Bogotá ha padecido amenazas y actos violentos de las FARC-EP y de los carteles de la droga. También, ha padecido los efectos de la corrupción. Aún de halla en la cárcel el ex alcalde Samuel Moreno y su hermano, el ex senador Iván Moreno. Los más recientes actos violentos que debió padecer, fueron por cuenta de los activistas de “La Primera Línea”.
Ahora, los bogotanos somos objeto de las amenazas de los taxistas, y, como si esto fuera poco, padecemos de la intromisión -indebida- de dos miembros del gabinete del actual gobierno: hace unos meses de la ministra de ambiente, Susana Muhamad, y ahora del ministro de transporte, Guillermo Reyes.
En octubre de 2022, en pleno trámite del proyecto de acuerdo mediante el cual se autorizaba al Distrito Capital ser parte de la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, la ministra Muhamad en una exótica, descortés e indebida intromisión, le pidió a la alcaldesa Claudia López retirar el proyecto. En hora buena, la alcaldesa rechazó con firmeza la intromisión y el Concejo de Bogotá aprobó el acuerdo de ingreso a la Región.
Hace pocas semanas uno de los voceros de los taxistas, Hugo Ospina, un taxista menor con aspiraciones políticas -hasta ahora fallidas- advirtió amenazantemente que si el gobierno nacional, representado por el ministro de transporte, no bloquea las plataformas de transporte, los taxistas obstruirán -otra vez- las vías de acceso y de salida del aeropuerto El Dorado. La amenaza está vigente. Inverosímil! El ministro Reyes, no obstante ser objeto de esta amenaza, paradójicamente, termina actuando similar al vocero taxista.
Frente a la responsable, soportada y firme postura de la alcaldesa López de abstenerse de modificar el objeto del contrato de concesión -en ejecución- de la Primera Línea del Metro (PLM), en una inexcusable e inadmisible intromisión en los asuntos del Distrito, Reyes termina expresando mediáticamente que si el Distrito no accede a los deseos presidenciales, el gobierno nacional revaluará la cofinanciación de otros grandes e importantes proyectos para los bogotanos y para los cundinamarqueses. No puede pasarse por alto que hace parte de la amenaza de ministerial, el Regiotram del Norte.
La PLM no es un proyecto sino un contrato en ejecución. Un contrato distrital suscrito por el representante legal de la empresa pública Empresa Metro de Bogotá, razón por la cual quienes responden por su debida o indebida ejecución son los servidores públicos distritales y no los nacionales. También son parte de este contratos quienes otorgaron los créditos que hicieron viable su contratación. La voz y decisión del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones, es imperativa. ¿Los han consultado?
El viaje anunciado por el Presidente Petro a China para tratar con su homólogo sobre la modificación del objeto del contrato de la PML, es tan exótico como inocuo. El mandatario de los colombianos carece de capacidad jurídica para entrometerse en contratos distritales en ejecución. Lejos está el Presidente, en el marco del Estado Social de Derecho -que rige aún a Colombia- de poder dar órdenes a los servidores públicos distritales. Ellas, únicamente competen a la alcaldesa distrital, quién fuera elegida popularmente para estos menesteres.
El ingeniero Leonidas Narváez, como gerente y representante legal de la Empresa Metro de Bogotá, es la única persona que, en el marco de la ley, puede decidir los eventuales ajustes al contrato, ya sea unilateralmente o por mutuo acuerdo con el consorcio chino contratista. La modificación del objeto del contrato, en el sentido que anhela el Presidente de la República, no es viable.
La alcaldesa en esta oportunidad, también y hasta el día de hoy, ha sido firme en rechazar esa intromisión ministerial. No puede olvidarse que el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, prescribe la descentralización y ampara la autonomía de las entidades territoriales, como es el Distrito Capital de Bogotá.
