resultado de un largo y laborioso proceso empezado hacia finales del siglo pasado. Durante estas tres décadas, la democratización en América Latina y el Caribe (ALC) ha generado nuevos espacios para repensar los modelos de seguridad, y con ello, la reforma o modernización de los cuerpos policiales. Los retos que plantea hoy la seguridad ciudadana exigen líderes políticos profesionales con una visión renovada del servicio público. La complejidad de los problemas afecta directamente el campo de la seguridad y la policía y pone sobre la mesa el reto de ver con mayor claridad las reformas al sector seguridad. Estas no son solo cuestiones meramente políticas, legales, teóricas o técnicas, sino que deben, además, tener consecuencias concretas y directas en la gobernanza de la seguridad y en la actividad policial cotidiana. Sin lugar a dudas, exigen decisiones políticas e institucionales firmes y duras: “hard choices”.
Eso lo he podido ver al momento de conversar con algunos presidentes, ministros, alcaldes, líderes comunitarios de ALC, y en especial, con policías que se dedican a las labores más exigentes y demandantes como la prevención o la vigilancia policial, la investigación y el control del tráfico vehicular. Sus rostros transmiten la dureza del trabajo policial en las calles y sus ojos reflejan muchos de los problemas y complejidades que entraña hoy la gestión pública de la seguridad ciudadana y el ejercicio de la profesión policial. A decir verdad, muchos de los policías y ciudadanos no saben o no logran conectar algunos cambios o intentos de reforma que se han iniciado en algunos países.
República Dominicana[1], Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras y Chile han iniciado en el pasado reciente procesos de reforma, modernización policial o reestructuración de los sistemas educativos. Sin embargo, las experiencias que empiezan a mostrar resultados exitosos son aquellas en las que la voluntad política y el liderazgo de la alta dirección policial han concebido y facilitado procesos de cambio profundos y de largo plazo, integrales y centrados en dignificar la profesión y la labor policial. Las iniciativas más importantes y estimulantes estarían generando una alta reflexión política y técnica sobre una nueva concepción de la seguridad ciudadana y de la Policía.
Los avances más representativos que puedo observar en la región han exigido mejoras sustantivas transitorias en el corto plazo, como aumento de salarios, nuevos beneficios e incentivos para la retención de las nuevas generaciones de policías, capacitación complementaria y modernización de infraestructuras y tecnología. Sin embargo, pocos gobiernos han concentrado sus esfuerzos en el largo plazo, en decisiones difíciles pero estructurales. Los cambios más significativos están orientados al diseño de arreglos institucionales, principalmente, modelos de gestión policial con enfoque de servicio público, modelos de formación inicial y capacitación fundamentados en altos estándares profesionales, renovación de la doctrina policial y nuevas leyes de carrera y disciplina policial acordes con las actuales exigencias y necesidades ciudadanas. Sin embargo, garantizar que la actuación de la Policía sea profesional, oportuna, eficiente y con el apoyo interinstitucional necesario no es fácil, va más allá y requiere reformas integrales en diferentes sectores del Estado.
Las mejores políticas y los mejores diseños institucionales en materia de reforma o modernización policial y que dan tanto legitimidad como confianza provienen de diagnósticos rigurosos, al igual que de un amplio y constante diálogo con las comunidades, la Policía, la justicia, los actores no gubernamentales, la academia y la sociedad civil. En todo caso, no es suficiente una vocación reformadora y mediática, sino que, además, se requiere de una voluntad política sostenida y una firme convicción orientada a mejorar la calidad de vida de las personas, apoyada en un alto liderazgo de las directivas policiales y en la puesta en marcha de estructuras de gobernanza como “comisiones técnicas, consultivas o mesas asesoras”, conformadas por expertos en diferentes campos que garanticen una interlocución estratégica y técnica de primer nivel para la materialización de los cambios y su evaluación y ajuste constante.
El carácter profesional de los cuerpos policiales sigue siendo absolutamente necesario en las sociedades complejas actuales, ya que de otra manera no podrán hacer frente a los retos que demandan la delincuencia, la criminalidad organizada y los problemas de convivencia ciudadana. Los fenómenos que nos afectan en la rabiosa actualidad del día a día alcanzan nuevas dimensiones y requieren de un desempeño profesional y un tratamiento especializado y diferente al que se había dado hasta ahora. En resumen, “hard choices” con vocación transgeneracional.
[1] Un agradecimiento especial al presidente Luis Abinader, a Mu-Kien Sang y demás integrantes de la Comisión Técnica para la Reestructuración Educativa de la Policía Nacional Dominicana, por permitirme contribuir al actual proceso de reforma policial y cuyas reflexiones fueron importantes en la construcción de esta columna.
