La sentencia en segunda instancia contra Santiago Uribe Vélez no se queda en los muros del Tribunal Superior de Antioquia. El fallo que lo condena a más de 28 años de prisión por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, por su rol en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y el asesinato de Camilo Barrientos, atraviesa de lado a lado la biografía política de su hermano, el expresidente Álvaro Uribe.
El Tribunal fue categórico: Los 12 Apóstoles fueron un aparato organizado de poder que practicó la “limpieza social” en el norte de Antioquia, responsable de crímenes de lesa humanidad. Su centro de operaciones: la hacienda La Carolina, en Yarumal. La decisión describe cómo desde allí se coordinaban asesinatos selectivos, torturas e intimidaciones contra personas señaladas como “indeseables” o supuestos auxiliadores de la guerrilla, dentro de un patrón sistemático de exterminio.
No estamos ante hechos aislados ni ante un montaje reciente. La sentencia recoge y valida testimonios que el país conoce hace más de una década: el del excomandante de Policía de Yarumal Juan Carlos Meneses, que habló de la existencia de un grupo financiado por Santiago Uribe y que operaba desde La Carolina; el de integrantes del propio grupo, que describieron el funcionamiento de la “lista negra” de personas a asesinar; las denuncias sobre torturas y homicidios cometidos dentro de la finca.
¿Y dónde entra Álvaro Uribe en todo esto? En el lugar donde siempre ha estado: en el contexto de poder que hizo posible que un grupo de limpieza social creciera, se armara, actuara con apoyo de miembros de la Fuerza Pública y, aun así, permaneciera intocado. El fallo señala que las operaciones de Los 12 Apóstoles alcanzaron su punto más alto precisamente en los años en que Álvaro Uribe consolidaba su liderazgo regional y llegaba a la Gobernación de Antioquia. Y coincide con lo que han dicho durante años informes de organizaciones de derechos humanos, exparamilitares e investigaciones periodísticas: que en el norte de Antioquia se tejió un nudo entre élites económicas, estructuras armadas ilegales y sectores del Estado.
Hay que ser claros y responsables: Álvaro Uribe no ha sido condenado penalmente por la creación de grupos paramilitares y recientemente fue absuelto en segunda instancia en el proceso por soborno y fraude procesal. Pero una cosa es el resultado de expedientes específicos, y otra muy distinta es el juicio político e histórico sobre el proyecto de poder que representó. La condena a Santiago Uribe es una pieza clave que encaja en un rompecabezas donde, durante años, se han acumulado testimonios sobre la relación entre las haciendas de la familia Uribe y el crecimiento del paramilitarismo en Antioquia.
Porque La Carolina no es una finca cualquiera. Diversos reportes la han señalado como propiedad de la familia Uribe Vélez, ubicada en el corazón de la zona lechera del norte antioqueño, y hoy la sentencia la identifica como centro de operaciones de Los 12 Apóstoles bajo la jefatura de Santiago Uribe. La pregunta que se abre es tan simple como demoledora: ¿Cómo puede ser posible que, en una propiedad de la familia del entonces líder político regional —y luego gobernador y presidente de la República— funcionara durante años un grupo paramilitar de limpieza social, comandado por su propio hermano, sin que él hubiera sabido nada?
Este no es el único predio ligado al apellido Uribe que aparece asociado a historias de violencia paramilitar. En el Magdalena Medio antioqueño, la Hacienda La Mundial, adquirida por Álvaro Uribe en los años setenta, fue escenario del asesinato de trabajadores y dirigentes sindicales a manos de paramilitares en 1997. Ninguna de esas muertes ha sido suficiente para que se esclarezca de fondo qué sabían los dueños de la finca y qué tipo de relación hubo entre la propiedad, el sindicato y los grupos armados.
A esa lista se suma la hacienda Guacharacas, también asociada históricamente a la familia Uribe. Exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra han declarado ante la justicia que, tras el ataque de la guerrilla a ese predio, se impulsó la creación del Bloque Metro de las AUC y que la hacienda se convirtió en base de operaciones de esa estructura paramilitar.
La condena contra Santiago Uribe por Los 12 Apóstoles también se cruza con otra decisión reciente: la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín que condenó al exsubdirector del DAS José Miguel Narváez y, en el mismo fallo, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago como presuntos determinadores de los homicidios del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y del exalcalde Jorge Eduardo Umaña Mendoza. Dos líderes incómodos, asesinados en 1998, que habían denunciado precisamente el entramado entre paramilitares, élites regionales y poder político en Antioquia.
Si juntamos las piezas, el cuadro es perturbador: un hermano condenado por conformar y dirigir un grupo paramilitar de limpieza social desde una finca familiar; haciendas como La Mundial y Guacharacas rodeadas de historias de trabajadores asesinados, sindicalistas acribillados y bloques paramilitares que las usan como base; una sentencia reciente que pide investigar a los hermanos Uribe como presuntos determinadores del asesinato de un defensor de derechos humanos que denunció el paramilitarismo en Antioquia.
Frente a este cuadro, la pregunta ya no es solo si Álvaro Uribe será o no condenado en un proceso penal concreto. La cuestión de fondo es otra: ¿Cuántas veces puede repetirse la misma escena —paramilitares, fincas de la familia, trabajadores y líderes sociales asesinados, denuncias de alianzas con fuerzas del Estado— antes de que el país admita que no estamos frente a coincidencias, sino frente a un proyecto de poder que se alimentó de la guerra sucia?
La sentencia contra Santiago Uribe no cierra todas las heridas ni responde a todas las dudas. Pero sí marca un punto de inflexión: por primera vez, un tribunal colombiano dice con todas las letras que desde una finca de los Uribe Vélez operó un grupo paramilitar de limpieza social, que su hermano lo comandó y que crímenes como el de Camilo Barrientos hicieron parte de un plan de exterminio
