La policía ha sido una institución fundamental para la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Miles de héroes anónimos han contribuido para salvaguardar la vida y la seguridad. Todo es susceptible de mejorar para adaptarse mejor: Procedimientos más precisos, formación para situaciones de estrés, entrenamiento para nuevos tipos de criminalidad y empatía con las nuevas generaciones. La reforma policial que ya cursa en el congreso es un avance en el propósito fundamental para restablecer la confianza entre ciudadanía y policía.
Existe déficit de policías en el país. Para el año 2015 eran 185 mil policías, hoy tenemos 168 mil. Esto sumado a los más de 30 mil policías que podrán pedir su retiro con la sentencia del Consejo de Estado. Cerca de 28 mil policías son asignados a los más de 4 mil cuadrantes nacionales, pero solo tenemos 9 mil por turno. Para agosto de este año, la policía recibió más de 472 mil llamadas donde se dio respuesta a un 68%; 151 mil llamadas quedaron sin respuesta.
La falta de policías genera una percepción de inseguridad en la población y demasiada presión sobre los uniformados. En los paros de 2019 y 2021, los uniformados se vieron avasallados por el nivel de violencia.
Los costos de la institución son muy altos, y los recortes han ido en desmedro de la verdadera profesionalización de la policía. La reforma prevé crear una dirección de Educación y un Consejo Superior de Educación Policial. Así podremos evitar los exabruptos bochornosos como la semana de la internacionalización que vimos en Tulúa. Los policías deben ser educados con todos los estándares, mantener un entrenamiento continuo. La evaluación de los ascensos estará enfocada en experiencia, profesionalización y buen comportamiento.
El estatuto disciplinario policial también será modificado. Este tendrá un sistema de garantías para los ciudadanos cuándo presenten una queja, los jueces disciplinarios no van a ser los mismos investigadores, existirá una priorización en investigaciones relacionadas con violaciones del DD.HH. y se creará la dirección de DD.HH y DIH.
La favorabilidad de la policía fue del 70% entre el año 2000 y 2010. Todos reconocíamos su esfuerzo y su sacrificio. Desde el año 2003 han asesinado 1.906 policías y han herido a otros 18.700. Sin embargo, desde los inicios del acuerdo de la Habana esta favorabilidad ha caído hasta un 35%.
Lo atribuyo a la terrible campaña de desprestigio que inició la izquierda contra la fuerza pública, que tiene que ver con la búsqueda por cambiar la historia de Colombia.
He propuesto que el policía tenga mayor cercanía con la ciudadanía. El sheriff en Estados Unidos ha funcionado muy bien. Un policía que la comunidad conoce, pues hace parte de ella. Esto genera confianza. Debemos crear programas de trabajo comunitario donde la policía y la ciudadanía se conozcan, creen lazos y puedan trabajar juntos. Solo esta confianza permite derrotar el crimen.
Hay otros aspectos pendientes como la eliminación de la policía de tránsito, la agravación punitiva para los delincuentes reincidentes y un sistema judicial eficiente. La justicia no puede liberar el 80% de los capturados por la policía.
Nuestros héroes anónimos necesitan más formación, más cercanía a la ciudadanía y procedimientos claros. De que se recobre la confianza en esta institución depende la seguridad de todos. Las amenazas de Colombia siguen ahí y nos corresponde derrotar esa criminalidad para garantizar que el ciudadano pueda vivir sin miedo.
