Injusticia transicional

Publicado por: maria.vargas el Dom, 21/02/2021 - 10:57
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Por: Ruby Chagüi.
Ruby Chagüi

Este 18 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)  –obra del pacto Santos-FARC, cuyos magistrados fueron elegidos con el concurso de integrantes del grupo narcoterrorista–, informó a la opinión pública su “estrategia de priorización dentro del caso 03, conocido como el de falsos positivos”. Según su comunicado, “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”. 

Buscar la verdad, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas de los “falsos positivos” son imperativos morales y obligaciones jurídicas. La tarea no debe emprenderse con sesgos mezquinos, sino con sentido patriótico y responsabilidad, lo cual comprende respetar las garantías judiciales y el buen nombre, la honra y la reputación de las personas, derechos humanos universalmente reconocidos. Esto exige sumo cuidado al difundir cifras, nombres, afirmaciones genéricas: la información que se le entrega a la opinión pública debe ser objetiva, oportuna, verificable y, muy importante, provenir de fuentes confiables; esto es, de autoridades públicas que representan a los colombianos. 

Lamentablemente, nada de esto importó en el llamado “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, firmado primero el 24 de agosto de 2016 en La Habana y luego, tras incorporar cambios artificiales para supuestamente reflejar las preocupaciones de la mayoría de colombianos que rechazamos la impunidad en un plebiscito, el 24 de noviembre del mismo año en el Teatro Colón de Bogotá. Rompiendo con el Estado de Derecho y, desde luego, facilitando la legitimación de las conclusiones parcializadas de la JEP, el pacto Santos-FARC otorga, en el numeral 48 de su punto 5.1.2, igual valor a los informes del Estado que a los producidos por ONG.

Por eso duele, aunque no sorprende, que la JEP haya concluido que hubo 6.402 “falsos positivos” pese a que reconoce que “las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen”. Esto no es un hecho menor porque la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad con mandato real para entregar esa información, ha reportado 2.248 ejecuciones entre 1988 y 2014; la exageración mentirosa, como lo de Dabeiba y es usual, vino de varias ONG de izquierda y abiertas opositoras del expresidente Uribe.

El ruido causado por el comunicado de la JEP, agrandado por personas desinformadas o malintencionadas, incluso por políticos y activistas de profesión que posan de defensores de derechos humanos, está orientado a hacerle creer a los colombianos que el Ejército Nacional llevó a cabo una política de asesinato de civiles inocentes liderada por las altas esferas del ejecutivo. La verdad, sin embargo, es otra muy diferente.

La Fuerza Pública de Colombia nunca ha estado diseñada o entrenada para violar los derechos humanos sino para protegerlos y garantizar la vida democrática. Por esto, la ejecución, por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, de civiles o personas que participaron en hostilidades y quedaron fuera de combate, deshonra a una institución y conmueve a todo un país. 

El escándalo de los llamados “falsos positivos” fue conocido gracias a la determinación del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró una política de seguridad cuyas premisas eran, precisamente, el respeto de los derechos humanos y la preservación de los valores democráticos, y que privilegió las desmovilizaciones (53.000) y capturas (36.000) sobre las muertes en combate (13.900); confió a la Fiscalía la investigación de bajas desde 2006 y, al CTI, el levantamiento de cuerpos a partir de 2003. Su Gobierno nunca se planteó, una vez supo de supuestos “falsos positivos” ocurridos durante su administración, si debía actuar con transparencia u ocultamiento; su Gobierno no dudó porque él sabe que una sociedad democrática es, por definición, una sociedad abierta.

Efectivamente, los “falsos positivos” se conocieron gracias a una investigación interna del Ejército Nacional liderada por su entonces Inspector General, el General Carlos Arturo Suárez. El producto tangible más importante de esta indagación interna fue el Informe Suárez de 2008. Con base en ese reporte, el entonces presidente Uribe tomó la decisión de separar del servicio a 27 oficiales. 

Y entre el 8 y el 18 de junio de 2009, el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, gracias a la apertura al escrutinio y a la cooperación “plena y sostenida” del Gobierno Nacional, visitó Colombia para investigar sobre los “falsos positivos”. Su presencia le permitió verificar que “desde 2002 Colombia había logrado avances significativos” y que “el Gobierno había incrementado la seguridad en muchas partes del país y reducido el número total de homicidios”. 

Desde entonces, ciudadanos colombianos y del mundo, políticos de todas las tendencias, distintos medios de prensa, autoridades públicas, ONG nacionales e internacionales y organismos multilaterales –ellos la Corte Penal Internacional– han sido informados y han discutido con libertad al respecto. Naturalmente, esto ha incluído el debate amplio en foros políticos representativos, como el Congreso de la República, y la investigación y el juzgamiento independientes y autónomos por la Rama Judicial y los órganos de control. Colombia es, a pesar de innegables dificultades, una democracia respetable. 

La justicia, la verdad y las víctimas poco importan para la paz habanera y sus instituciones. Lo realmente relevante es mancillar a un gobierno que quedó registrado en la memoria de los colombianos como uno de los mejores en la historia nacional: los homicidios bajaron de 28 mil en 2002 a 15 mil en 2010, período en el que la pobreza disminuyó de 49,7% a 37,2%, los secuestros pasaron de 255 a 60, y el desempleo cayó de 16% a 11%, y justificar a una narcoguerrilla equiparándola a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional: aquélla, organización criminal; éstas, garantía de la vida en paz. 

Algunos creemos que representar a la justicia con una balanza y los ojos vendados no es un capricho de los dioses, sino una conclusión inspirada por la razón humana, y por eso pensamos que es posible y necesario hacer verdadera justicia. En lugar de especular sobre el número de “falsos positivos” y preparar el terreno para lanzar acusaciones  temerarias, es mejor trabajar para que, desde la evidencia y no desde el prejuicio y respetando las garantías procesales y los demás derechos humanos, se juzgue a los supuestos responsables de todos los “falsos positivos” y se impongan condenas efectivas a quienes ya han sido condenados por asesinatos, secuestros, violaciones, extorsiones y reclutamientos. No hay paz duradera sin verdadera justicia. 

Encima. Felicitaciones a Diana Trujillo, caleña cuyo talento y trabajo la llevaron a ser protagonista de misión de la NASA a Marte. Su historia prueba que el único límite de nuestras posibilidades es el tamaño de nuestros sueños, la única frontera es el universo.